YPF presentó la semana pasada ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables un pedido de prórroga de la habilitación especial que obtuvo hace algunos años para operar el puerto regasificador de Escobar. Es un requerimiento estándar que se presenta cada cuatro meses, cuando expira el waiver original expedido en 2014. Sin embargo, en este caso, la presentación se da en un contexto diferente.

La terminal de Escobar está clausurada desde el 17 de octubre de 2020 por decisión del Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una demanda firmada por una vecina que afirmó que existe una “situación de peligro de muerte urbana masiva por estrago de incendio o explosión del Gas Natural Licuado (LNG)”.

“Es una denuncia bizarra que carece de fundamento alguno. Entre los antecedentes incluso cita un informe realizado en China en 2002 sobre el procesamiento de Gas Licuando de Petróleo (GLP). Está todo mezclado. La demanda confunde GLP con GNL, es todo muy extraño”, explicó una fuente privada que tuvo acceso al expediente.

La demora en resolver el litigio judicial empezó a generar preocupación en despachos oficiales. La terminal regasificadora es una nodo estratégico para garantizar el abastecimiento de gas durante el invierno.

• La situación es concreta: si el gobierno no logra destrabar el conflicto para los meses de frío, deberá cortar el servicio a industrias, comercial y GNC para asegurar el suministro de gas a los hogares.

¿Quién está a cargo del proceso?

Las empresas productoras, transportistas y distribuidoras descontaban que, a esta altura, el tema estaría resuelto. Es que ayer se cumplieron tres meses desde la clausura preventiva ordenada por los jueces Raúl Alejandro Roust y Adrián González Charvay, sin perspectivas de que la medida se vaya a levantar en los próximos días.

Hasta ahora la estrategia judicial corrió por cuenta del área de Legales de YPF, que encabeza Germán Fernández Lahore. La petrolera bajo control estatal es la operadora de la terminal de regasificación de LNG. En términos accionarios, está asociada en partes iguales con IEASA (ex Enarsa), pero la línea judicial corre por cuenta de los abogados de YPF.

“Seguimos de cerca  el desarrollo del tema, pero confiamos plenamente en los equipos técnicos de YPF. Además, desde lo técnico, estamos convencidos de la solidez del contenido de los informes presentados”, indicaron a EconoJournal allegados a IEASA.

La petrolera que lidera el CEO Sergio Affronti presentó a la Justicia al menos dos informes técnicos que respaldan la correcta operación de la terminal y dan cuenta de la importancia de la planta para asegurar el abastecimiento de energía de país. Uno lo elaboró la Universidad de Rosario. El otro, una consultora internacional. Desde YPF evitaron realizar comentarios sobre el tema.

Refuerzo político

Pero ante la negativa de los jueces a levantar la clausura, desde el gobierno reforzarán la posición de YPF con informes de distintas dependencias del Estado. La Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, consolidará reportes técnicos elaborados por IEASA, el Enargas (con datos oportados por las dos transportistas de gas, TGN y TGS) y Cammesa para que el juzgado de Campana revea su fallo.

“Le vamos a presentar un informe a la Secretaría de Energía, quién entiendo compilará todos los informes para remitirlos a la Justicia”, indicaron fuentes cercanas a IEASA. En la misma línea se pronunciaron fuentes de otras dependencias estatales. Se trata, en definitiva, de empezar a ejercer algún tipo de presión política para resolver el problema.

«Si la política se ocupa del tema, debería resolverlo rápidamente. Por la importancia que tiene esa terminal, es inentendible que la terminal siga clausurada«, analizó un empresario del sector.

Licitación pendiente

IEASA tiene que licitar en febrero la primera tanda de cargamentos de LNG para reforzar la oferta de gas para el invierno. Es complejo, incluso legalmente, realizar ese concurso internacional sin visibilidad acerca de lo que sucederá con la terminal de Escobar. Más cuando aún no está definido si se recontratará el barco regasificador de Bahía Blanca. Desde lo técnico existe en el gobierno un consenso generalizado sobre la necesidad de re-instalar ese barco.

Es una decisión técnica que ni siquiera debería politizarse, pero el macrismo construyó esa narrativa cuando el ex presidente Mauricio Macri realizó un acto oficial para despedir el barco de Excelerate y la semana pasada el ex secretario de Energía Javier Iguacel volvió a insistir sobre ese relato al criticar el eventual regreso del buque.

Es un golpe innecesario porque tanto Iguacel, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, como la mayoría de los técnicos que trabajan en el sector saben que:

a) las inversiones en gas empezaron a paralizarse a fines de 2018 tras las violentas devaluaciones que se registraron en los últimos dos años de la gestión de Cambiemos;

b) se frenaron completamente en 2019 por el congelamiento de tarifas (de principios de ese año),

c) en el ánimo inversor incidió el default con los acreedores privados y el FMI y el cambio de gobierno,

d) el advenimiento de la pandemia complicó más el panorama, porque sumió al país en crisis economómica gigante (con una caída del PBI de más de 12 puntos en 2020);

e) la falta de claridad de las políticas sectoriales de la administración de Alberto Fernández, que extendió el congelamiento y aún no logró generar con la industria una mesa de trabajo productiva, acentúa el problema a futuro.  

Frente a ese mar de fondo, de complejísima resolución, poner el foco en el regreso o no de un barco regasificador es subestimar completamente el cuadro de situación.