La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ley para que la administración pública y los organismos descentralizados utilicen exclusivamente combustibles y lubricantes de la compañía YPF. La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque, Facundo Tignanelli, que pertenece a La Cámpora, agrupación que forma parte del Frente de Todos. El avance del proyecto sorprendió a los estacioneros, ya que a fines de octubre el gobernador Axel Kicillof había tomado distancia de la iniciativa y le había prometido a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) que no avalaba el proyecto. También genera preocupación en compañías refinadoras como Axion Energy, Raízen (Shell) y Trafigura (Puma).
Los estacioneros habían manifestado su rechazo a la iniciativa por el impacto que iba a provocar en las aquellas estaciones de servicio que comercializan otras marcas, justo en un momento en que las empresas del sector, en su inmensa mayoría pymes, vienen siendo jaqueadas por una fuerte caída de la demanda provocada por la pandemia. “El gobernador entendió la problemática del sector planteada por FECRA y solicitó la ayuda de la Federación para colaborar en un plan integral para poder reducir el gasto anual en la compra de combustibles por parte de la provincia”, aseguró FECRA en un comunicado distribuido luego de la reunión que mantuvieron el pasado 28 de octubre.
Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aseguraron en ese momento a EconoJournal que el objetivo oficial era coordinar una iniciativa destinada a evitar abusos en la compra de combustible por parte de organismos del Estado. Por ejemplo, buscan que los policías carguen combustible solo en los vehículos autorizados y no que un comisario cargue nafta en su auto particular y ese gasto termine siendo absorbido por el Estado Provincial. Con ese objetivo, estuvieron trabajando junto a YPF para poner en marcha “YPF en ruta”, una iniciativa consistente en instalar códigos QR en todos los vehículos autorizados para cargar combustible.
Lo que les pidió Kicillof a los estacioneros en aquella reunión es que elaboren una propuesta junto al resto de las refinadoras para avanzar en esa misma dirección. Sin embargo, La Cámpora siguió adelante con su proyecto y ahora logró media sanción, pese a las diferencias que expresó el gobernador. Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado y en la industria confían en que la cámara alta pueda ponerle freno.
El articulado del proyecto
En concreto, el texto señala en el artículo 1 que “la administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
En el artículo 2 añade que los contratos vigentes de provisión de combustibles con otras compañías que no sea YPF “deberán respetarse hasta la finalización del período originario del contrato. La administración no podrá hacer uso de la opción a prórroga que se hubiese previsto en los mismos”.
Los artículos 3 y 4 afirman que el pago del servicio de provisión a YPF se realizará mediante una tarjeta del Banco Provincia de Buenos Aires y, además, que el gobierno bonaerense será el encargado de fijar una autoridad de aplicación que “deberá confeccionar un convenio interadministrativo modelo, que deberá adecuarse a las necesidades de cada entidad contratante”.
Fundamentos
El proyecto se respalda en la Ley 26.741 de mayo de 2012 donde se declaró de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social”.
La iniciativa, ahora con media sanción, remarca que “esta Ley no sólo sirve al desarrollo en materia de energía, sino que también a la contratación entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos públicos”.
También subraya el antecedente del decreto 1189 de 2012 firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “donde se dispone que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deben contratar con YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves”.
Rechazo de estacioneros
La entidad FECRA rechazó mediante un comunicado la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense. «Nos sorprende que cuando nos reunimos junto con el secretario general del SOESGYPE, Carlos Acuña, con el gobernador Axel Kicillof a fin de octubre, nos dejó muy en claro que este proyecto de ley no contaba con su respaldo y de hecho, nos pidió que canalicemos las propuestas alternativas que el mercado tiene para ahorrar en la compra de combustibles a través de su subsecretario de Energía, Gastón Ghioni», señala el texto de la cámara, que también informó que presento propuestas alternativas como «Axion Card, Shell Flota, Ticket Car – Edenred, con ahorros concretos de hasta 40% en el gasto oficial en combustibles».
FECRA también advierte que el proyecto «perjudica directamente a todo el resto de operadores de estaciones de servicio que no son YPF y que son mayoría en la provincia. Según datos de la Secretaría de Energía, de las 1.700 estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, 1.230 son de marca Shell, Axion, DAPSA, PUMA, Gulf y estaciones sin bandera (las llamadas “blancas”), de mucha raigambre local. Estas últimas suman 464 en todo el territorio bonaerense. Se les priva, sin un argumento claro, de un gran cliente como es el estado bonaerense y sus organismos descentralizados».
