El gobierno volvió sobre sus pasos y finalmente decidió pagar la deuda acumulada con los productores de gas como resultado de las devaluaciones del peso registradas en 2018 y 2019. Según lo establecido por el Decreto 1053/2018, firmado por Mauricio Macri, ese rojo —que originalmente rondaba los 500 millones de dólares— se iba a pagar en 30 cuotas mensuales a partir de 2019. La administración de Cambiemos sólo pagó una de esos vencimientos. Y pateó las 29 cuotas restantes para adelante.

A principios de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo retomó las gestiones para cancelar ese pasivo, que en un 60% beneficia a empresas vinculadas con el Estado como YPF y IEASA (ex Enarsa). Pero a último momento, cuando la operación ya había sido aprobada incluso por el Palacio de Hacienda, el pago se frenó por la negativa de un sector del cristinismo, que impugnó pública y judicialmente la génesis de esa deuda.  

El que fue más allá fue Federico Bernal, interventor del Enargas, que denunció penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber impulsado la firma de contratos entre productoras y distribuidoras de gas que propiciaron que se acumule esa deuda cuando el tipo de cambio empezó a depreciarse con las corridas registradas entre abril de 2018 hasta diciembre de 2019. Es una deuda que se explica, en rigor, por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s) en favor de las petroleras, tal como prevé la Ley del Gas.

Marcha atrás

Tras la denuncia de Bernal en la Justicia, el bloque del Frente de Todos anuló el decreto firmado por Macri en una votación sobre tablas en la Cámara Alta el 23 de julio. La derogación nunca fue ratificada en la Cámara de Diputados. De hacerlo, el 1053 se habría convertido en el primer DNU cancelado por el Congreso desde la reforma constitucional de 1994.

Como eso no pasó, la medida quedó en un limbo. Y el gobierno quedó en una posición endeble. Para las petroleras, la deuda homologada por el Decreto 1053 es un derecho adquirido. Sin una definición hacia adelante, seguramente habría hecho valer esa posición de fortaleza en la Justicia para defender sus intereses.

¿Qué fue lo que finalmente se decidió?

El gobierno apeló a una contorsión legal para zanjar la cuestión. El artículo 91 del proyecto de Ley de Presupuesto 2021, que ya recibió dictamen en la Comisión de Presupuesto de Diputados, deja sin efecto el DNU 1053.

Pero acto seguido, el artículo 92 reconoce una partida de $ 29.514,29 millones “a los fines de cancelar las obligaciones pendientes con las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y los proveedores de gas natural que hayan adherido a lo dispuesto en el artículo 7º del decreto (Nº1053) indicado en el artículo anterior”.

La norma se refiere a las distribuidoras de gas, pero su rol es el de un intermediario con el verdadero acreedor de última instancia que con las petroleras, con YPF, PAE, Total, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa y CGC a la cabeza.

¿Cómo se instrumentará el pago?

Lo más factible, según confiaron a EconoJournal fuentes gubernamentales, es que el Tesoro emita un bono por el monto en cuestión que será entregado a las petroleras con la condición de que no vendan ese título por una determinada cantidad de mientras amortiza capital e intereses a su favor.

Fue el esquema que eligió la administración de Cambiemos para cancelar una deuda incluso más abultada (por unos US$ 1300 millones) con las petroleras por el Plan Gas I, que estuvo vigente entre 2013 y 2017.