En  el Ciclo de Entrevistas que viene llevando adelante EconoJournal le tocó el turno al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales. En una hora y media de charla, el funcionario analizó la situación de Vaca Muerta, evaluó la implementación del barril criollo, adelantó algunos detalles del Plan Gas 4 que lanzará el Gobierno para estimular la producción, explicó los motivos por los que se frenó el pago de una deuda que el Ejecutivo mantiene con YPF, trazó un duro diagnóstico acerca de la situación que atraviesa la petrolera bajo control estatal y reconoció errores de la anterior gestión kirchnerista en materia de congelamiento de tarifas.            

Vaca Muerta                                                

Desde que llegó a la Subsecretaría de Hidrocarburos, Carbajales señaló que se trazaron líneas de continuidad y de ruptura con respecto a la gestión anterior. Sobre las primeras señala el desarrollo de Vaca  Muerta. “Nuestra idea era hacer una desarrollo masivo. Eso era algo que de alguna manera se había mantenido con el anterior gobierno. Y ahora lo que nos interesaba a nosotros era profundizar ese desarrollo masivo para hacer de Argentina un  país exportador de petróleo y de gas, más en el mediano plazo. Pero esa idea se trastocó por la pandemia. Hubo que reformular las políticas y sobre todo las prioridades. En ese reformular políticas tuvimos que tratar de sostener lo que había para pasar la transición”, indicó el funcionario.

Barril criollo

Dentro de esas políticas que la pandemia obligó a poner en marcha, Carbajales destacó el decreto 488/20 que estableció, entre otras cosas, un precio sostén de 45 dólares para el barril de petróleo. A poco más de un mes de publicado ese decreto, Carbajales esbozó un balance de su aplicación.  “Las consecuencias que trajo la pandemia llevó al Estado a zanjar las diferencias que había entre todos los actores involucrados a través de un decreto. Ahí se estableció una serie de cuestiones: el precio, la imposibilidad de importar si es que hay capacidad interna, los compromisos que se les exige a las empresas de mantener los niveles de empleo y mantener los niveles de actividad, entre otras. Con respecto a la implementación, estamos viendo que hay ciertas dificultades para todos los actores que se pongan de acuerdo. Si hay desvíos, son las provincias las que están monitoreando la situación y hay sanciones previstas a partir de herramientas que tenemos a mano«, remarcó.

«En la práctica, estamos viendo cierta reactivación.  Vemos que se están levantando equipos de producción. Después está la vía exportadora. Desde Neuquén se está exportando por primera vez. El decreto fijó retenciones a la baja, ese era uno de sus objetivos. Es decir que el decreto es un cúmulo de herramientas que está ayudado a sostener y a paliar la difícil situación”, agregó el funcionario.

Plan Gas 4

Carbajales también adelantó algunos de los puntos en los que se viene trabajando con la industria para poner en marcha el Plan Gas 4. “Empezamos a dialogar con la industria para buscar un nuevo programa de estímulo. Los actores nos comentaron que había un ladrillo de demanda entre distribuidores y Cammesa que estaría bueno garantizar los 365 días al año. En función de eso elaboramos una propuesta. El objetivo es  viabilizar inversiones que desde junio pasado vienen cayendo. También tiene que apuntar a que baje el costo fiscal en importaciones, que mantenga la actividad y que dé certidumbre a largo plazo», aseguró.

Luego brindó algunos detalles sobre cómo será la iniciativa. «Pensamos un plan a 4 años, que tenga un bloque de 70 millones cúbicos día para distribuidoras y para Cammesa y que estimule la inversión a mediano plazo. En una actividad que geológicamente tiende al declino, hay que seguir invirtiendo para que mantener la misma producción. Es un programa donde las empresas se comprometen a mantener una curva de inversión por cuenca y por mes, de acá a cuatro años. Cada empresa hará su oferta y eso se distribuye proporcionalmente con toda la demanda. La base es que las empresas tengan la seguridad de que pueden colocar toda esa producción y que en períodos no invernales tengan la vía exportadora. Nos estamos apurando porque queremos el gas para el invierno que viene”, afirmó.

Tarifas

Con respecto a las tarifas, el funcionario reconoció que es indispensable a partir de 2021 iniciar un sendero de actualización de precios, aunque de manera gradual y eficiente. “Tenemos que aprender de los errores del pasado, en el sentido de que hay enseñanzas en todo el proceso. Los insumos tienen unos costos y esos costos tienen que ser transparentados de la mejor manera posible. Después se verá si pueden ser pagados por la demanda. Tenemos que aprender de la administración anterior de que no se pueden establecer aumentos que no sean graduales», sostuvo.

Carbajales reconoció la necesidad del congelamiento, pero trazó un horizonte que contempla el ajuste de tarifas. «Nos encontramos en diciembre con una crisis económica que obligó congelar las tarifas y que a partir de la pandemia se volvió a prorrogar.  Pero tenemos que tener nuevos cuadros tarifarios que reflejen los costos de producción. Las empresas deben tener unos ingresos razonables y las tarifas tienen que ser también justas. Esos niveles tarifarios se compatibilizan con esos costos a través de subsidios. Tenemos que ser inteligentes e innovadores para determinar qué sectores de la población los necesita y cuáles no. Mantener las tarifas congeladas in eternum es un boomerang, es un aprendizaje del pasado”, señaló.

La situación de YPF

El funcionario también se refirió al rol que debe jugar YPF dentro de una política energética. “Siempre divido lo que es la política pública y lo que es instrumento empresarial en manos del Estado. Las políticas públicas las diseñan las autoridades sectoriales, que cuentan con las empresas públicas y que son las herramientas con las que puede aplicar esas políticas públicas. El sentido de expropiar YPF tenía que ver con crear una contribución estratégica al desarrollo de la política energética. Esa es la función de YPF. Tiene su contraparte, que para mí es virtuosa, que es una empresa mixta que cotiza en Bolsa, altamente profesionalizada», describió.

Luego trazó un panorama crítico sobre el lugar que ocupó la compañía durante el gobierno de Mauricio Macri. «En la gestión anterior, durante los dos primeros años hubo un modelo, que podía gustar o no, pero que estaba claro. Pero en los  dos años siguientes, la macroeconomía condicionó muchísimo y terminó todo mal. La primera visión era que YPF es una empresa más, que no estaba pensada como una herramienta que sirva para diseñar la política pública. Eso puede gustar o no, pero no deja de ser un modelo de gestión. Pero lo que hubo fue destrucción de valor. Hubo una política pública de promoción de Vaca Muerta en la que quedó afuera YPF. Eso es inentendible. Y lo concreto es que hoy YPF está muy complicada. Terminó siendo la gran perjudicada por las políticas públicas”, afirmó.

Suspensión de pagos a distribuidoras

Por último, Cabrajales explicó  las circunstancias que llevaron a la Secretaría de Energía, tal como adelantó EconoJournal, a suspender el pago que debían recibir las distribuidoras de gas por las cuotas retrasadas correspondientes al decreto 1053/18. “Cuando llegamos a la secretaría, había deudas por 3000 millones de dólares provenientes de todos los programas vigentes. Este gobierno se puso a trabajar, no fue fácil porque para efectuar los pagos hubo que cumplir con todo un procedimiento administrativo. Había deudas del Plan Gas 1, del Plan Gas 2, de los programas de IEASA, del Plan Mas Cerca, de biocombustible. Podemos tener ideas diferentes con respecto a la gestión anterior, pero tenemos muy en claro lo que es la continuidad jurídica del Estado. Hay que honrar las deudas y este gobierno lo está haciendo. Ya se empezaron a ver algunos resultados. La resolución 46 es la que más peso tiene, ya se hicieron pagos y se está viendo cómo eso tracciona la inversión de las empresas. En ese marco, estamos hablando de un programa específico que fue cuando la diferencia de evaluación en las tarifas de gas influyó directamente y la primera reacción del anterior gobierno fue que lo pague la demanda, en un exceso de optimismo. Hubo una reacción social y se terminó optando porque eso lo pague el Estado, vía subsidios, y se dividió en 30 cuotas. Cuando llegamos, el Estado había pagado una sola cuota y había 6 pendientes. Empezamos a hacer todos los trámites, ya estábamos en la etapa final y ahí cambió la coyuntura por la denuncia penal que hizo el interventor del Enargas por el acuerdo que fijaba el precio del gas a fines de 2017 y que después se había trasladado a tarifas. Eso está en la Justicia, la secretaría de Energía tomó la decisión de suspender el pago hasta tanto sea aclarada esa situación y después se verá. Como estamos pagando otras deudas, esta se pagará más adelante. No estamos desconociendo esa deuda”, concluyó.