El secretario de Energía, Sergio Lanziani, suspendió el pago que debían recibir las distribuidoras de gas por las cuotas atrasadas correspondientes al decreto 1053/18. A través de esa norma, el gobierno de Mauricio Macri se había hecho cargo de la deuda que las compañías habían acumulado con las petroleras luego de la fuerte devaluación registrada ese año. Lanziani tomó esa decisión de frenar el desembolso luego de que el interventor de Enargas, Federico Bernal, presentara una denuncia contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde lo acusa de pactar precios con las empresas en perjuicio de los usuarios. Lo paradójico es que las distribuidoras debían girar ese dinero de manera automática a las petroleras y la principal beneficiaria iba a ser YPF, que atraviesa una situación financiera muy difícil y ahora perderá la posibilidad de embolsar 1500 millones de pesos.

Idas y vueltas

Lanziani ordenó inicialmente pagarle a las distribuidoras las cuotas atrasadas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero cuando se dio cuenta de que Bernal había denunciado a Aranguren por el acuerdo que dio origen a esa deuda retrocedió sobre sus pasos.

Su primera reacción fue pedirle por escrito al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que frene el pago porque había “tomado conocimiento en el día de ayer de que el Ente Nacional Regulador del Gas ha presentado una denuncia penal contra ex funcionarios del Ministerio de Energía”. Sin embargo, Kulfas le respondió que era el propio secretario quien tenía que responder frente a la decisión que había tomado, y que ya había sido comunicada a las empresas, y no deslindar la responsabilidad en un tercero. Debido a ello, Lanziani finalmente instruyó a la subsecretaría de Hidrocarburos para que frene los pagos, según pudo confirmar EconoJournal de fuentes públicas y privadas.

Impacto sobre YPF

Si bien el Estado debía transferir el dinero a las distribuidoras, estaba previsto que automáticamente estas firmas le giraran los fondos a las productoras de gas. De hecho, el gobierno ya le había informado a cada distribuidora cuando iba a recibir y cuándo debía pagarle a cada petrolera en concepto de capital e intereses.

YPF iba a ser la principal beneficiaria de ese desembolso. Si se descuenta los pagos a IEASA, las petroleras iban a recibir 3.427 millones de pesos por las seis cuotas atrasadas y a YPF le correspondían 1.491 millones, el 44% del total. Detrás aparecen Total con 517 millones, PAE con 301 millones y Pampa Energía con 267 millones, entre otras.

La compañía controlada por el Estado Nacional estaba esperando ese dinero como agua en el desierto. La baja del precio internacional del crudo y la fuerte caída registrada en el consumo de combustibles a raíz de cuarentena derrumbó sus ingresos en los últimos meses y la dejó sin un flujo de caja suficiente para cumplir con sus proveedores, a quienes les viene demorando algunos pagos.

Esos casi 1500 millones le iban a permitir a YPF comenzar a saldar parte de esas deudas para volver a poner lentamente la rueda productiva en funcionamiento, pero la denuncia de Bernal y la sorprendente reacción de Lanziani amenaza ahora con profundizar todavía más la crisis que atraviesa. EconoJournal se puso en contacto con la secretaría de Energía, pero fuentes cercanas a Lanziani evitaron hacer comentarios.

El origen

Para entender el conflicto que se desató es necesario retrotraerse hasta el 29 de noviembre de 2017. Ese día las productoras de gas natural y las distribuidoras firmaron un acuerdo, publicado por el Enargas en la actuación 574/18, donde se estableció que los precios del gas iban a estar dolarizados.

El problema se desató a partir abrir de 2018 cuando el precio del dólar se disparó y las distribuidoras siguieron cobrando las tarifas en pesos. El secretario de Energía, Javier Iguacel, resolvió el 5 de octubre de ese año que a partir de enero de 2019 los usuarios del servicio de gas natural deberían cancelar en 24 cuotas con interés el importe acumulado por las diferencias registradas, a partir de la suba del dólar, entre lo que pagó cada distribuidora y lo establecido en el acuerdo de suministro firmado con las productoras para el período abril-septiembre. La decisión provocó un escándalo político y el gobierno se vio forzado a dar marcha atrás con la medida el 10 de octubre y aseguró públicamente que el dinero saldría de las arcas del Estado.

Finalmente, el 16 de noviembre de 2018 el entonces presidente Macri oficializó a través del decreto 1053 que el Estado Nacional se haría cargo de la deuda que las distribuidoras mantenían con las productoras en 30 cuotas mensuales y consecutivas con interés a la tasa efectiva del Banco Nación para depósitos en pesos a 30 días de plazo.

“Una vez percibida cada cuota, las prestadoras realizarán inmediatamente los pagos correspondientes a los proveedores de gas natural involucrados y los informarán y acreditarán mensualmente ante el Enargas”, aclaró el decreto. El gobierno de Macri pagó solo una de esas cuotas y las 29 restantes se las dejó de herencia al nuevo gobierno.