Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo habían negociado con las principales petroleras del país una prórroga por dos o tres meses de los contratos de venta de gas a hogares que vencieron el 31 de marzo en los mismos términos y condiciones. Esto es, de manera simplificada, que los productores seguirían vendiéndole gas a las distribuidoras al mismo precio del gas en boca de pozo que figura en los contratos firmados el 1º de abril de 2019.

Parecía la decisión lógica: en medio de una crisis severa que se acentuó por la pandemia del Covid-19 en la que nadie es capaz de proyectar con claridad qué pasará con el tipo de cambio, la inflación y la actividad económica, era razonable extender el marco vigente hasta que el escenario ofrezca mayor visibilidad. El precio de venta de gas incluido en esos contratos ronda los US$ 4,60 por MMBTU. Pero ese valor está pesificado a $ 41 por dólar, que era la cotización de la divisa norteamericana en marzo de 2019. Actualizado a un tipo de cambio actual de 65 pesos, lo escrito en los contratos arroja que el gas que consumen los hogares tiene un precio neto de US$ 2,90 por millón de BTU. Ese es el valor que está ponderado en los cuadros tarifarios de las distribuidoras.

El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, había logrado con el aval de Kulfas que, en este contexto de emergencia, las principales productoras —YPF, PAE, Total, Wintershall, Tecpetrol y CGC, entre otras, que no están perforando pozos nuevos de gas porque consideran que ese precio no cubre los costos de desarrollo de nueva producción— accedan a seguir cobrando ese importe del gas hasta junio de este año. Algunas petroleras incluso plantearon que lo mejor sería prorrogar los precios actuales hasta fines de 2020.

Apuesta de riesgo

Sin embargo, Bernal, que como interventor del ente regulador del gas es la autoridad encargada de definir cómo se determina el precio del gas que pagan los usuarios residenciales, volvió a fojas cero ese entendimiento con los privados. El directivo está convencido que el precio del gas es más alto del que corresponde. No es el único que cree eso. Varios de los asesores del secretario de Energía, Sergio Lanziani, sostienen lo mismo. En su opinión, el precio del gas debería rondar los 2 dólares. A lo sumo, US$ 2,50. No los US$ 2,90 que cobran actualmente los productores. O los US$ 4,60 que percibían cuando el dólar se pagaba cerca de 40 pesos.

Sobre la base de esa creencia, Bernal instruyó esta semana a las distribuidoras —lideradas por Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas— a que salgan a licitar la compra de gas para hogares para el período que va desde el 1º de mayo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Su apuesta es que las petroleras ofrecerán gas a un precio más bajo que el que está fijado en los contratos. De esa manera, podría ofrecerle a la política una baja de tarifas que cotizaría alto en una coyuntura como esta.

• ¿En qué se alimenta esa convicción?

En parte, en los precios que obtuvo Cammesa, la empresa que despacha el mercado eléctrico mayorista (MEM), que en abril compró gas (en algunos casos) por debajo de los US$ 1,50. También en el aislamiento obligatorio, que provocó que sobre gas por la caída de la demanda industrial y comercial, por lo que las petroleras lo están vendiendo a precios bajos.

Las distribuidoras ya solicitaron ofertas a las productoras. Las propuestas económicas de las petroleras se conocerán a mediados de la semana que viene. Cada distribuidora comprará gas por separado. Bernal hizo caso omiso de la propuesta en la que trabajaba Kulfas, que consistía en comprar gas en un bloque contraestacional de manera conjunta (para abastecer en un mismo concurso a distribuidoras y generadoras eléctricas).

• ¿Cuál es el riesgo que enfrenta el interventor del Enargas?

Que las petroleras oferten un precio más alto que el que figura en los contratos actuales (US$ 2,90 por millones). Es lo más probable, por cierto. Camuzzi fue la primera en salir a licitar gas para abril. Lo hizo de forma retroactiva para el mes en curso. Recibió ofertas pero a precios más altos. Por eso, Bernal se empezó a comunicar personalmente con las petroleras —por fuera de su campo de acción formal, que sólo ocupa a distribuidoras y transportistas— para pedirles un gesto solidario y que bajen los precios. En el fondo, la cuestión no pasa por tener más o menos empatía. Lo importante es establecer un esquema de precios que permita retomar la perforación para asegurar el suministro en el invierno de 2021. El consenso unánime en la industria es que hoy con menos de 3 dólares es antieconómico desarrollar nuevas reservas de más.

• ¿Qué es lo que puede pasar?

En función de un relevamiento realizado por EconoJournal y si bien la mayoría de las fuentes consultadas evitó precisar qué precio ofrecerán en la licitación, es a priori muy difícil que el precio del gas se ubique por debajo de los 2,90 dólares, tal como pretende Bernal para bajar las tarifas residenciales de gas.

Si primaran criterios técnico-económicos que están alineados con reactivar la perforación, los valores deberían ser más altos. Sin embargo, la política también juega. Habrá que ver, en esa sentido, qué estrategia comercial lleva adelante YPF, la petrolera controlada por el gobierno, que produce un 40% del gas que se extrae en la Argentina. El gas explica un 30% de los ingresos de la compañía. Con la venta de combustibles derrumbada por el coronavirus, YPF debería apuntar a defender valor en el negocio de gas. No está en condiciones de vender barato el hidrocarburo por debajo del costo de reposición. En cualquier caso, la semana que viene se conocerán los números.

Incómodas

La posición de los productores es cuanto menos incómoda. Si ofertan precios más altos, como manda la lógica económica, saben que en la práctica no los cobrarán en el corto plazo porque el gobierno no aumentará las tarifas de gas en los próximos meses. No habrá chance, entonces, de realizar el pass through de los nuevos precios a tarifas. Salvo que estos sean menores y ahí sí, el Enargas ordene una baja de las tarifas.

Por otro lado, políticamente tampoco parecen tener margen de ofrecer precios más económicos. En los hechos, terminarían convalidando la creencia de Bernal y un sector del gobierno que alega que las petroleras cobraron en los últimos años un sobreprecio por el gas. Si de educar al soberano se trata, bajar los precios sería contraproducente en ese objetivo.

“Los precios que van a salir de las licitaciones que hagan las distcos (distribuidoras) no les van a gustar. Tendrían que haber extendido tres meses mientras dura el periodo de la ley de solidaridad y luego buscar un mecanismo de contratación de mediano plazo”, cuestionó un alto ejecutivo de la industria que pidió la reserva de nombre.

Los límites de la materialidad

Obturada la posibilidad de aumenar las tarifas, si los precios del gas para los próximos 11 meses (mayo’20-marzo’21) que surjen de la licitación de las distribuidoras son más altos que los establecidos en los contratos vigentes, lo más factible es que las compulsas se dejen sin efecto. Y las autoridades del Enargas intenten reflotar el pre-acuerdo inicial que existía con las petroleras para prorrogar por tres meses los precios vigentes. Algunas dudan que las empresas quieran reactivar esas conversaciones después de que Bernal tirara para atrás las negociaciones. No parecen tener mucho margen. La coyuntura es demasiado apremiante como para generar más tensión con el gobierno.

• Discusiones formales

Existen, a su vez, algunas cuestiones técnicas a discutir en los términos de la licitación que está en curso. En sus pliegos licitatorios, las distribuidoras incluyeron una cláusula de take or pay del 70% (que las obliga a tomar un 70% del gas contratado) y otra de deliver or pay del 100% que aplica a los productores y los obliga a entregar todo (el 100%) del gas comprometido. Las petroleras no están de acuerdo con esa ecuación. Apuntan a que la alícuota sea la misma para ambos casos (como sucede en los contratos vigentes, que fija el deliver y el take or pay en un 70 por ciento).  

Las distribuidoras también incursionaron en la redacción de cláusulas novedosas, que las exime de pagar el gas a los productores si el Estado no realiza las actualizaciones tarifarias programadas o si el nivel de cobrabilidad a los usuariores desciende por debajo de determinado porcentaje. Las petroleras tampoco avalan esa excepciones.