En el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajan en un primer borrador para avanzar con el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos. La intención es que el aumento se aplique a partir de abril y alcance sólo a los sectores de mayor poder adquisitivo. Al igual que ocurrió con el impuesto PAIS, se lo quiere presentar como un esfuerzo “solidario” por parte de los que más tienen, pero la iniciativa todavía está lejos de tomar forma porque aún no cuenta con el aval de presidencia y el ala política del gobierno.

La propuesta es solo un boceto que forma parte de la mesa de trabajo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aunque también cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Martín Guzmán; y su secretario de Política Económica, Haroldo Mantagu.

Estos funcionarios coinciden en que si no se avanza con algún tipo de descongelamiento rápido los problemas se agudizarán porque, a diferencia de lo que ocurrió durante el kirchnerismo, ahora el Estado Nacional no está en condiciones de afrontar un nivel de subsidios crecientes y la cadena de pagos dentro de los distintos sectores se irá resquebrajando de manera acelerada. Además, advierten que, si no hay una señal clara sobre cuál va a ser el precio del gas, las proyecciones oficiales muestran que a partir del último cuatrimestre del año la producción va a empezar a caer.

Pese a  ello, las posibilidades de que las tarifas vayan a aumentar en abril todavía son remotas porque el ala política del gobierno resiste que se le convalide cualquier tipo de incremento. El argumento central es que las eléctricas y gasíferas estuvieron entre las grandes ganadoras del macrismo y ahora les toca esperar, mientras el gobierno atiende otra serie de prioridades más urgentes.

Los que están a favor del aumento, coinciden en que las concesionarias de los servicios públicos estuvieron entre las ganadoras durante el gobierno anterior, pero al mismo tiempo saben que, si el congelamiento se mantiene, más temprano que tarde esa situación terminará impactando en la calidad del servicio.

Pese a que la inflación supera el 50% anual, las tarifas permanecen sin cambios hace prácticamente un año. Por lo tanto, la realidad no es que los ingresos de las compañías están congelados sino que se vienen deteriorando de manera acelerada. Es por eso que se insiste en la necesidad de convalidar algún tipo de incremento.

El tema surgió en la reunión que las autoridades de ADIGAS, que nuclea a empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras, mantuvieron con Kulfas y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, el miércoles de la semana pasada. Allí las empresas le insistieron al gobierno para que avance con la revisión de los balances. Los empresarios sostienen que en algunos casos más del 80% de los ingresos que perciben actualmente se destina a pagar sueldos y a afrontar los gastos de operación y mantenimiento.

Los funcionarios que impulsan algún tipo de ajuste están explorando alternativas para alcanzar un consenso con el ala más dura dentro del Frente de Todos. En ese contexto es que comenzó a explorarse la idea de un incremento que impacte al menos sobre los usuarios de mayores ingresos. No obstante, las dificultades que enfrenta el gobierno en el área energética, donde las internas políticas predominan sobre la gestión y todavía ni siquiera se pudieron nombrar nuevas autoridades en IEASA, Cammesa y los entes reguladores, hace prever un largo camino por delante antes de que se logre consensuar una propuesta.