Por la falta de actualización de los precios, los productores de biocombustibles ya cumplieron un mes sin concretar entregas a las refinadoras para cubrir el cupo en los surtidores. Los combustibles se están vendiendo sin el componente vegetal obligatorio. El sector está atravesando una crítica situación que podría agravarse en pocos días con despidos, suspensiones y el freno completo de las plantas. Las más perjudicadas son las medianas y pequeñas productoras.

Consultados por este medio, desde la Secretaría de Energía que conduce Sergio Lanziani señalaron que todavía “no está definido” qué va a hacer el gobierno con el precio de los biocombustibles. La semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibió a los productores. Este marte le tocó el turno a Lanziani, que se reunió con representantes de la Liga Bioenergética, que agrupa a las provincias productoras y a las cámaras empresarias. Allí se conversó el tema precios. Una fuente del sector privada que participó de esa reunión afirmó a Econojournal que Lanziani expresó estar al tanto de la crisis del sector, pero no dio ninguna definición concreta.

En paralelo, la Liga Bioenergética está ajustando el lápiz para finalizar un proyecto de ley que le presentarán al Poder Ejecutivo en marzo. La idea es que sean los gobernadores los que le presenten directamente a Alberto Fernández el texto. Luego, las provincias acercarán el proyecto al Congreso.

La actual ley 26.093 que regula el mercado fue promulgada en 2007 y, luego de fracasar la idea del expresidente Macri para prorrogarla hasta 2023, dejará de tener vigencia a principios de 2021. Las provincias anticiparon la jugada elaborando un proyecto pensado “para los próximos 15 años”, según comentó una fuente de una provincia productora a Econojournal.

Los puntos principales del proyecto de ley que se conocen hasta el momento tienen que ver con el aumento del porcentaje en la mezcla con los combustibles, que hoy es de 10% para el biodiésel y 12% para el bioetanol. La idea de las provincias es elevarlo como mínimo hasta el 15% para el biodiésel y por arriba del 25% para el bioetanol.

Hoy el sector está altamente regulado. El proyecto de ley podría establecer también dejar una parte regulada y otra librada a la competencia en el mercado. Esta parte desregulada estaría enfocada sobre todo en el biodiésel con la competencia entre los productores PyMEs y las grandes aceiteras integradas que exportan. De todos modos, la propuesta reserva una parte del cupo para las pequeñas y medianas firmas. El mercado local argentino tiene una demanda anual de alrededor de 1.200.000 toneladas. De esa cantidad, el 75% fue abastecido por PyMEs y el 25% por empresas aceiteras grandes no integradas.

Además, el texto propone una nueva metodología para establecer una fórmula para fijar los precios de los productos. En el mercado cayeron mal las modificaciones que produjo sobre esto el ex secretario deEnergía Gustavo Lopetegui. Por eso el proyecto propone “una fórmula más clara para fijar precios”.

No hay entregas y empezaron a cerrar plantas

En varias provincias productoras como Córdoba y Santa Fe comenzaron a cerrarse plantas PyMEs de bioetanol y biodiésel. Ya hay algunos despidos y suspensiones. El efecto que puede tener esta crisis en la economía es significativo. La Liga estima en 60.000 los trabajadores del sector. Pero la cadena productiva sólo en la caña de azúcar (sobre todo en Tucumán) emplea a alrededor de 100.000 trabajadores.

En diálogo con Econojournal, un directivo de una cámara empresaria señaló que “más de un 95% de las plantas con cupo asignado no están entregando el producto porque no hay precios”. Las pocas entregas que hubo tuvieron que ver con ventas menores.

La falta de precios de referencias impacta fuerte en las plantas que tiene menos espalda para soportar la coyuntura. Distinta suerte corre las empresas grandes y las integradas, aunque el descontento por la crisis es general.

El problema del precio se originó en agosto del año pasado cuando Lopetegui congeló el precio de los combustibles. Una medida ordenada por Macri luego de perder las elecciones primarias.

Desde principios de diciembre que no se actualizan los precios. El nuevo gobierno quiere evitar un impacto en los costos y que el efecto se traslade a los surtidores. Esto se da al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo y las petroleras están negociando una recomposición en los precios de los combustibles. “No hay más entregas porque estos precios no alcanzan para cubrir los costos. No estamos pidiendo un subsidio al sector, sino que se recompongan los precios”, indicó la misma fuente empresaria. Los productores creen que los biocombustibles tienen un atraso de entre un 15% y 20%, según el producto.