Los dueños de las estaciones de servicio le pedirán al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que frene el aumento de la tasa vial sobre la venta de combustibles que implementaron esta semana algunos municipios bonaerenses. Lo harán con el pedido formal de una reunión para los próximos días.

A principios de esta semana algunos municipios (de distinto color político) como Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando, Ituzaingó y Merlo, entre otros, aumentaron el valor de la tasa vial que le cobran a las estaciones de servicio por la venta de combustibles.

Según señalaron a Econojournal fuentes de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), el aumento más significativo fue en San Fernando, donde la tasa para las naftas pasó de 27 a 52 centavos por cada litro. En San Isidro pasó de 45 a 50 centavos para combustibles y saltó a 30 centavos para el GNC y en Tigre el salto fue de 30 a 45 centavos. Hurlingham es uno de los municipios con la tasa vial más alta ya que en las naftas cobra 63 centavos por litro.

El aumento de la tasa vial que implementaron los intendentes se realizó la misma semana que la legislatura bonaerense debatía la Ley impositiva que presentó el gobernador Kicillof y que se acaba de aprobar.

Además de pedirle directamente al gobernador Kicillof que frene estos aumentos, Fecra iniciará acciones judiciales contra los municipios los primeros días de febrero, cuando finalice el receso en la justicia.

La tasa vial es un monto que los municipios bonaerenses les cobran a las estaciones de servicio por la venta de naftas, gasoil y GNC. Si bien cada municipio determina el valor, según fuentes empresarias el promedio de la tasa es de alrededor de 40 centavos por cada litro.

Según el argumento legal de Fecra, “el cobro de la tasa es inconstitucional porque los municipios ya tienen una coparticipación con la provincia de Buenos Aires por el impuesto a los combustibles líquidos y no podrían cobrar una tasa más”.

El cobro de la tasa vial genera un costo adicional en el precio final de los combustibles que terminan pagando los consumidores en momentos donde el objetivo de la Casa Rosada es contener la inflación congelando el precio en los surtidores. Por su parte, para los municipios cobrar esta tasa implica directamente aumentar la recaudación.