El Partido Justicialista le entregó a Alberto Fernández el martes un documento de 118 páginas que resume una serie de aportes elaborados este año por sus equipos técnicos, coordinados por el ex ministro de Salud Ginés González García.

El apartado referido a la energía generó preocupación en el sector este miércoles cuando trascendió su contenido, pues allí se propone congelar las tarifas por 100 días y crear una Comisión de Revisión Tarifaria Integral “que deberá establecer el costo real de producción de transporte de gas y electricidad” ya que “el precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y de su desarrollo productivo”. EconoJournal pudo confirmar que los que participaron en la redacción de las tres páginas referidas a energía fueron:

a) Federico Bernal, del Observatorio OETEC;

b) Andrés Repar y Bruno Capra, del Instituto Scalabrini Ortiz (IESO);

c) Fernando Lisse, asesor del diputado por Neuquén Darío Martínez;

d) Y el consultor Gustavo Atencio y Daniel Lasalle; quienes tuvieron una participación marginal. Estos especialistas son cercanos a Sergio Lanziani, ministro de Energía de Misiones que suena con fuerza para asumir la titularidad de la cartera si el Frente de Todos se impone en las elecciones de octubre.

«El documento estaba en revisión, pero la visita de Alberto al partido precipitó los tiempos y se decidió salir con lo que estaba escrito«, admitieron fuentes del PJ.

Si bien la comisión de energía está coordinada por Arturo Trinelli y Marcos Fontela, diversas fuentes coincidieron en identificar a Bernal como uno de los principales impulsores de este texto. El titular de OETEC fue uno de los principales defensores del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a tal punto que llegó a escribir un libro con el funcionario titulado “Néstor y Cristina Kirchner: planificación y federalismo en acción”. El texto fue editado en 2015 por Editorial Planeta con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner y los 10.000 ejemplares que se editaron fueron pagados por la empresa estatal Nucleoeléctrica, lo que en 2016 motivó el inicio de un sumario interno dentro de la compañía.

Viralización

El documento del PJ, titulado “Aportes de equipos técnicos de la unidad” circuló ayer a través del grupo de Whatapp “Contactos petroleros” que administran los especialistas del sector Luciano Fucello y Pablo Cariddi. Por esa vía llegó a decenas de ejecutivos de grandes compañías, quienes a los pocos minutos empezaron a averiguar hasta qué punto las propuestas formuladas allí contaban con el respaldo del candidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández.  

El apartado de energía del documento del PJ comienza destacando que los servicios públicos de gas de red y electricidad son esenciales para la sociedad. “La salud energética de una Nación no pasa por una balanza comercial energética superavitaria, ni por el estado de la capacidad exportadora del país, todo lo cual por supuesto es más que deseable. La salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo y la de su aparato productivo e industrial”, se agrega antes de pasar a detallar algunas propuestas concretas.

En lo que refiere a la política tarifaria, el texto destaca que la Argentina es un país productor y luego subraya que debido a eso “no hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos”. “Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo”, se remarca.

Luego dice que “el Estado asegurará la adecuada prestación de los servicios de gas y electricidad a un costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable a las licenciatarias”. Fuentes de la industria se mostraron preocupadas por este discurso que durante el kirchnerismo llevó al congelamiento de tarifas prácticamente durante 12 años, lo que desincentivó las inversiones empresarias y terminó llevando a un colapso del servicio en el segmento de la distribución.

El documento dice que “es crucial conocer y analizar como mínimo: la estructura de costos y los niveles de ganancia que vienen obteniendo las empresas, y los indicadores de calidad del servicio comprometidos en las RTI y las inversiones realizadas y requeridas”. “El Estado nacional, a través de sus entes reguladores, revisará tales indicadores en un plazo de cien días”, se agrega. Sin embargo, luego se afirma que se creará una Comisión de Revisión Tarifaria Integral “que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días”. Por lo tanto, no queda claro si esa tarea será realizada por los entes reguladores, como establece la ley, o por esta nueva comisión que se propone crear. Igual la diferencia pareciera no ser significativa porque en el texto se aclara que “se intervendrá el Enre y el Enargas, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras”.

• Monitoreo

Sobre el tema costos se aclara además que “Se creará un observatorio de monitoreo del costo de producción de la energía que deberá establecer y monitorear en el tiempo los costos reales de producción del barril de petróleo crudo y del millón de BTU de gas”. “Este observatorio no podrá estar constituido por funcionarios que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas privadas del sector”, advierten los especialistas del PJ.

También se afirma que en los primeros cien días “se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas”. Una medida que estuvo vigente durante el kirchnerismo y que sigue vigente ahora, aunque en ambos casos los resultados fueron muy pobres.

Otra propuesta es establecer “una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular”, medida que también está vigente en la actualidad, aunque se supone que se la revisará.

El listado de aportes pone el foco también en Vaca Muerta. “Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos)”, dice el texto. Además, se aclara que “Vaca Muerta debe desenvolverse en función de las necesidades de desarrollo socioeconómico del país, no del de actores particulares. YPF debe ser el principal actor en este sentido”. “Sobre ambos pilares –el desarrollo nacional e YPF– debe descansar la política de exportación de shale gas y shale oil”, se aclara en el texto.

El marco regulatorio eléctrico también es puesto en la mira. “Se impulsará una revisión de la legislación sobre matriz eléctrica para desarrollar una hoja de ruta de transición energética, la cual se ordenará en función de las necesidades nacionales y la capacidad industrial, tecnológica y científica del país, con el objetivo de contar con una política coherente para el desarrollo de largo plazo del sector energético”, remarca el documento.

También se aclara que “se priorizará el desarrollo de la generación de energía eléctrica con tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear”. En lo que respecta a la energía nuclear se aclara expresamente que “se retomarán los proyectos de producción de energía nuclear de central CANDU con tecnología argentina y en base a uranio natural y CAREM. Se reactivará y se modernizará la planta de producción de uranio enriquecido en Pilcaniyeu y se retomará la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada”