El gobierno oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días. El precio de referencia que fija es el del 9 de agosto, con un tipo de cambio de 45,19 pesos por dólar y con un precio de referencia del barril de petróleo Brent de 59 dólares.
El decreto 566/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece: “que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019”.
Además, establece “que el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas, en todos los canales de venta, durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida, no podrá ser superior al precio vigente al día 9 de agosto de 2019”.
El artículo 3 afirma que “las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas deberán cubrir, a los precios establecidos en este decreto, el total de la demanda nacional de combustibles líquidos, de conformidad con los volúmenes que les sean requeridos a partir de las prácticas usuales de mercado”. Mientras que el artículo 4 afirma que las empresas productoras de hidrocarburos “deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales, proveyendo de manera habitual”.
Aunque iba a apelar a la ley de abastecimiento 20.680, sancionada en 1974 y modificada en 2014, el Poder Ejecutivo instrumentó el congelamiento de los combustibles mediante un decreto presidencial, que está firmado por Mauricio Macri y por todo el gabinete nacional.
En los considerandos, el texto subraya que “dada la abrupta variación reciente del tipo de cambio y el contexto económico y social imperante, se considera necesario asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno a un precio estable”. Y agrega que “es necesario adoptar medidas urgentes y transitorias”.
El gobierno también indica que “la situación económica vigente permite avizorar aumentos sustanciales en el precio del petróleo crudo y de los combustibles líquidos en el mercado local, causando efectos perjudiciales para los diferentes sectores de la economía”.
Además, el decreto agrega que “resulta indispensable preservar el abastecimiento de combustibles líquidos, ya que con ellos se satisfacen necesidades básicas de la población” y que “resulta prioritario para la población tener asegurados precios razonables de los hidrocarburos y sus derivados en todo el territorio nacional, evitando, de esta forma, el quiebre de la proporcionalidad con la realidad económica”.
