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Entrevista exclusiva con la secretaria de Minería, Carolina Sánchez
“En 8 años de vigencia de la ley de Glaciares no se desarrollaron nuevos proyectos”
Vie 21
junio 2019
21 junio 2019
La funcionaria nacional afirmó que los proyectos potenciales “no se pararon por la ley de Glaciares” ya que tienen más de 20 años. “No cuentan con planteo técnico, no se puede saber si están afectados o no”, dijo. Y apuntó que los proyectos “más concretos” son Josemaría, que se iniciará en 2020 en San Juan, y Taca Taca y Agua Rica, que lo harían en 2021.
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Para la secretaria de Minería Carolina Sánchez, luego del fallo de la Corte Suprema que desestimó el pedido de inconstitucionalidad de la ley de Glaciares “seguimos en la misma situación que antes”. “Tenemos 33 proyectos en el inventario minero; más de la mitad son de litio y ninguno de esos está afectado por la ley de Glaciares. Y los otros metalíferos tampoco porque de acuerdo a lo publicado hasta el momento todavía no hay planteo técnico sobre las minas, así que no se puede saber si están afectadas o no por la ley de Glaciares”, afirmó a EconoJournal la primera autoridad minera nacional.

Si bien Sánchez consideró que “San Juan es la provincia más afectada, pero no por la ley sino porque tiene buenos yacimientos con minerales y tiene glaciares”, acordó en que el fallo beneficia a Barrick, la firma canadiense que encabezó el pedido de inconstitucionalidad junto con la provincia, porque la Corte finalmente determinó que lo presentado “no configura un caso”, lo que implica que no tiene afectado el desarrollo de sus operaciones en el país por la ley de glaciares. “De hecho, la auditoría que le exige la ley, porque la mina Veladero ya estaba en operación, está terminada y dice que no hay afectación”, agregó.  

En cuanto a los proyectos que están en carpeta, la funcionaria señaló que de los metalíferos “son tres los más concretos porque se han hecho anuncios públicos en la bolsa y los inversores tienen cuantificado los proyectos; todo lo demás es potencial”.  

“Está planteado para 2021 el inicio de la construcción en Salta de Taca Taca, para el que se estima una inversión de 3000 millones de dólares; detrás viene Agua Rica, en Catamarca, que también se empezaría a construir en 2021 y tiene avanzado el acuerdo de inversión aunque no está todavía el proyecto técnico”, afirmó Sánchez y añadió que “hay un tercer proyecto más chico, que prevé una inversión de 1800 millones de dólares y empezaría a construirse antes, en 2020: se trata del porfídico Josemaría y está en San Juan. Ya se anunció que este mes se va a presentar el estudio de impacto ambiental”.

Con respecto a la minería de litio, la Secretaria dijo que “la demanda del mercado es muy fuerte para los próximos 15 años” y que “tenemos que mejorar muchas cosas en relación a nuestra competitividad; el verdadero competidor del triángulo del litio es Australia, que se está desarrollando demasiado bien y demasiado rápido”.

“Creo que todos los actores, no solo el Gobierno, pueden trabajar para hacer más competitivo el país; de hecho los sindicatos también integran la mesa de competitividad minera donde ponemos en común las necesidades del sector. Hay ajustes para hacer”, apuntó Sánchez, al tiempo que comentó que en estos días “los sindicatos y el sector privado están discutiendo un acuerdo de competitividad para tratar de hacer atractivas las inversiones”.  

Horas antes de viajar a París para participar de la reunión de la jefatura internacional del EITI, las siglas en inglés de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, la funcionaria mantuvo un dialogó telefónico con este medio.

¿Qué repercusiones tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Glaciares?

A raíz del fallo nos hemos reunido con todos los sectores, con el sector privado, con la Secretaria de Ambiente, para analizarlo y no hemos encontrado ningún problema. En tanto, nos hemos puesto a disposición de los inversores internacionales y ya hemos hecho difusión por teleconferencias de los alcances del fallo, que solamente no dio lugar al pedido de inconstitucionalidad que era el objeto de la presentación.

Entiendo que hay un sector que quiere instalar el terror porque tradicionalmente se ha creído que para hacer minería hay que cargarse todas las leyes de protección del ambiente, pero eso no tiene ningún sentido y no es la minería que queremos hacer en la Argentina.

Lo que sí podríamos decir es que el fallo agrega luz sobre dos conceptos que tienen que ver con el arte de aplicar la ley. Uno habla de la aplicación razonable, en ese sentido hay que tener cuidado cuando se hacen interpretaciones potenciales de la ley, y otro habla de llevar adelante un trabajo articulado en un federalismo de concertación entre la Nación y las provincias, que es un ejercicio muy normal de nuestra gestión, de hecho nosotros trabajamos de esa manera en el COFEMIN (Consejo Federal Minero).

¿Cómo afectó este proceso a la industria?

No nos sintamos especiales, esto ocurre en absolutamente todos los países mineros del mundo, en donde hay leyes, hay Justicia, y en los países como el nuestro en donde funciona la independencia de poderes, esto no es ni privativo de la Argentina ni desconocido para los inversores, que no están pensando en la coyuntura de estos meses, sino que hacen análisis de ciclo largo de los proyectos.

La verdad es que no ha pasado en estos 8 años de vigencia que lleva la ley que se hayan desarrollado nuevos proyectos. Incluso se han tirado números en la prensa de que tantos proyectos están afectados, y no es lo que nosotros tenemos registrado desde el punto de vista oficial. Las iniciativas que están en potencial porque todavía no tienen planteo técnico, son de más de 20, 30 y hay de 60 años en la provincia de San Juan. No es que se pararon por la ley de Glaciares. Pueden llegar a desarrollarse en cualquier momento cuando pasen a manos no de gente que se dedica a tener propiedades mineras sino a gente que se dedica a hacer minería.  

Pachón es un proyecto descubierto hace 80 años, hace 65 se hizo la primera evaluación económica previa, es muy antiguo pero hoy no califica de proyecto porque no ocurre; el propietario no ha anunciado una inversión.

¿Qué planes de trabajo tiene la Secretaría con las provincias que prohíben la minería?

Las provincias son autónomas y pueden tomar esa decisión de prohibir la minería, es legal y respetable. De todos modos, desde la Secretaría lo que sí podemos hacer es acompañar todos los debates y revaluaciones de esas leyes que ya se están dando en provincias como Mendoza y Chubut, dado que consideramos que la prohibición de la minería es en realidad un fracaso de la política pública. Creo que va a haber una evolución en ese sentido, en las dos provincias hay una conversación madura. Se trata de sentar las bases para hacer la mejor minería disponible en el mundo y darnos esa oportunidad de desarrollo.

¿Qué pasó con el Nuevo Acuerdo Federal Minero? ¿Falta presentarlo en el Congreso?  

El Acuerdo Federal está vigente, se firmó, lo que no ocurrió todavía es que ninguna provincia lo presentó como proyecto de ley. Pero nuestra agenda de gestión incorporó muchos puntos del Acuerdo; las iniciativas de transparencias, el catastro nacional minero on line, el proyecto de cierre de mina. Dado que es un Acuerdo Federal, falta que emane de las provincias la inquietud de hacer que el Acuerdo tome fuerza de ley. Hay un punto que tiene que ver con regalías pero ese es un tema impositivo provincial, así que yo calculo que las provincias tendrán mucho interés de llevarlo adelante.

¿Qué medidas se están trabajando para el desarrollo de proveedores?

En lo que son incentivos impositivos se eliminó el registro de proveedores de la AFIP, con el que se aplicaba una preventiva de ganancias a la pyme proveedora, esto ya no es así; también estamos avanzando en el aseguramiento técnico de insumos argentinos para que se presenten como productos competitivos para la industria.

La otra cosa que estamos haciendo es preparar la firma de convenio con los grandes proyectos mineros argentinos que están en operación, las 17 minas, para que adelanten los planes de inversión con cierta anticipación a fin de poner toda esa información en una plataforma para que los proveedores puedan hacer su planificación y estar listos para contar con stocks o estar listos para brindar los servicios que se vayan a requerir.

Por otra parte, se dictó una ley recientemente que no solo da beneficios fiscales a quienes prestan servicios de exploración, geológicos y de consultoría ambiental sino que también mejora la capacidad de exportación de estas prestaciones basadas en el conocimiento.

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