Con un escueto comunicado en el atardecer del miércoles —a final de la tumultuosa jornada que puso en el centro de escena a Javier Iguacel como responsable de una nueva crisis política provocada por los aumento de la tarifa de gas—, el Ministerio de Hacienda expresó que “la Secretaría de Energía está trabajando para cambiar la Ley 24.076, sancionada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem”.

De lo que se trata es de modificar el marco regulatorio para que evitar el sistema tarifario del gas colapse si vuelve a registrarse una crisis del dólar como la que se inició a mediados de abril y llevó la moneda norteamericana de 20 a casi 40 pesos en menos de seis meses. En el gobierno admiten que los contratos no pueden seguir expresados en dólares a tipo de cambio libre, como sucede en la actualidad. Porque si la divisa se dispara no hay margen técnico ni político para trasladar esa suba a las tarifas. Hay que buscar sistemas de control. 

Se trata, en la práctica, de definir nuevos instrumentos para que el sistema tarifario bascule en una Argentina que, parece, estará inmersa en escenario de volatilidad cambiaria durante algún tiempo más. La Ley 24.076 (del gas) y la licencia de distribución que se desprende de esa norma establecieron  el mecanismo de “diferencias diarias” para readecuar las distorsiones que se registran en la estructura de costos del sistema tarifario. Fue una estrategia pensada en los ’90, fundamentalmente, para resolver variaciones en el precio del gas. Así, por ejemplo, si una distribuidora se veía obligada a comprar gas más caro que el previsto en el pico del invierno, podía recuperar ese dinero durante el próximo período de actualización de tarifas. “Durante los días de frío tal vez había que salir a comprar gas de urgencia, obviamente más caro, en el mercado spot para cubrir el pico de demanda. La distribuidora pagaba de su bolsillo ese precio extra y luego el Enargas le reembolsaba el dinero cuando actualizaba tarifas. Las diferencias diarias fueron pensadas para resolver ese tipo de distorsiones”, explicó el gerente de Gas de una petrolera. De ninguna manera, añadió, son el instrumento indicado para transitar en un escenario de alta variación del dólar como el actual.

Otro alto ejecutivo de una distribuidora gasífera lo puso en estos términos. “Las diferencias diarias funcionaron cuando productoras, distribuidoras y usuarios, es decir, los actores del sistema, utilizaban la misma moneda, porque durante la convertibilidad un peso equivalía un dólar. Hoy existe un descalse natural porque los contratos entre petroleras y gasíferas están en dólares, pero el consumidor paga tarifas en pesos. Hay que buscar nuevos esquemas de operación”. En rigor, es lo que proponen desde hace tiempo algunos especialistas del sector. “La regulación actual del sector está perimida. Hay que revisar todo el marco normativo y discutir uno nuevo”, afirmó en junio David Tezanos, ex interventor del Enargas.

Alternativas

La Secretaría de Energía y el Enargas, por un lado, y las empresas distribuidoras y petroleras, por el otro, están empezando a bosquejar ideas para modificar el marco regulatorio actual. Iguacel tiene pendiente nombrar a un nuevo subsecretario de Hidrocarburos que pueda encauzar la discusión desde lo técnico. José Astolfi iba a asumir esa posición, pero desestimó la propuesta justo cuando la negociación por las tarifas ingresaba en la recta final. Frente a esa negativa, Iguacel le ofreció el cargo a Carlos Casares, vocal primero del ente regulador, que está dispuesto a aceptar, pero primero quiere cumplir los trámites pertinentes para conseguir una licencia en el organismo.

EconoJournal consultó a funcionarios y directivos de alto nivel de petroleras y distribuidoras para indagar qué instrumentos podrían incorporarse para proteger la consistencia del esquema tarifario en caso de que el dólar vuelva a dispararse. En forma inicial, emergen tres alternativas para avanzar en esa dirección. Una de ellas consiste en establecer la obligatoriedad de que los privados contraten una cobertura cambiaria en el mercado de dólar-futuro. Así, los contratos entre petroleras y distribuidoras seguirían expresados en dólares a fin de incentivar la inversión en upstream (exploración y producción de hidrocarburos), pero al momento de la firma se contrataría una cobertura cambiaria en el Rófex, cuyo costo se incluiría en la tarifa. Es una alternativa a explorar para los contratos de corto plazo, de un año de duración como período máximo, aseguró el presidente de una petrolera. “El dólar para fines de diciembre cotiza hoy a 42,50 pesos en el mercado de futuros. Podría incluirse ese costo en las tarifas para asegurar que el productor conseguirá los dólares establecidos en los contratos”, explicó.

Desde otra petrolera propusieron, en cambio, implementar un sistema de dólar con tipo de bandas que obligue a actualizar las tarifas de forma inmediata si el tipo de cambio supera el techo establecido. “Los contratos seguirían expresados en dólares a una cotización negociada entre las partes. Ese valor quedaría fijo en tanto y en cuanto el dólar fluctúe, por ejemplo, entre un 15% para abajo o para arriba. Si perfora esas barreras, habría que actualizar tarifas”, expresó el gerente de Planeamiento de una petrolera.

Desde una distribuidora controlada por accionistas locales planteaeron, a su vez, la necesidad de ajustar la periodicidad con que se actualizan las tarifas. El marco vigente fija que los cuadros tarifarios deben actualizarse dos veces por año, en forma semestral. “Frente a la volatilidad del dólar, una alternativa podría ser actualizar las tarifas por trimestre para evitar que se acumule, como pasó ahora, un atraso (generado por la devaluación) imposible de trasladar a tarifas”, expresó un empresario, que ya habló del tema con un alto funcionario de la Jefatura de Gabinete.

Son esquemas híbridos que algunas empresas ya han ido explorando. Por caso, dos grandes productoras de gas firmaron en los últimos 15 días contratos dolarizados pero a un tipo de cambio fijo, lo que en la práctica supone una pesificación ad hoc.