La forma de fijar el nuevo Impuesto sobre los Combustibles no tuvo el efecto positivo que el gobierno supuso sobre los precios finales de la nafta y el gasoil, evaluó el especialista en temas impositivos Marcelo Saleme Murad, en alusión al incremento automático del gravamen según la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor, que debe aplicarse de acuerdo a la última reforma tributaria incorporada  a la Ley 23.966.

El tributarista explicó a EconoJournal que “lo que intentó en origen la Ley 27.430, de reforma fiscal, fue desacoplar el impacto del ITC (una alícuota), del aumento del precio del petróleo y la evolución del dólar, estableciendo que el nuevo impuesto  sería una suma fija actualizable por inflación”. Al respecto consideró que aplicar este criterio considerando lo que está ocurriendo con el IPC, no termina teniendo un efecto distinto del que tenía la alícuota ya que solamente, en el mejor de los casos, demora la aplicación del aumento del impuesto”. Y advirtió que si la inflación sube más, se daría el efecto contrario, es decir, aumentaría más el impacto impositivo en el precio final de los combustibles. “Hoy el petróleo está bajando (en rigor oscilando dentro de un cierto rango) pero el impuesto no baja, prácticamente se duplicó en nueve meses”, añadió.

Saleme se refirió a trascendidos según los cuales hubiera sido peor el aumento impositivo con el sistema anterior del ITC, y señaló que “ello no es cierto, pues en éste caso aumenta el impuesto y no los demás componentes del precio del combustible. El nuevo sistema puede ofrecer un “delay” en el aumento del impuesto, que sigue infaliblemente a la inflación”. Saleme Murad sostuvo que “la única solución real pasa por bajar la cantidad de impuestos sobre los hidrocarburos, en lugar de recurrir a mecanismos que demuestran ser absolutamente inocuos o incluso perjudiciales”.

“El combustible, explicó, ya trae cargas impositivas que se trasladan, en alusión al IVA (21 por ciento), a la tasa de Ingresos Brutos, y si bien un impuesto grava en boca de pozo, otro en destilería y otros en surtidor, van configurando una presión fiscal muy grande, de manera que no sólo hay que bajar las alícuotas sino también simplificar la estructura impositiva que hoy grava a estos productos”.

Las empresas (productoras, refinadoras y comercializadoras) no absorben los impuestos directos, por lo que se produce un efecto cascada en el precio final al consumidor, algo similar a lo que ocurre con otros precios de la economía.

“El precio final de un producto contempla costos directos e indirectos y los que más pueden afectarlo son los directos, como son los impositivos,  más aún  si se los actualiza por inflación”, puntualizó Saleme.

Otro aspecto que Saleme Murad destacó es que “si bien el referido Impuesto a los Combustibles dejó de ser una suma “ad valorem” para convertirse en una suma fija sujeta a actualización por inflación, se modificó a la baja el porcentaje que el agro puede “descargar” o computar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias ya que se redujo del 100 por ciento, al 45 por ciento.