El Gobierno está terminando de definir con los principales productores de gas la letra chica del andamiaje normativo que permitirá que el Estado salde una deuda con los privados por más de $ 27.000 millones (unos US$ 1500 millones) correspondiente a subsidios impagos del Plan Gas, tal como se conoce en la jerga petrolera al programa de estímulo a la inyección adicional de gas que estuvo vigente entre 2013 y 2017.
El Ministerio de Energía publicó hace dos semanas la resolución 97 que establece que esa deuda se cancelará en 30 cuotas mensuales a partir de enero de 2019. La norma otorgó un plazo de 20 días a las petroleras —YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía, entre otras— para que acepten la propuesta del Ejecutivo.
La mayoría de las empresas prevé avalar el ofrecimiento. Pero, desde la óptica de los privados, resta definir un punto central: cómo pagarán impuestos sobre ese beneficio económico no percibido. Las petroleras entienden que lo lógico sería el Gobierno reclame el pago del Impuesto a las Ganancias sólo en la medida que el Estado avance efectivamente con el pago de las cuotas previstas en la resolución 97 de la cartera que dirige Juan José Aranguren.
En rigor, como la cancelación de la deuda del Plan Gas se extenderá entre enero de 2019 y junio de 2021, las petroleras pretenden que se aplique el criterio de devengado exigible para que la AFIP acceda a diferir el cobro de Ganancias al ritmo del plan de pagos elaborado por Energía. De no acceder a ese pedido, las petroleras deberían liquidar el impuesto en el período fiscal actual, una vez que firmen el acuerdo de liquidación en cuotas que propuso el Ministerio de Energía.
“El costo financiero de adelantar impuestos en 2018 por ingresos que recién se terminarán de abonar a mediados de 2021 sería demasiado alto”, advirtieron a EconoJournal desde una productora de gas. Las empresas mantienen una negociación abierta con la Subsecretaría de Hidrocarburos, que dirige Marcos Porteau, y con el Ministerio de Hacienda para alcanzar a una solución, que —se estima— debería concretarse en los próximos 10 días.
