Tras la fuerte polémica pública generada a fines del año pasado por la inclusión de un artículo en el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 que condonaba una deuda de alrededor de $ 20.000 millones contraída por distribuidoras eléctricas con el Tesoro nacional durante los años 2014 y 2015, el Ministerio de Energía congeló el tema y lo sacó de agenda durante todo el primer semestre del año.
Finalmente, el Ejecutivo modificó la redacción final del texto de ley para que la cancelación de ese rojo acumulado por las eléctricas se dirima en una negociación entre el Ejecutivo, las empresas y las gobernaciones provinciales a través de sus entes reguladores. Lo que está claro, a esta altura, es que la posibilidad de que el Estado condone totalmente esa deuda está abortada. Habrá que buscar una solución parcial.
En esa dirección, en los últimos 10 días se reflotaron –después de un silencio de más de seis meses- las negociaciones entre las principales distribuidoras eléctricas y el Gobierno para encontrar una solución al diferendo antes del 31 de diciembre de este año. Ese día finaliza la emergencia eléctrica decretada por el presidente Mauricio Macri para resolver la delicada herencia del sector recibida del gobierno anterior. El ministro Juan José Aranguren quiere llegar a esa fecha con el asunto resuelto.
La complejidad del tema no sólo radica en el elevado monto en discusión, sino también en satisfacer los intereses de los involucrados. Concretamente, la deuda de las distribuidoras –que se acumuló entre 2014 y 2015 como resultado del congelamiento de las tarifas eléctricas, que erosionó los ingresos de ese grupo de empresas y motivó que muchas dejaran de pagar la energía que tomaban del sistema- es con Cammesa, la compañía mixta que administra el mercado eléctrico mayorista. En rigor, las empresas generadoras –un segmento liderado por Pampa Energía, Enel, Central Puerto, AES y Albanesi, entre otros- son los acreedores finales de parte de esa deuda.
“Hay que buscar un acuerdo que cubra las expectativas de los acreedores, que son los generadores, y las empresas distribuidoras, que argumentan que dejaron de pagar la energía a Cammesa por una razón de fuerza mayor que las excede como el congelamiento tarifario que aplicó el kirchnerismo”, explicaron a EconoJournal allegados al Ministerio de Energía. Si bien de las reuniones preliminares con representantes privados participó Alejandro Sruoga, secretario de Energía Eléctrica, la centralidad del tema en la agenda del Ministerio hace que Aranguren siga en tiempo real las negociaciones. La principal espada del ministro en este entuerto es Juan Manuel Carassale, director de Legales del área.
Si bien el rojo de las distribuidoras -con EPEC, EPE, Edenor, Edesur, Edelap y Endemsa, entre las principales distribuidoras- asciende a $ 20.000 millones sumando capital e intereses al 31 de enero de 2016, el Ejecutivo estaría dispuesto a relegar parte de ese monto. No se trataría ya de un ‘perdón’ sino una quita en base a un cálculo específico en torno a cuánto habrían ganado las distribuidoras si el kirchnerismo hubiese respetado el marco regulatorio vigente y permitido un aumento de las tarifas en línea con la inflación. “Tenemos que evitar que las distribuidoras vayan a un tribunal internacional como el Ciadi a reclamar los activos regulatorios acumulados por el kirchnerismo, es decir, la plata que no cobraron porque el Estado no respetó las leyes argentinas”, admitieron allegados al ministro. “No vamos a condonar toda la deuda como se escribió en su momento. La redacción inicial del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, que iba en esa dirección, fue impulsada por el Frente Renovador y legisladores provinciales. El Ministerio no tuvo nada que ver con ese texto”, agregaron.
La negociación, entonces, parece ir camino a centrarse en torno a cuál es el costo de oportunidad que registraron los generadores por no cobrar en tiempo y forma la energía que vendieron a los distribuidores. “La mayor parte de los $ 20.000 millones, que corresponde al capital adeudado, ya fue cubierto por el Estado. Es decir, las generadoras ya cobraron una buena fracción del total adeudado”, señalaron las fuentes consultadas. “Lo que queda por discutir es cómo se cubre el costo de oportunidad por no haber podido invertir esos fondos si hubiesen tenido disponibilidad”, añadieron.
Determinar el valor de esa cifra es complejo porque intervienen una serie de variables que descartan un cálculo lineal, aunque la negociación seguramente pivoteará sobre la tasa de interés que habrían ganado los generadores si hubieran podido colocar ese monto en un título o bono de inversión.
Según un relevamiento realizado por EconoJournal entre cinco fuentes sin contacto entre sí, esa cifra oscilaría entre los 5000 y los 8000 millones de pesos. “De esa discusión surgirá el monto que deberán integrar las distribuidoras. Lógicamente, el número final estará atado al plazo de cancelación. Cuanto más rápido se salde la deuda, más grande será la quita que se podrá negociar con los acreedores”, explicó el presidente de una de las mayores generadoras de la Argentina, que pidió la reserva de nombre.
“Es un tema que avanza lento pero es importante resolverlo así que se tomó la decisión de reactivar las tratativas con las empresas”, indicaron allegados a Aranguren.
