El 1° de enero de 2018 entrará en vigencia el nuevo programa de estímulo a la producción de gas no convencional. La iniciativa –asentada en la resolución 46/2017 del Ministerio de Energía- es el instrumento que ideó el Gobierno para incentivar la llegada de inversiones a Vaca Muerta en los próximos cuatro años. En términos conceptuales, el plan funciona como un seguro de precios que garantiza que las petroleras cobrarán hasta 2021 entre 7,50 y 6 dólares por millón de BTU por el gas extraído desde yacimientos no convencionales.

De fondo, la Casa Rosada busca generar confianza entre los inversores sobre la permanencia a futuro de precios competitivos para el gas de Vaca Muerta. En ese sentido, la resolución 46 que redactó el equipo del ministro Juan José Aranguren es la continuidad del Plan Gas creado en 2013 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Ese programa –cimentado en la resolución 1/2013 de la ya extinta Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas- prevé el pago, a través de subsidios directos del Tesoro, de hasta US$ 7,50 por MMBTU para las petroleras que hayan mantenido o elevado su producción del fluido con relación a la oferta base de 2012.

Lo curioso es que el Ejecutivo dejó de pagar los subsidios correspondientes hace ya casi un año. La deuda con las grandes productoras del recurso –entre las que se destacan YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total, la alemana Wintershall y Petrolera Pampa, brazo petrolero de Pampa Energía- ya supera los US$ 1000 millones, según indicaron a EconoJournal tres ejecutivos de máximo nivel de la industria, sin contacto entre sí. Desde el Ministerio de Energía evitaron realizar comentarios sobre el tema.

“Es extraño que el Gobierno quiera generar confianza entre los inversores al mismo tiempo que acumula una demora de 11 meses en los pagos de las compensaciones correspondientes al Plan Gas”, analizó un encumbrado directivo del sector.

Por ser la mayor productora de gas del país, y la que más inversión en campos gasíferos impulsó en los últimos años, YPF es la empresa más perjudicada. A principios de agosto, Daniel González, CFO de la petrolera bajo control estatal, indicó a teleconferencia con inversores que la deuda por el Plan Gas ya equivalía a 10 meses de atraso.

La situación se repite entre el resto de las grandes productoras. “Podemos decir que, en este punto, el Ejecutivo tiene un abordaje solidario, la demora es común para todas”, respondió, irónico, el gerente de otra petrolera perjudicada.

Si bien no hubo respuesta oficial que justifique la demora en los plazos de pago, en la industria interpretan que responde a la delicada situación fiscal del Tesoro, con un déficit cercano a 5 puntos del PBI. Desde la óptica de los privados, es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está pisando los pagos. 

Las petroleras están acostumbradas a lidiar con un delay de cinco o seis meses –los trámites de acreditación en el Ministerio de Energía son engorrosos-, pero es la primera vez que el atraso alcanza esta magnitud.

“No hay explicación salvo que obedezca a la compleja situación fiscal nacional. No es lógico ni razonable”, explicaron desde otra productora.

A esta altura, la demora del Gobierno terminará impactando a la baja sobre la inversión real en los yacimientos. Los desembolsos totales para este año de las petroleras suman US$ 6600 millones, según datos publicados por Energía. De ese número, la inversión en proyectos de gas ronda los US$ 3500 millones. La deuda por los subsidios impagos del Plan Gas ya representa casi un 30% de esa cifra. “Estamos financiando las inversiones planificadas porque queremos cumplir con los compromisos asumidos, pero a la larga es imposible que las empresas no adopten una postura más cauta en cuanto a la inversión porque, básicamente, el Estado no está cumpliendo con su parte”, razonó una de las fuentes consultadas.