Esta determinación se tomó tras la intención del bloque europeo de clasificar a la soja argentina como un insumo de “alto riesgo” ambiental. Las provincias sostienen que si esa propuesta prospera constituiría una barrera paraarancelaria injustificada que busca vetar las exportaciones de biodiésel, poniendo en riesgo un mercado de US$400 millones anuales
