Un informe sectorial de ADELAT y el BID revela que la región pierde el 17% de su generación eléctrica por ineficiencias y derivaciones ilegales. Con un costo que llega a los US$16.600 millones anuales, las empresas distribuidoras buscan pasar de los barridos aleatorios a una gestión del riesgo basada en datos, tecnología y planes de inclusión social.