El Gobierno nacional finalmente le bajó el pulgar a uno de los planteos más disruptivos que habían puesto sobre la mesa las provincias petroleras, que apuntaban que la discusión por la redacción de la Ley Bases le abriera la puerta a introducir un cambio sustancial en la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) que regula las concesiones de petróleo y gas. En concreto, las gobernaciones hidrocarburíferas —con Neuquén a la cabeza— pretendían que cuando una empresa petrolera con intereses en Vaca Muerta pidiese la conversión de una concesión convencional a otra no convencional, la provincia pudiese relicitar la primera a un operador diferente para facilitar la continuidad de la inversión en campos maduros.

Eso implicaría, por ejemplo, que si YPF pidiera la reconversión como una concesión no convencional de Loma La Lata, uno de sus principales bloques convencionales cuya titularidad expira en 2027, para llevar adelante un proyecto de desarrollo en la formación Vaca Muerta, Neuquén podría recuperar para sí la posibilidad de reconcursar entre otras compañías la explotación de horizontes geológicos convencionales. Para eso, el Ejecutivo debía promover a través de la Ley Bases la coexistencia en una misma área de dos empresas productoras, una encargada del desarrollo de Vaca Muerta y otra de yacimientos convencionales.

El planteo de las provincias se explica en los números de Neuquén, que es la provincia cuya producción convencional más declinó en los últimos años, precisamente porque las empresas productoras prefirieron redireccionar sus esfuerzos de inversión hacia proyectos en Vaca Muerta y desatendieron el desarrollo convencional de los bloques, según interpretan fuentes provinciales. Sin embargo, aunque escuchó la propuesta de la Ofephi, finalmente el Ejecutivo no hizo lugar al pedido de las provincias petroleras y mantuvo el statu quo vigente, en línea con lo que defendían los concesionarios privados.

Derrotero

Entre las idas y vueltas que tuvo desde diciembre a la fecha, el texto del proyecto de Ley Bases pasó varias modificaciones en su redacción. En el marco de esos acuerdos, las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) lograron modificar 49 artículos, derogar nueve e incorporar dos nuevos, según pudo confirmar este medio de fuentes oficiales.

Entre los cambios había un especial interés de las provincias petroleras en aplicar una reforma al artículo 27 bis de la ley de Hidrocarburos 17.319 que les permitiera la posibilidad que las formaciones geológicas convencionales que queden dentro de un área reconvertida a no convencional, puedan volver a sus manos y así, volver a licitarlas. De esta forma, se agilizarían nuevas inversiones en la actividad convencional y se aprovecharía mejor la ventana que ofrece el mercado global.

Actualmente, el artículo -que en la ley Bases se expresa en el 156°- establece que “el concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no convencional”, previa presentación de un plan piloto. Esto le permite a las compañías sostener una nueva concesión por 35 años y desarrollar en paralelo los dos tipos de explotación. A su vez, la zona no reconvertida de esa área en cuestión sigue teniendo el plazo de concesión preestablecido.

La ley establece que tras la reconversión, el titular del área puede desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, pero no lo obliga a hacerlo.

“No se rompe la seguridad jurídica”

Una fuente provincial pidió reserva aseguró que el artículo 27 bis “sirvió para facilitar los primeros 10 años de desarrollo de Vaca Muerta ya que, además de darle la concesión no convencional, la compañía puede seguir llevando adelante la convencional sin comprometer inversiones”.

Según afirmó, en los hechos muchas empresas prefirieron abocarse a la producción del shale o tight dejando de lado esas áreas: “La realidad es que lo que termina pasando es que muchos abandonan la explotación convencional porque no son tan rentables como Vaca Muerta”, aseguró.

Para evitar esa situación, las provincias solicitaron este cambio a Nación con lo cual podrían volver a disponer en su dominio de las áreas convencionales y permitir traccionar nuevas inversiones de compañías más pequeñas en esos campos maduros. Entre los principales argumentos esgrimidos en esas rondas de negociaciones, los referentes de las provincias afirmaron que esta modalidad de explotación de doble horizonte mantendría los plazos de concesión ya establecidos y “no rompería la seguridad jurídica”.

La reforma del 27 bis, pedida por la Ofephi, había logrado incorporarse en el texto anterior al que obtuvo media sanción de Diputados, el pasado 30 de abril. Sin embargo, fue dejada de lado en el proyecto aprobado.

“En un momento la Secretaría de Energía lo había aceptado, se incorporó en el borrador de marzo y en abril, por las fuerzas del cielo, volvió para atrás”, ironizó la fuente consultada.

“Lo que planteamos fue que nos dejen disponer de los convencionales sin interés y que convivan en la superficie porque no vemos inconvenientes en eso. Hay ejemplos de empresas que lo han hecho como acuerdos privados”, agregó en referencia, por ejemplo, a la decisión que tomó Vista, que transfirió la explotación convencional de sus bloques a la empresa Aconcagua Energía a fin de concentrar sus esfuerzos de inversión en Vaca Muerta.

Durante el evento Vaca Muerta Insights, organizado por este medio, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, había expresado su interés en aplicar este cambio a la Ley Bases y había afirmado que era esencial para lograr “monetizar Vaca Muerta”.

“Tenemos una ventana de tiempo y en esa ventana tenemos que otorgar todas las condiciones para que las inversiones vengan y operativamente se puedan extraer los recursos del subsuelo. Poder licitar por capas (formaciones u horizontes geológicos) es fundamental para ganar tiempo”, había manifestado el mandatario neuquino.

Además de evitar el abandono de pozos, esto permitiría abrir el juego a otras empresas interesadas en áreas más pequeñas o con menor rentabilidad, como así también, compartir costos de superficie, mantenimiento de caminos, uso de instalaciones o pago a los superficiarios.

49 artículos

Desde el primer texto de la Ley Bases al actual, se realizaron a pedido de las provincias petroleras al menos 49 reformas a artículos referidos a hidrocarburos y comprendidos dentro del Título VIII de Energía.

En enero, los gobernadores patagónicos -Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Zilliotto (La Pampa)- habían expresado tras una cumbre en Villa La Angostura su preocupación por las modificaciones impuestas en el texto original.

Entre éstas, reprocharon que se daba al Poder Ejecutivo atribuciones delegadas a las provincias tras la Constitución de 1994 y garantizadas en la Ley 26.197 (Ley Corta), se modificaban cánones de exploración y explotación o se daba la posibilidad de incrementar al 15% las alícuotas de exportación.

En ese momento, los mandatarios convocaron a la Ofephi para trabajar en subsanar en el texto aquellas diferencias que finalmente fueron tenidas en cuenta luego de varias negociaciones: “Se trabajó bastante en la revisión y en ajustar lo que correspondía sobre autoridades de aplicación nacional o provincial, aunque no tomaron lo que pedimos del 27 bis”, confirmó un integrante de la organización.