Los productores agrupados en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), cámara histórica del sector que nuclea a las principales empresas del área energética, rechazaron la decisión del gobierno de cancelar la deuda de US$ 1200 millones que acumuló Cammesa entre diciembre y enero con un bono a 2038 (AE38) que cotiza un 50% bajo la par.

Aunque algunos de los referentes de la industria como YPF y Pluspetrol ya empezaron a firmar el acuerdo de reestructuración que propuso el gobierno, por lo que comenzaron a cobrar la transacción de Cammesa correspondiente al mes de febrero, el resto de los productores —entre los que figuran TotalEnergies, Tecpetrol, Pampa Energía, Wintershall Dea, CGC y Capsa-Capex— rechazaron la oferta del gobierno, al igual que lo hicieron ayer las mayores generadoras de energía nucleadas en Ageera.

A través de una carta firmada por Carlos Ormachea, presidente de la CEPH, que responde a la resolución 58/24 mediante la cual el ejecutivo le dio ultimátum de cinco días hábiles para que las petroleras acepten la propuesta, las compañías petroleras advirtieron que la normativa afecta a los derechos contractuales de los productores al amparo de los contratos celebrados con Cammesa en el marco del Plan Gas. Y que además afecta a su derecho de propiedad.

En la misiva dirigida al ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo; y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; también señalaron que “la alteración, de manera unilateral por parte de la Secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones”.

Riesgos

En esa misma línea, las empresas nucleadas en la CEPH aseguraron que a través de esta medida impulsada por el gobierno “se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector”.

También, que la conducta del Estado Nacional y la instrucción que imparte a Cammesa viola los contratos celebrados por los productores, de los términos del Plan Gas.Ar, debido a que Cammesa adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023.

“Resulta altamente cuestionable y preocupante que la resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica)”, cuestionaron en la carta.

Plan Gas

Por último, desde la CEPH señalaron que el Plan Gas generó las condiciones para que se lleven adelante inversiones a través de mecanismos de contractualización para las entregas de gas natural a mediano plazo, y que, al mismo tiempo, ha generado un complejo de obligaciones y derechos en cabeza, tanto del Estado Nacional como de los productores adjudicatarios. Frente a esto, aseveraron que “resulta preocupante que la resolución no sólo omita los términos del Plan Gas.Ar, sino que adicionalmente no determine propuesta de pago alguna para las compensaciones que adeuda el Estado Nacional a los productores bajo ese esquema, las cuales se encuentran pesificadas vencidas con mora en algunos casos por más de 18 meses”.