El margen de distribución de Rendengas, la empresa que está a cargo del servicio de gas natural en la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos, aumentó cerca de un 200% según se desprende de una lectura teórica de los nuevos cuadros tarifarios que entraron en vigencia a mediados de mayo. Ese porcentaje está muy por encima del promedio que el Enargas autorizó para el negocio de distribución a nivel nacional. Por ejemplo, Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, las cuatro principales firmas del segmento, recibieron en mayo un incremento que osciló entre un 105% y un 114%.

Consultado por este medio, Alberto Gutiérrez, presidente de Redengas, relativizó la magnitud del aumento otorgado. En esa dirección, aclaró que como la gran mayoría de los 62.000 usuarios de la empresa son hogares categorizados como Nivel 2 y Nivel 3 (bajos y medios, respectivamente, según la segmentación que aplicó el gobierno), por lo que siguen recibiendo una factura altamente subsidiada, el incremento real de los ingresos de la compañía ascendió al 161 por ciento.

A ese porcentaje hay que sumarle, a su vez, el impacto en caja de la empresa generado por el incremento de la tarifa de transporte de gas incluida en los cuadros de Redengas, que fue más alto que la media de la industria. «La empresa no sólo se benefició por el alza del margen de distribución que le reconoció el Enargas, sino que también muy probablemente capture una parte de la suba de la tarifa de transporte que está incluido en los nuevos cuadros», explicó un especialista que pasó por la función pública.

Esa situación terminó de configurar que Redengas —que es propiedad de dos firmas italianas, Trade Construction y Eridamo, que en el país operan a través de dos subsidiarias, Inversora de Energía y Ambiente y Gas de Entre Ríos— obtuviera en mayo una recomposición de sus ingresos que casi duplica al que recibió la mayoría de las distribuidoras.

“Es una medida provisoria que se revisará en octubre o noviembre, una vez que se avance con la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Los nuevos cuadros de Rendengas no fueron recurridos por ningún usuario o por otra distribuidora. Si alguien lo hiciera revisaríamos de nuevo los números e incluso podríamos tirar para atrás el aumento”, reconocieron allegados al Enargas.

Clave de lectura

El de Redengas es un caso con ramificaciones oblicuas. La compañía, en rigor un jugador pequeño del sistema, acaba de recibir la recomposición de ingresos más elevada que otorgó el Enargas durante el gobierno del Frente de Todos. Pero, en lugar de matizar sus reclamos contra el Estado, la firma está terminando de definir los detalles de una demanda judicial por $ 1200 millones por los daños y perjuicios generados por una decisión del ente regulador entre 2016 y 2019.

Lo usual, cuando se resuelve un diferendo con un privado que viene de años, es que el Ejecutivo aspire a saldar la cuestión histórica para no dejar cabos sueltos. No fue lo que sucedió en esta oportunidad. Gutiérrez adelantó que la denuncia podría presentarse en sede judicial dentro de dos semanas porque el reclamo administrativo presentado en la Secretaría de Energía no prosperó.

«En 2016, la intervención del Enargas se equivocó al calcular nuestra tarifa. Cuando asumió el nuevo Directorio encabezado por (Mauricio) Roitman, el ente reconoció su error, pero llevó tiempo que los gerentes del organismo quisieran firmar la rectificatoria», señaló el titular de Redengas a EconoJournal. En los considerandos de la resolución 675/2019 con la que corrigió su falla metodológica, el Enargas admite que sobreestimó el nivel de demanda de gas y la cantidad de usuarios de Redengas. El organismo culpó al consultor que había contratado. «A fin de elaborar la proyección de demanda por tipo de usuario (…), el modelo del consultor estimó los consumos medios de Redengas utilizando la información de la prestadora Gas NEA, en contraposición a lo que hubiera sido deseable, es decir, utilizar la información de Redengas», se lee en esa normativa.

De forma previsible, desde el Enargas se plegaron a la línea argumental de la empresa y aseguraron que el reconocimiento de una tarifa más alta que la del resto de las distribuidoras apunta a subsanar esa falla que viene de años.

Ad hoc

La decisión del organismo rompió la frágil armonía que existía entre las empresas de la industria del gas, que en buena medida se apoyaba sobre la base de compartir, sin hacer diferencias individuales entre privados, la discrecionalidad con la que el gobierno de Alberto Fernández gestionó los esquemas tarifarios durante los últimos tres años y medio. Las distribuidoras no recibieron aumentos en 2020 (el año más duro de la pandemia) y recién en 2021 pudieron actualizar sus ingresos un 25% y en 2022 otro 45%, siempre por debajo de la inflación.

Esos números se definieron políticamente, de forma discrecional. Pero sí se respetó un sistema de acuerdos que se basó en aplicar el mismo aumento para todas las distribuidoras en función de sus tipos de usuarios. La diferencia entre cómo cada empresa pudo recomponer su margen se definió a partir de cuántos usuarios residenciales, que pagan facturas más bajas, e industrias, que abonan más, existan en cada territorio. Esa norma no escrita, que trabó una especie de solidaridad tácita entre las empresas, se incumplió tras la decisión del Enargas de autorizar una suba para Redengas que casi duplica el recibido por los principales jugadores del mercado.

¿Cómo Redengas, una subdistribuidora que no tiene base tarifaria propia (*), logró que el gobierno le reconociera una mejora en su negocio regulado más alta que la que percibió el resto?

Desde el ente regulador explicaron, en primer lugar, que se buscó subsanar la irregularidad que se arrastraba desde la RTI de 2017. Especialistas consultados por este medio indicaron, sin embargo, que esa falla ya estaba salvada en 2019. Pero desde Rendengas alegan que la corrección fue insuficiente. «A diferencia del resto de las empresas, nosotros no percibimos las asistencias financieras que otorgó el Estado en 2015 y 2016 para que las distribuidoras puedan cancelar sus deudas con los productores. Después, en la RTI de 2017, cuando se reconoció un aumento de las tarifas equivalente a multiplicar por 33 la base de capital de cada distribuidora, el promedio de aumento fue del 36%, pero a nosotros nos otorgaron una suba de tarifas del 3%», indicó Gutiérrez. «No por nada fuimos la única empresa que iniciamos un reclamo administrativo contra el Estado. Nadie más lo hizo», agregó.

Pese a todo, la incapacidad de procesar el mecanismo —y el malestar subyacente— con la que el Enargas saldó la cuestión Rendegas aflora, desde hace un par de semanas, en muchas charlas informales con directivos y especialistas de la industria del gas.

El ruido empezó, ahora, a repercutir en la política. La semana pasada, diputados de la oposición presentaron dos pedidos de informe en el Congreso para pedir que algún funcionario de Energía explique por qué las tarifas residenciales de Redengas aumentaron, en términos relativos, más que en el resto del país. Los documentos cuentan con las firmas de varios referentes de Juntos por el Cambio como Rogelio Frigerio, Margarita Stolbizer y Martín Tetaz, entre otros.

Cambio de jurisprudencia

Si desde lo cuantitativo el aumento otorgado a Redengas rompió la endeble armonía sistémica que existía entre los privados, desde lo normativo la suba dejó mucha tela para cortar entre expertos regulatorios del mercado gasífero. En la práctica, el Enargas llevó adelante un proceso de igualación que consistió en reconocerle a Redengas los cuadros tarifarios que cobra Gas NEA, la distribuidora de cabecera de Entre Ríos que brinda el servicio de gas natural en toda la provincia con la excepción de Paraná, que históricamente estuvo en manos de Redengas, que se creó casi en forma simultánea con la privatización de Gas del Estado en 1992. En atención a los rasgos específicos de Redengas, el Enargas siempre calculó un cuadro tarifario aparte para la compaía. Al ser considerada como una subdistribuidora sin distribuidora de cabecera, sus tarifas eran diferentes a las de las nueve distribuidoras nacionales.

Ahora, para homologar el cuadro de Gas NEA, el Enargas modificó la jurisprudencia construida en el pasado. ¿En qué consistió ese cambio? Desde los inicios de su operación, Redengas fue considerada por el ente regulador como una subdistirbuidora ad hoc con ciertas particularidades. Por ejemplo, a diferencia de otras subdistribuidoras, la empresa cuenta con una red de transporte propia que fue construida en los ’90 y ya está amortizada.

Al reconocerle el mismo costo de transporte que percibe Gas NEA, fuentes privadas consultadas por este medio acusaron al Enargas de transferirle un ingreso extra a Redengas. La subdistribuidora debería pagarle a Gas NEA ese cargo extra en forma de una tarifa especial (SDB), pero en la práctica es difícil de controlar que se cumpla con ese encadenamiento. Algo similar sucede con el precio del gas, que también es más alto que el que se cobraba a los usuarios hasta fines de mayo. «La decisión de homologar el cuadro tarifario de Gas NEA fue, en realidad, la excusa regulatoria que se encontró para aumentar los ingresos de Redengas», sostuvo un experto regulatorio que durante año integró el directorio de una distribuidora.

“Es cierto que Redengas se benefició de cobrar en su tarifa un mayor costo de transporte, pero al mismo tiempo cuando se vio perjudicado por la aplicación de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s) que le corresponden a Gas NEA”, señalaron desde el ente regulador. La discusión de fondo en torno a las DDA’s, no obstante, lleva más de tres años sin saldarse y se retomará recién cuando concluya la nueva RTI. Por eso, no está claro que pueda corregirse en los próximos seis meses. «El ingreso por percibir una mayor tarifa de transporte queda casi neutralizado por el impacto de las DDA’s sobre nuestros ingresos. No es cierto que tengamos un ingreso adicional sustancial por ese ítem», señaló Gutiérrez.    

Segunda línea

Las especulaciones y lecturas críticas hacia el accionar del Enargas se alimentaron también desde lo formal. El dictamen técnico y la nota aclaratoria que escribió el ente regulador para avalar el aumento de los cuadros de Redengas no fueron rubricados ni por el gerente de Desempeño y Economía, Fabián Bello, ni por la gerenta de Legales, Carolina Guerra Biancotti.

Bello pidió licencia hace 20 días para atender una situación personal vinculado a la salud de un familiar cercano y Biancotti se encontraba de vacaciones fuera del país al momento de la firma. En su lugar, los expedientes administrativos fueron suscriptos por dos directivos que se sumaron al ente regulador en mayo.

Fuentes privadas afirmaron a EconoJournal que algunos cuadros técnicos del Enargas habían elaborado un pre-dictamen técnico que recomendaba no igualar el cuadro de Redengas con el de Gas NEA. El texto, sin embargo, fue descartado por la conducción política del ente regulador. Con ese mar de fondo, la ausencia de Bello y de Guerra Biancotti fue interpretado por directivos de empresas gasíferas como un intento de auto-preservación.

Desde el ente regulador niegan esa versión. Y reafirman que el cuadro tarifario de Redengas es provisorio y se revisará en los próximos meses. Habrá que esperar hasta fines de noviembre, en el cierre del gobierno de Alberto Fernández, para intentar entender dónde está la verdad.

*Con posterioridad a la publicación de esta nota, desde Redengas se comunicaron con este medio para aclarar que Redengas sí cuenta con una Base Tarifaria propia, que al 31 de diciembre de 2022 estaba valuada en el orden de los $ 3.900 millones (a moneda de esa fecha).