Las empresas productoras de crudo del sur de Chile, fundamentalmente GeoPark y FDC-una empresa de capitales argentinos que adquirió las áreas de YPF en el sur del país vecino-, paralizaron su producción. La decisión radica en la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el precio del crudo con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
Esta situación se debe a que Enap -que lleva adelante el proceso de refinación- tomó la decisión de comenzar a abonar un precio menor por el petróleo que se produce localmente. Les ofreció a las productoras Brent a menos 25 dólares, es decir, US$ 56 por barril, cuando su cotización es de US$ 81.
Ante esta medida, las productoras decidieron frenar la producción puesto que estos valores no resultan rentables. Sobre todo, teniendo en cuenta que, si Enap tiene que importar petróleo, no abona el Brent sino el Brent más US$ 5, lo que arroja un total de US$ 86 por barril, 30 dólares por encima de lo que le paga a las petroleras locales.
La situación de FDC
La productora FDC realizó la inversión de compra en 2021, adquiriendo los activos que estaban bajo la órbita de YPF. Se trata de pozos de petróleo y gas ubicados en el bloque San Sebastián.
Frente a esta adquisición, el estado chileno analizó durante un año la validez de la transacción a través del Ministerio de Energía y de la Contraloría General de la República, quienes dieron certeza a la operación a través del proceso de aprobación que culminó con la Toma de Razón en septiembre de 2022.
No obstante, y a pesar de que FDC recibió a la totalidad del personal, las instalaciones y los pozos de YPF, desde septiembre del 2022 no ha podido vender su producto porque las gestiones para celebrar el contrato de venta no han avanzado, y no han recibido respuesta por parte de Enap.
A través de un comunicado, la empresa afirmó que el crudo que producen “es similar al de ROCH, empresa petrolera argentina a la cual Enap actualmente compra un volumen diario similar al que pueden proveer los pozos de FDC”. En ese sentido, desde la productora exigieron que el Estado proteja la inversión y desarrollo local “brindando seguridad jurídica, y dando certeza a los contratos”.
