El mundo habla de la transición energética y traza planes para descarbonizar la economía en el mediano plazo. “Net zero” es ahora un hashtag universal y un objetivo corporativo global. Argentina, en lugar de ocupar el rol central que podría tener, aparece más como un espectador del proceso: el país tiene los recursos naturales y el potencial humano, pero también falencias institucionales, macroeconómicas y de seguridad jurídica que neutralizan ese potencial. 

No es un secreto que la transición energética requiere enormes inversiones, con un gran componente de inversión externa. Los Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030, aprobados en octubre de 2021, reconocen la necesidad de millonarias inversiones para alcanzar una generación renovable del 30% de la demanda eléctrica en 2030 (una inversión total de aprox. US$ 13.970 millones, de los cuales aprox. US$ 6.670 millones son requerimientos de divisas). Esa cifra solo mira la inversión en generación renovable, sin considerar otras inversiones asociadas a la transición energética como el incremento de la producción de gas natural (“el” combustible de la transición), desarrollo de gasoductos, construcción de infraestructura portuaria, desarrollo de proyectos de GNL, ampliación de la red de transmisión eléctrica, inversiones en generación y transporte eléctrico y en plantas de producción asociadas al desarrollo del hidrógeno verde, etc. 

Las grandes inversiones que cada tanto se anuncian en los medios van a paso más que lento, esperando a ver si, y cómo, avanzan los cambios fundamentales que debe hacer la Argentina para que esos proyectos se concreten. En el interín, las únicas inversiones en energía e infraestructura que se realizan en el país son inversiones estatales o inversiones de empresas locales o extranjeras ya radicadas en la Argentina que deciden reinvertir una parte de los pesos que tienen atrapados en el país desde hace tres años como manera de mitigar parcialmente el impacto de la pérdida de valor de la moneda local. Esos pesos, empero, son insuficientes para cubrir las demandas de la transición energética (y, en general, del desarrollo del país) que requieren de inversión externa y divisas que el país no posee y que le está costando generar hace varios años. 

Sin embargo: ¿qué inversor extranjero va a invertir en un país que al mismo tiempo que le dice que lo recibe con los brazos abiertos, le informa que no va a permitirle repatriar su inversión? Ningún roadshow en el exterior, por más presentaciones y proyecciones que incluya, puede revertir fácilmente el historial de un país que cambia todos los días las reglas del juego, especialmente en materia cambiaria. 

Por otra parte, en el afán de restringir la demanda de divisas, la Argentina entierra sus chances de generarlas. Argentina quiere convencer al mundo de ser un destino para sus inversiones y, al mismo tiempo:

• No devalúa formalmente, pero “ofrece” un abanico de tipos de cambio legales, algunos creados por el mercado y muchos otros por el propio gobierno (dólar oficial, dólar solidario, dólar tarjeta, dólar soja y dólar bolsa, dólar Netflix, dólar tecnológico, dólar Qatar y dólar Coldplay, entre otros) y una brecha abismal. 

• Obliga al exportador a liquidar sus divisas al tipo de cambio oficial pero también le limita sustancialmente el acceso al MLC para compras de bienes y servicios necesarios para continuar su actividad generadora de divisas. 

• Le dice al inversor extranjero que, como regla, sólo puede transferir al exterior una parte limitada de las utilidades de su inversión (30% de los aportes de capital ingresados vía MLC desde enero 2020) y que no puede repatriar nada de lo invertido con anterioridad. 

• Le dice al inversor extranjero que no puede recuperar el capital de préstamos efectuados antes de octubre de 2020 a su sociedad local. Respecto de los financiamientos anteriores a octubre 2020 también les dice a bancos del exterior y bonistas internacionales que solo podrán cobrar el 40% del capital y que deben aceptar refinanciar a dos años el 60% restante. Si bien Argentina promete que esta restricción no aplica a los nuevos préstamos, todos se preguntan qué pasará con aquellos nuevos préstamos ante la próxima crisis de reservas que sufra el país.

• Limita sustancialmente la capacidad de las empresas locales de pagar servicios al exterior, aplicando cupos anuales que no tienen en cuenta la realidad empresaria, especialmente para proyectos nuevos; y hace que el pago de importaciones de bienes, muchos de los cuales son indispensables para el desarrollo local, se transforme en una gesta imposible. En la actualidad un importador debe superar 5 niveles de restricciones para poder pagar importaciones vía el MLC (CEF, requisitos generales de acceso al MLC, SIRA (ex SIMI) y plazos mínimos de repago, cupos y restricciones adicionales “temporarias” sobre las anteriores).

Además, todas estas reglas, condiciones y restricciones cambian de semana a semana al ritmo de la suerte de las magras reservas del BCRA, con cambios intempestivos y mecanismos de excepción y excepciones de las excepciones, que complican la operatoria, dejan lugar a cierta discrecionalidad y generan un halo de desconfianza en el sistema.

Por diversos factores, la creación de regímenes promocionales en materia cambiaria no fue suficiente para revertir la desconfianza. Primero, los regímenes creados desde 2020 no aseguran al inversor la libre disponibilidad de divisas de su inversión. En el mejor de los casos, se le permite utilizar en el exterior una parte de las divisas para fines pre-autorizados. En los demás casos, se sigue exigiendo al inversor liquidar al tipo de cambio oficial sus exportaciones y se le “promete” que tendrá acceso al MLC para ciertos fines pre-autorizados (que excluyen el pago de importaciones, pago de servicios o la posibilidad de invertir en el exterior, entre otros), obligándolo a confiar en que – llegado el momento – el acceso al MLC será respetado por la misma autoridad que muchas veces se lo negó a pesar de haber cumplido con todas las condiciones vigentes al momentos de realizar la inversión. 

Segundo, el inversor tiene cierto temor sobre si se cumplirá con el régimen promocional. Motivos no faltan. Alcanza con recordar la actitud oficial en 2002 frente a los beneficios otorgados en 1989 a los productores de hidrocarburos, o reparar en que a pesar de haber realizado tiempo atrás las inversiones exigibles bajo el régimen promocional del Decreto 929/13, recién se reconoció formalmente el carácter de beneficiaria de Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L en septiembre de este año. Además, vinculado con lo anterior no existe protección en materia de estabilidad de los beneficios. La mayoría de los regímenes fue aprobada por decreto o normas del BCRA que fácilmente son reemplazables por otras y, salvo por el Decreto 234/21, ninguno establece un compromiso firme y expreso de estabilidad. 

Al hablar con inversores extranjeros, incluso quienes tienen o han tenido actividad en el país, el tema cambiario se ha transformado en uno de los focos centrales de sus preocupaciones. Quien invierte en un país, aun cuando lo haga en proyectos de largo plazo, quiere tener la seguridad de que podrá repatriar las utilidades de su inversión. Necesita tener la certeza de que podrá pagar las importaciones necesarias para concretar el proyecto y que el costo del financiamiento no se verá impactado por el temor del prestamista a no poder recuperar el capital prestado o a un cambio constante de las reglas de juego. Por razones similares, los inversores locales también dudan en encarar proyectos de envergadura. Si bien puede no estar presente la preocupación sobre la repatriación de la inversión, sí comparten los temores respecto de los problemas que el brutal cepo genera en el financiamiento, desarrollo y operación de los proyectos. 

Puede ser que los controles cambiarios busquen mitigar otro gran problema que tiene el país, como es la salida constante de divisas, consecuencia de la desconfianza que generan (puertas adentro y puertas afuera) malas decisiones políticas y económicas, incluyendo entre otras, el patológico y casi centenario déficit fiscal. Sin embargo, aunque cueste reconocerlo, hasta que Argentina no establezca un sistema cambiario uniforme, claro, no discrecional y estable, probablemente siga siendo un país con mucho potencial pero donde las inversiones y proyectos para hacer realidad ese potencial no se concretan y, mucho menos, resultan sostenibles en el largo plazo.