Luego de que el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, cuestionara la suba de tarifas que quiere aplicar el gobierno a partir de junio, funcionarios del Ministerio de Economía refutaron por escrito sus argumentos en dos documentos incorporados al material que se analizará en las audiencias públicas de la semana próxima.

Basualdo filtró a la prensa a mediados de abril los ejes más salientes de una nota interna (registrada con el número NO-32861807), que envió al secretario de Energía, Darío Martínez, en la que se opone al aumento de tarifas.

En su punto “3.7.d. – Impacto en subsidios”, el informe de Basualdo indica que, si se aplicaran las medidas previstas por Guzmán para reducir los subsidios a la generación eléctrica, sólo alcanzaría a recaudarse un monto máximo de 163.463 millones de pesos, valor que implicaría una reducción de subsidios de apenas un 13% para este año.

La respuesta llegó de parte del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quien aseguró que, lejos de ser despreciable, dicho ahorro sería sumamente valioso en términos de inversión social, productiva y de capital. El monto en cuestión, puntualizó el funcionario de Economía, podría servir para duplicar el incremento de la tarjeta Alimentar otorgado en mayo, financiar cinco meses del programa Potenciar Trabajo y seis meses de la ejecución correspondiente a la Asignación Universal por Hijo, brindar otros cuatro bonos a jubilados similares al anunciado en abril y cubrir un 98% del gasto en vacunas contra el Covid y las becas Progresar, entre otras opciones.

“Implicaría más del 100% del gasto de capital devengado por la Dirección Nacional de Vialidad a lo largo de 2021. Al mismo tiempo, dicho ahorro significaría casi duplicar la asignación otorgada en el 2021 para el programa REPRO”, completó Rigo.

Vale aclarar que aún si se aplica la suba de tarifas que propone Guzmán, para el 90% de los usuarios de luz y gas igual las tarifas caerán este año en términos reales porque la suba nominal se ubicará por debajo de una inflación que se proyecta en torno al 60% anual.

Sendero de mejora

Según el informe de Basualdo, “los incrementos propuestos, tanto para el segmento comercial como el industrial, atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.

En este caso el encargado de responderle fue el secretario de Política Económica, Fernando Morra. «Se considera que dicha afirmación no se desprende de la exposición realizada a lo largo del informe al tiempo que, al no considerar a la política tarifaría en el contexto más amplio de la política macroeconómica, ofrece conclusiones incorrectas», señala Morra, quien luego agrega: «Parece oportuno aclarar tanto las condiciones actuales en materia de recuperación económica como así también los objetivos de política y como la decisión política sobre la adecuación tarifaria se inserta en la misma, ayudando a los objetivos de recuperación de la actividad, la mejora en la equidad y la reducción de la tasa de inflación».

En ese sentido, Morra aseveró que deben analizarse las condiciones actuales en materia de recuperación económica, además de los objetivos de política y el modo en que la decisión sobre la adecuación tarifaria se inserta en la misma. “El país recuperó en un año todo lo perdido en la pandemia. Este proceso se espera que continúe en lo que va de 2022, con la estimación de un piso de crecimiento de alrededor de un 4%”, proyectó.

Apuntó también que este repunte tuvo un correlato positivo en los niveles de ocupación, los salarios y los principales indicadores socioeconómicos. “El Estado juega un rol central para sostener y apuntalar la recuperación, permitiendo consolidar un sendero de mejora en los ingresos con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad. Para que este sendero sea sostenible en el tiempo es necesario que sea acompañado de condiciones de consistencia que lo refuercen”, resaltó Morra.

La gestión estatal, describió, debe focalizarse en la instrumentación de medidas para ampliar y optimizar el gasto social, la administración tributaria y la política económica, con énfasis en el fortalecimiento de los sectores transables y la potenciación de la competitividad. Es por ello, expuso, que la política tarifaria debe integrarse de manera armónica en el marco del plan macroeconómico integral que concilia estos intereses. “Se requiere, entonces, comprender los diferentes efectos de la política tarifaria”, advirtió.

Segmentación necesaria

A fin de facilitar las condiciones para el crecimiento, la reducción de la desigualdad y la baja en la inflación, Morra consideró deseable una actualización de las tarifas que contemple la protección del poder adquisitivo de la población y que permita la reducción de las inequidades.

En línea con la posición de Guzmán, el funcionario destacó la necesidad de emplear la segmentación para proteger a los más vulnerables de subas de las tarifas superiores a la evolución de los salarios. “La aplicación de porcentajes diferenciales de incremento permite corregir en parte esta situación, haciendo una asignación de subsidios más progresiva que la actual, favoreciendo así la mejora en la distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad”, recalcó.

Desde su perspectiva, mantener el nivel tarifario de 2021 sin cambios tendría impactos negativos en el escenario macroeconómico de corto y largo plazo, elevando el gasto corriente en desmedro del gasto de capital. Esto derivaría, entre otros efectos, en menores obras de transporte de energía, las cuales “sirven para incrementar la producción local y sustituir importaciones, permitiendo a su vez un abaratamiento de los costos de producción eléctrica para el país”.

Adicionalmente, cuestionó Morra, un eventual aumento de los subsidios económicos debería ser financiado vía instrumentos en el mercado local o, en su defecto, a través del Banco Central. Y esto repercutiría en la oferta monetaria, provocando presiones en el mercado cambiario y en la inflación. En definitiva, concluyó, en el esquema propuesto por Basualdo, “los diferentes canales se retroalimentan, generando desvíos significativos del programa económico y poniendo en riesgo la recuperación de la actividad”.