El atraso de las tarifas residenciales de gas afecta a toda la cadena de valor en la industria. Tanto a las grandes petroleras, que dependen cada vez más de las transferencias del Estado para cobrar por el gas que inyectan en el sistema bajo el paraguas del Plan Gas.Ar, como a las transportistas y distribuidoras, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los costos de operación del sistema y de expansión de las redes de gas natural. Sin embargo, el segmento más perjudicado por el congelamiento de las tarifas es el de las subdistribuidoras de gas que, en su gran mayoría, cooperativas y pequeñas empresas que brindan servicio en aquellas zonas que no abarcan las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre las principales).

El secretario del Instituto de Subdistribuidores de Gas de la Argentina, Pablo Mulet, se refirió en la audiencia pública del pasado 31 de enero a los aspectos que perjudican al sector y aludió a la inflación y a medidas regulatorias de la gestión anterior como fue el cambio en el “mecanismo de pass-through”, que provocó que el costo del gas para las subdistribuidoras (SDB) pase de representar el 85% en lugar del  30% de los costos totales de las empresas. También le apuntó a la gestión actual al afirmar que “las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes” y que, si no surgen otras que acompañen, su sector “estará condenado a la extinción y posterior absorción por parte de las distribuidoras”.

Precio diferencial

Mulet reclamó como solución que se establezca un precio diferencial del gas con subsidio, como sucedía hasta 2016, en vista de que hasta el momento no existe un cuadro tarifario que evalúe los costos y escalas reales de las subdistribuidoras.

“Se solicita un subsidio equivalente a la diferencia entre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema efectivamente pagado por el mecanismo de pass-through y el 50 por ciento del precio del gas correspondiente al gas incluido para los usuarios residenciales de menor consumo, multiplicado por el volumen de gas efectivamente facturado por las distribuidoras”, alegó Mulet en la audiencia pública.

Zona fría: un problema

A entender del directivo, las medidas regulatorias generaron deuda a las subdistribuidoras y se incrementaron por la imposibilidad de pagar el precio del gas, sumado a que el mayor costo que tuvieron estas empresas no fue compensado.

De hecho, algunas decidieron reducir su participación en el negocio o directamente retirarse transfiriéndoles la obligación de prestar el servicio a las distribuidoras, que operan como proveedores de última instancia. La operadora marplatense CAMET, por ejemplo, decidió desentenderse de la provisión de gas y Camuzzi debió continuar con el servicio.

Mulet también expuso los inconvenientes generados por la  obligación que tienen las SDB de financiar de manera temporal medidas de asistencia a los usuarios al descontar de las facturas finales el porcentaje correspondiente al subsidio de zona fría, lo cual significa un “desfasaje financiero” para las subdistribuidoras ya que impacta en su masa de facturación, y reduce el capital de trabajo.

Las subdistribuidoras propusieron “utilizar una metodología similar a la de las bonificaciones por tarifa social” con el objetivo de informar a la distribuidora los descuentos otorgados a sus usuarios para que se “tome este importe como pago de sus facturas y posterior traslado para su cobro” o evitar que se apliquen intereses sobre los montos hasta que las subdistribuidoras reciban la devolución.

Peaje

Por último, Mulet refirió a la actualización de la “tarifa peaje”, que establece que las subdistribuidoras que “operan gasoductos propios pueden cobrar a grandes usuarios, GNC y Distribuidoras por el uso de dichos gasoductos”, porque el valor fijo se encuentra congelado desde el 2019 perjudicando a las PyME y cooperativas ya que los costos tanto de operación como de mantenimiento aumentan.

Al estar sumergidas en una crisis, el representante de la SDB planteó que las medidas a tomar deberían estar referidas a “evitar la continuidad y profundización de la situación actual” y también “resolver las grandes deudas que las subdistribuidoras han acumulado a raíz de decisiones regulatorias”.