“Es un engendro que no terminó de conformar a nadie”. En esos duros términos se expresó un funcionario de primera línea del gobierno a la hora de explicar, en la más estricta reserva, por qué el presidente Alberto Fernández finalmente dejó al proyecto de Ley de Promociones Hidrocarburíferas —conocida coloquialmente como ‘Ley de Vaca Muerta’— afuera del listado de iniciativas que se tratarán en las sesiones extraordinarias que arrancan en febrero.
El derrotero del proyecto de Ley traza una parábola kafkiana: 1) el Presidente lo anunció a inicios de 2020 como uno de sus propuestas centrales para el área energética; 2) su redacción demoró casi dos años sin que gobernadores ni las empresas líderes del sector petrolero conocieran el detalle de la redacción; 3) se presentó formalmente en sociedad el miércoles posterior a la dura derrota sufrida por el Ejecutivo en las PASO de septiembre, horas antes de que la renuncia masiva de funcionarios cristinistas abriera el peor cismo político que enfrentó el gobierno; 4) el Presidente planteó la posibilidad de incluir el proyecto dentro de un paquete de normas que se tratarán en extraordinarias que apuntan a impulsar el desarrollo económico extraordinarias; 5) pero a último momento, la falta de consenso interno dentro del Frente de Todos motivó su exclusión del grilla final de proyectos que ingresarán en febrero al Congreso.
Si el futuro de la iniciativa ya era incierto, con este faltazo el panorama por delante es sombrío. En lo político, la decisión afecta directamente al secretario de Energía, Darío Martínez, que tenía al proyecto como su principal objetivo programático. De sus últimas declaraciones a la prensa sobre el tema, el funcionario neuquino creía que la Ley se trataría en el Congreso durante el primer bimestre. Incluso afirmó que la actualización del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que permanece congelado desde junio del año pasado, se aplicaría en marzo una vez que el proyecto, que prevé cambios en el componente impositivo que grava las ventas de naftas y gasoil, sea aprobado.
Sin consenso
La exclusión del proyecto tampoco deja en una posición de fortaleza a Pablo González, presidente de YPF. El santacruceño se mostró en varias entrevistas periodísticas como uno de los defensores de la iniciativa, que incluye un capítulo de quebranto fiscal que calza perfecto a las necesidades de la petrolera controlada por el gobierno. Desde la empresa declinaron de realizar comentarios frente a la consulta de este medio.
Martínez, flanqueado por Pablo González y Demian Panigo, durante una presentación con legisladores patagónicos en Santa Cruz.
Sin embargo, el mayor perjudicado debería ser el ministro de Economía, Martín Guzmán, dado que fue Demián Panigo, uno de sus asesores en materia energética y director por el Estado en YPF, el principal escriba del extensísimo texto de Ley, que incluye más de 115 artículos. Guzmán nunca terminó de involucrarse personalmente en el proyecto de Ley y es probable que ni siquiera conozca en detalle cómo funcionan todos los instrumentos que prevé crear la Ley, que propone establecer ocho sub-regímenes para cada segmento de la industria (petróleo, gas, LNG y pequeños yacimientos y infraestructura de gran porte, entre otros), pero en rigor, Panigo, que redactó la estructura regulatoria de la ley, le responde políticamente.
El principal problema de la iniciativa es la falta de apoyo por parte de los actores políticos y también empresariales vinculados a la industria. “No haberlo consensuado siquiera con los gobernadores fue un error y al cristinismo tampoco le cerraba. Y entre los privados, ninguna empresa se encolumnó detrás de la norma”, aceptó un funcionario del gobierno.
Frente a este escenario, la mayoría de las fuentes consultadas aceptaron la confusión a la hora de pronostica qué camino seguirá el proyecto de Ley e incluso dejaron entrever que podría archivarse hasta que un cambio de coyuntura motive un replanteo integral del texto.
