El Ministerio de Economía destacó la semana pasada que hasta el 17 de diciembre de este año se recaudaron 247.503 millones de pesos provenientes del impuesto a las grandes fortunas y ya se ejecutaron 180.205 millones, el 73% de esos fondos. El objetivo del informe oficial es mostrar un avance significativo en el gasto de los recursos a un año de la creación del impuesto porque eso es sinónimo de buena gestión. Sin embargo, el 25% del dinero debía ser destinado a proyectos de inversión en gas natural y lo que en ese caso se presentó como gasto fue simplemente la transferencia a la cuenta de la empresa estatal IEASA. Desde el punto de vista contable, lo que hizo el gobierno es correcto, pero políticamente es una decisión polémica poner en una gacetilla que se lleva gastado el 73% de lo recaudado cuando, como máximo, se desembolsó sólo el 48,4%.
En el área energética, a las recurrentes internas que vienen dificultando el avance de la gestión, se les sumaron en esta ocasión las limitaciones que impuso el propio oficialismo al momento de sanción de la ley de creación del impuesto.
Qué dice la ley
La ley 27.605, sancionada en diciembre de 2020, establece en su artículo 7 que el 25% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas debía ser destinado “a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
El mismo artículo aclara luego que IEASA debe reinvertir las utilidades “en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de la vigencia del presente régimen”.
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Qué se hizo
Desde la sanción de la ley la secretaría de Energía no informó en ningún momento haber aprobado programas o proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural para ser financiados con los recursos del impuesto a las grandes fortunas.
En el informe de Economía se aclara que “la elevada ejecución del área corresponde principalmente a la transferencia de fondos a Integración Energética Argentina (IEASA), con el objetivo de que sean utilizados exclusivamente en los destinos determinados por esa Ley”. En total se recaudaron 60.876 millones de pesos y se giraron a IEASA 60.190 millones de pesos, el 97%
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EconoJournal consultó a fuentes de la secretaría de Energía quienes se limitaron a aclarar que los fondos “están depositados en una cuenta especial con destino específico a lo dispuesto en la ley. La Secretaría de Energía resolvió girar todo (unos 600 MM USD al momento) y el ritmo depende de Hacienda”. Este medio también se puso en contacto con el Ministerio de Economía, pero no dieron mayores precisiones.
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El destino de los fondos
El informe de Economía dice que el gobierno nacional inició el proceso para la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, cuya implementación tiene por objeto “promover el desarrollo, el crecimiento de la producción y abastecimiento de gas natural; sustituir las importaciones de GNL y de Gas Oíl – Fuel Oíl que se utilizan para abastecer la demanda prioritaria y las centrales de generación térmica respectivamente”.
Luego precisa que la primera etapa del Sistema Transport.Ar tendrá un costo aproximado de 1566 millones de dólares y, cuando esté finalizada, generará un incremento en la capacidad de transporte de 24 millones de m3 diarios con un ahorro de divisas de 1450 millones de dólares y un ahorro fiscal de 1060 millones de dólares.
“A fines de completar el financiamiento requerido para ejecutar esta primera etapa del Sistema Transport.Ar y del Gasoducto Néstor Kirchner, se tomó la decisión de transferir inmediatamente a IEASA los fondos recaudados por el Aporte Solidario y Extraordinario”, precisa Economía. Sin embargo, la ley es clara al explicitar que los fondos deben ser destinados “a exploración, desarrollo y producción de gas natural”. En ningún momento habla de obras de transporte de gas. Además, deben ser IEASA e YPF las empresas encargadas de consensuar cómo ejecutar esos fondos.
Para poder destinar recursos del impuesto a las grandes fortunas a la construcción de un gasoducto que beneficiará a la mayoría de las petroleras, el proyecto de Presupuesto 2022, que obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda este mes, modificaba en su artículo 101 el inciso 5 del artículo 7 de la ley 27.605 para que los fondos no solo tuvieran que ser destinados a “a exploración, desarrollo y producción de gas natural” sino a “exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”. El problema es que el proyecto de Presupuesto fue rechazado por el Congreso Nacional y esa modificación todavía se encuentra pendiente.