Andrés Manuel López Obrador lo dejó entrever a finales de marzo, cuando envió la iniciativa a la Cámara de Diputados. La contrarreforma del sector de los hidrocarburos busca facilitar la suspensión de permisos de compañías privadas en nombre de lo que el presidente llama “soberanía energética”. “Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad”, reza, en referencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) el texto remitido al Poder Legislativo que este miércoles ha tenido el visto bueno del pleno de la cámara baja. La propuesta se enfrentará a muchos obstáculos, ya que contraviene no solo la reforma constitucional energética aprobada por la Administración anterior, sino también acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por 292 votos a favor frente a 153 en contra y 11 abstenciones, abre la posibilidad de que el Gobierno expropie las operaciones de privados, explica el analista especializado en energía Gonzalo Monroy. “Tiene que ver con la suspensión arbitraria, indefinida”, dice Monroy. “Combinada con la posibilidad de que el Estado pueda suplantar con la empresa del Estado [u otro] en las operaciones, sin indemnización de por medio, es muy malo”. La iniciativa le permitiría al Estado alegar que por atentar en contra de la seguridad nacional o energética, o la economía nacional, las operaciones de privados que cuenten con permisos para operar pueden ser intervenidas. Le correspondería al permisionario, asegura Monroy, demostrar que la situación se ha resuelto y lo tendría que hacer “sin indemnización ni tampoco reconocimiento de costos o contraprestación por uso de las instalaciones”.
Estos tres condicionales, es decir, atentados en contra de la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional “son tres conceptos que significan todo y significan nada”, dice Óscar Ocampo, analista e investigador del sector energético para la organización sin fines de lucro el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “porque no hay criterios de qué es algo que pone en riesgo estas cosas. Eso es lo que es lo más peligroso de la iniciativa, que no quedan claros los criterios bajo los cuales van a funcionar Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía”.
Ocampo coincide con Monroy en que esta es una propuesta que, a diferencia de la enviada por el presidente para reformar el sector eléctrico, “sí se habla propiamente de una expropiación directa”, ya que el Estado tendría la facultad de que una empresa productiva del Estado pueda operar en instalaciones privadas. “Esta reforma es un traje a la medida para beneficiar a Petróleos Mexicanos y por lo mismo tiene ningún componente de mejores servicios o mejorar precios”, asegura Ocampo. De pasarse, Ocampo espera que se enfrente a múltiples amparos y obstáculos legales, ya que conviene acuerdos comerciales regionales como el Transpacífico, así como el T-MEC con EE UU y Canadá y el acuerdo con la UE.
El 8 de abril, la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Congreso no aprobar esta iniciativa argumentando que “de aprobarse en sus términos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas”.
El impacto en la economía mexicana no solo se verá afectado en términos de competencia, también en la incertidumbre y líos legales en que quedan inversores en el país. La reforma propuesta sería retroactiva, explica Monroy, por lo que las “empresas que podrían exportar petróleo, producto de la reforma pasada en la Administración anterior, ahora ya no puede hacerlo libremente. Esto es una violación directa a los contratos”.
Esta contrarreforma, según el primer borrador del texto, replica la filosofía de la reforma del sistema eléctrico, que quedó paralizada por en los tribunales y que López Obrador ha amagado con desatascar a través de una reforma constitucional. El mandatario pretende enterrar la herencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto, en todos los ámbitos, pero el sector energético es probablemente la punta de lanza de ese propósito. Y al igual que la reforma eléctrica, pese a la suspensión por parte de la justicia, se ha convertido en un desincentivo para la inversión y si finalmente entra en vigor tendrá un durísimo impacto económico y ambiental, según los expertos, también los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos preocupan a los sectores productivos.
El IMCO destaca que la ley “afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual Administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”. A eso se añade el déficit de vértigo que acumula la empresa paraestatal que se beneficiaría del plan. Pemex acumula más de 110.000 millones de dólares de deuda y López Obrador pretende de alguna manera rescatarla. “Con el propósito de que mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades”, continúa el IMCO en un comunicado.
El Gobierno y el partido del presidente, Morena, están decididos aprobar la nueva ley por la vía exprés, como ocurrió con la reforma eléctrica y en vistas de renovación de la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio. Tras la aprobación en la Comisión de Energía, la discusión de la ley ha pasado enseguida al Pleno, donde la oposición ha manifestado su rechazo más absoluto a la iniciativa. El PRI y el PAN ha calificado de inconstitucional el intento de reforma. Movimiento Ciudadano ha desmontado el argumento de López Obrador según el cual estos cambios legales ayudarían a combatir la corrupción. El Partido Verde, aliado de Morena en el Congreso, también ha criticado la iniciativa al advertir de que la eliminación de la competencia también puede tener repercusiones ambientales. La formación de Gobierno defendió el proyecto como una herramienta para combatir el huachicoleo o tráfico ilegal de combustible.
Su alcance va mucho más allá, sin embargo, e impacta en la economía mexicana, en la percepción que del país tiene los inversores y continúa por la senda emprendida por López Obrador, que en su sexenio busca dejar huella en el sector energético. Según la tesis del consultor David Shields, quiere hacer historia a costa del sector eléctrico y de los hidrocarburos: “En México los presidentes nacionalistas que expropiaron y nacionalizaron son los grandes héroes”.
