El secretario de Energía, Darío Martínez, remitió hoy un escrito reclamando el inmediato levantamiento de la clausura judicial de la terminal regasificadora de Escobar, acompañando un informe sobre el “Impacto de la no operatividad por clausura de la terminal en la provisión de gas natural en el país”.

En la presentación ante el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez Federal Adrián González Charvay, el titular de la cartera energética resaltó que “a través del análisis de los volúmenes de producción e importación de gas natural, conjuntamente con las previsiones de consumo para el corriente año que surgen de los datos recabados por la Secretaría a mi cargo, resulta evidente la imperiosa necesidad de que se produzca el levantamiento de la clausura de la Terminal Escobar para Regasificación de GNL en forma inmediata, para asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas nacionales durante la época invernal, teniendo en cuenta que su fluido se inyecta directamente en los centros de consumo del país”.

A lo largo de la presentación, el Secretario de Energía realizó un puntilloso análisis técnico de los graves efectos que tendría sobre el abastecimiento en invierno a la demanda de gas natural del país el mantenimiento de la clausura judicial que determina la indisponibilidad operativa de la terminal de Escobar.

“La estrategia del Estado Nacional desde la Secretaría de Energía es apuntalar con esta presentación las acciones judiciales que viene realizando YPF, propietaria de la terminal, que opera en sociedad con IEASA, a la que se sumarán otras presentaciones, informes y peritajes, que producirán y presentarán otros organismos como Enargas, IEASA y la propia YPF”, resaltó la Secretaría en un comunicado.

Además de un análisis de la estimación de la demanda, el informe explica el efecto que esta situación generaría en materia de costos inalcanzables en materia de necesidad de divisas, costo fiscal, precio inaccesible de la generación eléctrica, sobre costo general para la economía nacional y los usuarios, y daño ambiental que generaría la utilización desmesurada de combustibles líquidos en reemplazo del gas faltante.

Finalmente, Martínez reclamó al juez que “es imprescindible el levantamiento de la clausura y plena actividad de la terminal regasificadora, ya que de lo contrario se produciría ineludiblemente la utilización extrema de combustibles líquidos altamente contaminantes, con correlativo y desmesurado costo adicional de divisas y pasivos ambientales y, simultáneamente, se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento nacional y el servicio público de gas por redes, generándose un costo fiscal no previsto en el presupuesto e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional”.

Argumentos de la presentación

El documento presentado por Darío Martínez indica que la falta de operatividad de la terminal de Escobar generaría las siguientes consecuencias negativas durante el invierno de 2021:

• En junio y en julio, los consumos adicionales de combustibles alternativos superarían la máxima cantidad de líquidos consumidos en centrales en la última década y no se cuenta en el sistema eléctrico con la capacidad para sustituir toda esa cantidad de combustible durante tanto tiempo sostenido (más de 60 días).

• El desbalance de oferta y demanda conduciría a una situación de emergencia en el mercado de gas, generando no solo un riesgo considerable de cortes en el servicio de gas natural, sino que, además, se producirían interrupciones del servicio eléctrico por falta de generación durante extensos horarios en varios días de los meses invernales.

• Hay riesgo para el abastecimiento de gas natural, inclusive de la demanda prioritaria (Residenciales, Servicio General P1, P2 y P3 Grupo III), el cual la regulación vigente obliga a proteger y cuyo servicio no debería ser interrumpido por los problemas de seguridad del abastecimiento y de salud pública que ello conllevaría, máxime de continuar las actuales circunstancias dentro del contexto pandémico.

• Existirá un considerable sobrecosto para el sistema energético. El costo monómico de la electricidad aumentaría en 4,6 USD/MWh e implicaría, como mínimo, una erogación adicional de 600 millones de dólares anuales de divisas por la importación de combustibles más caros y contaminantes con una proporción equivalente incremental para el fisco en términos de subsidios a la electricidad.

• Además, la interrupción del funcionamiento de la planta de regasificación podría afectar el pago de los costos fijos que se derivan de la contratación de la terminal de Escobar (alrededor de US$ 100 millones al año) y los costos de personal provenientes de la operación propia de la terminal.

• Los datos del presente han sido producidos por la Subsecretaría de Planeamiento Energético dependiente de esta Secretaría en función de la información aportada por todos los sectores del país vinculados con el tema.