Las mayores empresas de servicios del sector petrolero enviaron ayer entre 400 y 600 telegramas de despido en Neuquén en el marco de la caída de la actividad que se acentuó tras la pesificación del precio del petróleo que dispuso en agosto el gobierno Mauricio Macri a través del Decreto 566. Schlumberger, la mayor proveedora de la industria a nivel global, comunicó la desvinculación de unos 300 operarios de servicios de completación de pozos. Y San Antonio, la principal compañía de equipos torre, que es controlada por el fondo Lone Star, formalizó el despido de 150 trabajadores que se encontraban en un programa de suspensiones sin actividad asignada desde hace meses, según confirmaron a EconoJournal tres fuentes privadas sin contacto entre sí.

La medida puede impactar por la cantidad de operarios involucrados, pero no sorprende a los sindicatos ni tampoco al Gobierno. Al contrario. Tanto Guillermo Pereyra, líder del gremio de petroleros privados, como Manuel Arévalo, de Jerárquicos, hicieron declaraciones en los últimos días a la prensa local sobre la fragilidad y el deterioro del tejido laboral en Neuquén. Desde hace tiempo las empresas de servicios nucleadas en la Ceope vienen advirtiendo desde el primer trimestre del año sobre la necesidad de encarar una readecuación de las dotaciones en Neuquén.

Los sindicatos impugnarán los telegramas que se cursaron ayer y solicitarán la intervención de la Secretaría de Trabajo, que terminará dictando una conciliación obligatoria, según el derrotero que descuentan las empresas del sector.

En Neuquén, donde la industria petrolera emplea a más de 20.000 trabajadores en forma directa (la cantidad creció con fuerza en los últimos años de la mano del desarrollo de Vaca Muerta), no muchos tienen en claro cómo se encauzará el conflicto. Pereyra advirtió que respondería con un paro si las proveedoras de servicios, que son las que tienen contratado a la mayor parte del personal petrolero, avanzaban con los despidos. Si Trabajo dicta la conciliación se abrirá un cuarto intermedio por 10 días para que las partes negocien alternativas.

¿Extemporáneo?

Las empresas optaron por anticiparse el cambio de gobierno frente a las versiones de que, una vez que asuma la Presidencia el 10 de diciembre, Alberto Fernández complicará —o directamente prohibirá—la chance de despedir personal.

Aún así, parece que los privados llegan tarde. “El momento para reducir el personal que sobraba en el área de servicios era en septiembre y octubre. Hoy, a 15 días de la asunción de Alberto, no tiene mucho sentido. Es tarde”, analizó el directivo de una empresa de servicios.

En rigor, son varias los proveedores que fueron reduciendo su estructura de personal por medio de retiros voluntarios y arreglos privados. Por caso, Halliburton, otro de los grandes jugadores del sector, desvinculó por esas vías a unos 90 trabajadores.

La decisión de los proveedores se sustenta en las magras expectativas de la industria para 2020. La mayoría de las empresas productoras —YPF, Tecpetrol, Shell, Exxon y Chevron, entre otras— recortaron sus planes de inversión de cara al año que viene. Eso obligó a las empresas de servicios a buscar una mayor eficiencia de costos. “En nuestro caso, en los últimos dos años mantuvimos al personal que nos sobraba en un esquema de suspensiones rotativas que nos permitió ir surfeando la situación. Pero ya era momento de tomar una decisión. Los despidos no dependen directamente de esta baja de la actividad, sino de un arrastre que en algún momento teníamos que ordenar”, explicaron desde una de las empresas de servicios afectadas.