“Voy a desdolarizar las tarifas porque no es posible que haya un sector de la economía, tan importante como la energía, que esté dolarizado en un país que produce y consume en pesos”, aseguró el presidente electo Alberto Fernández durante la campaña electoral. La propuesta también figura en el documento elaborado por los equipos técnicos del Partido Justicialista. Allí se propone congelar las tarifas por 100 días y crear una Comisión de Revisión Tarifaria Integral “que deberá establecer el costo real de producción de transporte de gas y electricidad” ya que “el precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y de su desarrollo productivo”. La promesa es tentadora para los usuarios que han sido jaqueados por el fuerte aumento de las boletas de luz y gas durante los últimos cuatro años, pero no parece sencilla de implementar en medio de las restricciones fiscales que deberá enfrentar el próximo gobierno.
Antecedentes
Luego de la salida de la convertibilidad, las tarifas fueron congeladas y pesificadas debido a la crisis económica que atravesaba el país. Más allá de algunos ajustes marginales, esa política se sostuvo hasta 2015, lo que llevó a que, en términos reales, el peso de los servicios se redujera a su mínima expresión en el presupuesto familiar. La contracara de esa política fue el enorme crecimiento que experimentaron los subsidios públicos durante el mismo período.
Según un informe reciente de IERAL, en 2002 un usuario medio pagaba una tarifa equivalente al 97% del precio de la energía eléctrica. Sin embargo, ese porcentaje fue retrocediendo hasta representar apenas un 15% en 2015. La contracara de ese proceso fue el aumento de los subsidios públicos que llegaron a representar el 4,8% del Producto Interno Bruto ese mismo año.
El gobierno de Mauricio Macri revirtió aquella tendencia autorizando fuertes aumentos de tarifas que impactaron con dureza en los hogares y el entramado productivo. La tarifa eléctrica que paga el usuario llegó a cubrir durante la gestión de Cambiemos el 72% del precio de la energía (ahora se ubica en torno al 55% por el congelamiento preelectoral), mientras que los subsidios se redujeron al 0,5% del PIB en el primer semestre de este año.
Riesgos
De acuerdo al marco regulatorio, y tomando en cuenta la última devaluación, las tarifas de luz y gas deberían subir más de un 60% entre febrero y abril. En el contexto actual cuesta creer que el gobierno de Alberto Fernández vaya a convalidar esas subas, sobre todo si decide impulsar un acuerdo de precios y salarios. Sin embargo, si el congelamiento continúa inevitablemente tendrá costos que impactarán en los niveles de inversión ya que el Estado Nacional no está hoy en condiciones de suplir con subsidios lo que deje de desembolsar el usuario.
La Argentina tiene un déficit fiscal, luego del pago de intereses de la deuda, que en los primeros nueve meses del año se elevó al 2,1% del PIB, según las cifras oficiales distribuidas por Hacienda, y la situación será más complicada aún el año próximo, debido al descalabro de las últimas semanas.
“El escenario base que esperamos para 2020 es de un déficit primario del 1,6 por ciento del PIB, que es consistente con un déficit financiero de 5,2 por ciento del PIB”, destaca un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) distribuido este mes. A la restricción fiscal se le suma las condiciones que pueda llegar a poner el FMI para desembolsar los recursos pendientes ya acordados, los cuales son indispensables para cancelar los próximos vencimientos de deuda.
En este contexto, es difícil que lo que deje de pagar el usuario por una eventual “desdolarización” de tarifas pueda ser compensado con subsidios. Por lo tanto, si los ingresos de las empresas se reducen significativamente en términos reales la consecuencia inevitable será una caída en los niveles de inversión. El problema central no es el impacto en el segmento de distribución sino fundamentalmente en generación, tanto de crudo, gas como energía eléctrica, aunque está claro que hay un vínculo entre ambos eslabones de la cadena. Si la inversión en generación se derrumba, la restricción externa se profundizará de la mano del déficit de la balanza energética. Por eso es necesario explorar alternativas que sean capaces de garantizar los niveles de inversión acordes con una economía que debe apostar por el crecimiento y el desarrollo.
Asignatura pendiente
La revisión del marco regulatorio heredado de la convertibilidad es una tarea indispensable. Entre 2003 y 2015, el kirchnerismo evitó dar ese debate. Se limitó a prorrogar la ley de Emergencia Económica sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde y de ese modo no tuvo que cumplir con las reglamentaciones diseñadas al momento de las privatizaciones. Sin embargo, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, a Macri le bastó con dejar sin efecto la ley de Emergencia Económica para que debajo apareciera intacta la regulación de los 90.
El problema es que aquel marco regulatorio se diseñó durante la vigencia del régimen de convertibilidad con una economía sin inflación. Ahora la realidad es muy diferente y las consecuencias las sufrió el propio gobierno de Macri que tuvo que enfrentar las tensiones generadas por una regulación que no encaja con una inflación anual que en estos cuatro años osciló entre el 25 y el 60 por ciento anual.
El mejor ejemplo de los problemas generados por una regulación pensada para otro contexto se vivió en octubre del año pasado, luego de la devaluación, cuando la Secretaría de Energía, entonces comandada por Javier Iguacel, resolvió que los usuarios del servicio de gas natural debían cancelar en 24 cuotas con interés el ingreso adicional en pesos que recibirían las petroleras por la suba del tipo de cambio registrada entre abril y septiembre.
Esa diferencia surgió porque el acuerdo firmado el 29 de noviembre de 2017 entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, avalado por el entonces Ministerio de Energía e informado por el Enargas en la actuación 574/18, establecía en el inciso f del punto 2 que los precios del gas estaban dolarizados. “El plazo de pago de las facturas correspondientes a los volúmenes despachados en el marco de estas Bases y Condiciones será de 75 días contados desde el último día del mes de inyección correspondiente. Las facturas serán emitidas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior a la fecha de pago”, decía el texto.
La resistencia de la oposición política, la sociedad civil e incluso de sectores de la coalición gobernante, forzó a Macri a dar marcha atrás con esa medida polémica y el Estado Nacional asumió el costo de aquel diferencial. Desde entonces, el propio gobierno se vio forzado a revisar algunas de esas normas para que los mismos problemas no volvieran a repetirse durante 2019 con un dólar desatado y una inflación en ascenso, pero la discusión de fondo continúa pendiente. El nuevo gobierno deberá encarar ese tema, pero sabiendo que lo ocurrido en materia energética durante el kirchnerismo no es un ejemplo a seguir, sobre todo ahora que los recursos escasean.
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Las tarifas de distribución y transporte no están dolarizadas. Son pesos y se ajustan por inflación cada 6 meses… si el estado cumple, cosa w no ocurrió más q en un semestre desde 2016…