El congelamiento de combustibles expira el 14 de noviembre. Así lo estableció el Decreto 556 firmado por Mauricio Macri el 16 de agosto, pocos días después de perder por amplia diferencia las PASO. A raíz de ello, las empresas dan por hecho que este mes habrá un ajuste. El aumento se podría aplicar incluso antes. De hecho, a mediados de septiembre los combustibles ya subieron un 4% «por la volatilidad internacional del precio del petróleo» y luego se ratificó que no habría más cambios hasta el 14 de noviembre. La discusión ahora pasa por el porcentaje de la suba.
Con el decreto de congelamiento, el Presidente hizo algo que ningún gobierno había hecho: fijó de forma arbitraria el precio del barril de crudo en 2900 pesos por un plazo de 90 días. En el pasado, cuando el Ejecutivo intervino sobre los precios domésticos del petróleo lo hizo en forma indirecta a través de retenciones a la exportación, cuya aplicación es cuestionada por las empresas privadas pero que, de alguna manera, mantienen una vinculación con el precio internacional del hidrocarburo.
Ese carácter excepcional de la medida —inesperada, además, por la industria— pegó en la línea de flotación de las petroleras. En especial en la confianza de grandes corporaciones internacionales como Shell, ExxonMobil, Chevron y Equinor, entre otras, que estaban evaluando seriamente incrementar su nivel de inversiones en Vaca Muerta. La reacción fue en el sentido opuesto: las productoras frenaron —algunas más vehementemente, otras con mayor cautela— sus planes de desarrollo en la Argentina.
El deterioro de las expectativas de la industria de Oil&Gas —uno de los vectores con los que el Frente de Todos aspira a apuntalar el ingreso de divisas al país— contextualiza el final del congelamiento previsto para las próximas dos semanas. Aún no hubo contactos entre el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y algún enviado de Alberto Fernández para analizar los pasos a seguir. Tampoco en YPF, la mayor empresa del mercado, que es controlada por el Estado, recibieron consultas al respecto, según indicaron a EconoJournal fuentes gubernamentales.
Disyuntiva
Las empresas del sector descuentan que en noviembre, el mes de la transición, habrá al menos un reacomodamiento de los precios en surtidores. También la política avala esa decisión. Por el momento, ninguna voz de la todavía oposición se manifestó a favor de extender el congelamiento. La incertidumbre gira en torno a la magnitud de la suba. Sobre ese punto, existen dos alternativas diferentes.
- La primera propone una recomposición gradual del atraso en surtidores con relación al precio de paridad de exportación del petróleo y sus derivados. Desde YPF señalan que, por efecto de la devaluación de agosto, el atraso promedio del precio de las naftas y gasoil llega al 17%. Otras refinadoras no integradas sostienen que es superior al 20 por ciento. En cualquier caso, la opción gradualista presupone un incremento del 5% o 6% a mediados de noviembre. Desde una petrolera incluso plantearon la posibilidad de realizar dos subas en continuado por ese valor —una este mes y la otra a principios de diciembre— para lograr un aumento del 12 por ciento. Los que impulsan la vía gradual sostienen que si bien lo mejor sería aplicar el aumento de una sola vez, la situación que se vivió durante las últimas semanas en Ecuador y Chile obliga a ser un poco más prudentes. Por eso se inclinan por una suba en al menos dos etapas.
- La segunda alternativa, con la que coinciden algunos economistas y funcionarios de línea intermedia del Ministerio de Hacienda, plantea la conveniencia de dar un primer aumento más elevado, cercano al 10%, durante noviembre para quedar a tiro de recuperar todo el atraso antes de fin de año. “Si la idea es avanzar en un acuerdo social que articule precios y salarios será complejo que las naftas aumenten demasiado durante el primer cuatrimestre. Si el tipo de cambio se sigue depreciando, es preferible dar un aumento grande ahora, que además estará en línea con la inflación de otros sectores, que están remarcando fuertemente los precios de sus productos”, explicó una economista que sigue de cerca lo que suceda en el mercado petrolero.
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Otra vez el egoismo de las petroleras podria ser las causantes de una reaccion social similar a la chilena y de otros paises.. los costos de extraccion deberan ser calculados en PESOS y no dolares, el petroleo es un recurso natural y nacional, pertenece a todos los habitantes, no podemos seguir subsidiando a las petroleras de nuestros bolsillos y ser socios solo en las perdidas y no en las ganancias.Basta considerar que el gas lo estamos subsIdiando a una empresa privada que produce 15.000.000 de BTU por dia y que recibe UN EXCEDENTE (REGALO POR SU INVERSION ) de U$S 3 dolares mas el millon de BTU siendo que el precio internacional esta entre 2.5/3 dolares el millon de BTU O SEA un costo que estamos subsidiando todos los habitantes, y luego recibimos solo amenazas de las petroleras con que paralizarian el trabajo y las inversiones . No es justo que nos presionen mas..
Comparto el comentario de Miguel. Todo está analizado en función de un lado del mostrador. Del otro lado, hay un comprador que no consigue medios para pagar. Y en esta situación sólo puede dejar de comprar o «hacer la chilena».
La solución la aportan los empresarios del sector o el estado. Conservemos las paz social