Luego de que la jueza de primera instancia del distrito sur de Manhattan, Loretta Preska, decidiera no tratar el pedido de juicio sumario del fondo Burford por la expropiación de YPF, ahora definió un cronograma para que todas las partes presenten pruebas y argumentos que arrancará en agosto y culminará el 29 de noviembre próximo. De este modo, el gobierno logró postergar hasta después de las elecciones la definición del juicio con la firma de abogados británica que compró los derechos para litigar que originalmente tenía el Grupo Petersen, accionista de la petrolera al momento de la expropiación.
Burford, que opera como un hedge fund, no demanda en primera persona sino que lo hace a través de dos firmas españolas que comenzó a controlar después de su quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La familia Eskenazi había utilizado esas empresas para administrar hasta un 25% de YPF. En 2008 adquirió el 14,9% de las acciones de YPF en manos de Repsol y en 2011 compró un 10% adicional. La operación tuvo un valor financiero de 3500 millones de dólares, que el grupo Petersen se comprometió a pagar con futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones.
La expropiación se concretó en abril de 2012 y los abogados británicos aparecieron durante el procedimiento de liquidación de ambas compañías, que habían entrado en quiebra antes, en los juzgados españoles con el único fin de apropiarse de las firmas para litigar en las cortes norteamericanas. Así, cuando remató la quiebra, el síndico español cedió a los británicos el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF por el supuesto incumplimiento del estatuto de la petrolera al realizarse la expropiación del 51% de las acciones ya que sostiene que el Estado Nacional debió haber realizado entonces una Oferta Pública de Acciones por el 100% de la compañía y, por consiguiente, indemnizar también al 25% de las acciones de Petersen, que no habían sido expropiadas. Esa inédita cesión de derechos definida en España fue cuestionada en Madrid por el gobierno argentino.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó a fines de junio el pedido de la Argentina de un cambio de jurisdicción del pleito para que continúe en los tribunales argentinos, pero la defensa oficial solicitó una moción de “fórum non convenience” para que la jueza habilite la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios para determinar en qué tribunales deben tramitar las actuaciones. Esa figura funciona como una especie de excepción de competencia que debe resolverse antes de adentrarse en la cuestión de fondo. Preska dejó abierta la puerta para evaluar esa posibilidad y este miércoles definió el procedimiento a seguir, con las fechas correspondientes. De este modo, el gobierno al menos ganará tiempo.
YPF y la Procuración General del Tesoro tienen ahora hasta el 30 de agosto para respaldar su moción detallando las razones por las que creen que los tribunales argentinos deben entender en este caso.
Burford tendrá hasta el 30 de octubre para presentar sus argumentos, mientras que la defensa argentina tendrá hasta el 29 de noviembre para contestar esos mismos planteos. Todos los plazos y procedimientos en las acciones de Petersen y Eton Park quedan suspendidos hasta la resolución sobre las excepciones de incompetencia. Por lo tanto, todo indica que el juicio quedará para 2020.
