Las comunidades mapuche de Neuquén celebraron el lunes pasado la “vuelta del sol”, o Wiñoy Xipantv, con dos deseos (o reclamos) para el nuevo año que comenzó: el reconocimiento de la jurisdicción mapuche para resolver conflictos internos y la oficialización del mapuzugun (el idioma mapuche) en la provincia. A priori, ambicioso.
El gobierno que encabeza Omar Gutiérrez apenas se está poniendo al día con la finalización del relevamiento territorial para las comunidades reconocidas y con su primer paso ya abrió una puerta polémica. El 31 de mayo envió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la propuesta de convenio de co-ejecución para completar la tarea adeudada y lo anunció en los días previos al precoloquio de IDEA que reunió en la capital neuquina al grueso empresarial de la industria petrolera. Fue una señal para calmar reclamos de las operadoras cuyos representantes venían arrimando el tema para buscar una definición política que clarifique los tantos.
Si el INAI aprueba el convenio de co-ejecución que propuso Gutiérrez, se pondrá en marcha un operativo que se extenderá por 12 meses, pero que podrá prorrogarse con acuerdo de las partes. El relevamiento de comunidades indígenas también alcanzará las tierras de invernada para determinar “la ocupación actual, tradicional y pública”. El presupuesto se calculó en 13.394.850 de pesos.
La zona caliente de Vaca Muerta todavía está envuelta en disputas territoriales que chocan con el millonario objetivo de perforar. Son tensiones permanentes que no reciben demasiada atención en medios nacionales, pero que están en el centro de la agenda de las empresas petroleras con intereses en la región. Desde que se sancionó en 2006 la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, Neuquén relevó 15 comunidades. En el país, el número alcanzó las 650 y, según afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe al Senado, el objetivo para el 2019 es incorporar 185 más.
El entramado de fondo
El gobernador Gutiérrez ahora quiere hacer su parte. El convenio enviado a las autoridades del INAI -cuyo contenido aún tiene bajo análisis- lo firmó el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara, un funcionario de segunda línea en el gobierno, pero el único que conoce al dedillo las comunidades de la provincia y negocia y acuerda y se embarra en la conflictividad con sus dirigentes.
Lara fue también uno de los testigos en el juicio que se realizó hace dos meses contra integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, acusados por la usurpación en noviembre de 2014 de un terreno sobre la ruta 17, en la zona rural de Añelo. “Siempre tuve la temática indígena bajo mi responsabilidad”, aseguró el funcionario en la audiencia donde declaró que no existe prueba documental que acredite la posesión ancestral de la comunidad en esa zona.
El juicio terminó con una absolución en primera instancia que luego fue revocada por el Tribunal de Impugnación. Si la apelación de la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia no prospera, se hará un nuevo juicio. Los Campo Maripe son uno de los actores más polémicos en el mapa territorial de las comunidades mapuche y su interrelación con la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Son, también, los excluidos de la propuesta de relevamiento que presentó la provincia para terminar de cumplir con la ley 26.160. En el listado que Neuquén envió al INAI figuran 34 comunidades, cuatro de ellas en la zona Confluencia donde reside la mayor conflictividad: la Newen Mapu, Paynemil, Purrán y Kaxipayiñ.
Según el gobierno, a los Campo Maripe los dejaron de lado porque no tenían personería jurídica al momento de sancionarse la ley. El exgobernador Jorge Sapag se las entregó recién en 2014 para frenar una serie de cortes en los accesos a Loma Campana, el yacimiento que opera YPF en sociedad con Chevron.
Demanda colectiva
El “olvido” de los Campo Maripe no es el único que anticipa ruido en la propuesta de relevamiento que envió Neuquén al INAI. También fueron excluidos el lof Wircaleo y el Puel Pvjv, todas en la zona más disputada de Vaca Muerta. Las tres comunidades preparan una demanda patrocinada por la defensa federal para solicitar al INAI que las incorpore al listado realizado por la provincia, según confirmó a Econojournal el defensor Pablo Matkovic. Si no se resuelve en una instancia administrativa, se concretará una denuncia judicial contra la provincia y Nación por dejarlas afuera del relevamiento.
“Que el gobierno no haya incorporado a las comunidades con presencia en las zonas petroleras implica una renuncia a la gestión de la conflictividad en Vaca Muerta”, planteó el abogado de la Confederación Mapuche, Emmanuel Guagliardo. “Si sostienen que son comunidades ‘inventadas’ entonces lo mejor para demostrarlo es hacer el relevamiento, no negarlo”, evaluó.
Entre las comunidades que sí integran el listado está la Kaxipayiñ, cuya zona de ocupación es Loma La Lata. Sus miembros mantienen paralizado un emprendimiento turístico inmobiliario promovido por el gobierno provincial en el istmo del lago Mari Menuco. El bloqueo obligó a relocalizar a los compradores de los 3.600 lotes a la orilla del Ramos Mexía, en Villa El Chocón, a casi 150 kilómetros de distancia.
La medida no implica que la provincia reconozca esos terrenos como de los Kaxipayiñ. Lara ya ha dicho que los primeros relevamientos allí no generaron indicios de que haya existido ocupación tradicional en el istmo. También está en el listado de comunidades a relevar la Newen Mapu, en cuyo (reclamado) territorio se realizó la ceremonia del Wiñoy Xipantv el lunes pasado.
El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, intentó el año pasado un pedido de desalojo reclamando la propiedad de esas tierras (cuyo antecesor en el municipio había cedido a la comunidad) que finalmente no prosperó.
