Con el riesgo país nuevamente en la banda de los 700 puntos, la ampliación del sistema de transporte de gas —una de las prioridades de Gustavo Lopetegui— es una tarea enmarañada con exiguas probabilidades de éxito. Conseguir en este contexto financiamiento internacional para solventar obras por 1000 o 1500 millones de dólares en el país será muy complejo, advierten los empresarios del sector petrolero.

¿Cuál es la estrategia del secretario de Energía para intentar viabilizar en esta coyuntura adversa la construcción de un nuevo gasoducto troncal desde Neuquén hasta Rosario o concretar la ampliación de ductos ya existentes?

La alternativa que están bosquejando los técnicos del Ministerio de Hacienda consiste en atar la licitación de obras de transporte de gas al lanzamiento de un nuevo plan de incentivos a la producción del hidrocarburo que estará específicamente acotado al incremento de la oferta de gas durante los meses de invierno para reemplazar importaciones de Gas Natural Licuado (GNL). Esa cuenta se llevó el año pasado unos US$ 1200 millones, según datos oficiales.

• ¿Por qué Lopetegui quiere vincular las dos licitaciones, cuyos borradores iniciales se conocerá a fin de mes?

Porque para garantizar el sentido técnico y económico de la ampliación del sistema de transporte es condición sine qua non asegurar los volúmenes adicionales del fluido para utilizar esa capacidad adicional. De nada sirve tender un caño nuevo si, una vez construido, no hay gas para transportar hasta el área metropolitana.

• ¿Cuál es, entonces, el plan para que las petroleras inviertan en nuevos desarrollos de gas justo en un momento en que el precio parece haberse amesetado porque la recuperación de la producción generó excedentes de oferta de verano que presionan a la baja del valor del hidrocarburo?
• La respuesta: garantizándoles a las productoras que percibirán durante determinada cantidad de tiempo un precio competitivo del gas atado a la cotización del GNL.

El razonamiento de Lopetegui es el siguiente: en lugar de gastar dólares para importar gas por barco durante los cuatro o cinco meses de frío, es preferible desembolsar pesos equivalentes a la divisa norteamericana en el mercado interno para incentivar la producción de gas. “Que además de generar puestos de trabajo y el desarrollo de la economía, impacta también en la recaudación porque las petroleras pagan un 35% de Ganancias e Ingresos Brutos a las provincias”, precisó a EconoJournal un funcionario del área energética.

Lo que sostienen algunas petroleras como YPF es que si el Estado paga un precio internacional del gas por los meses de invierno, ese dinero es suficiente para repagar el desarrollo de nuevos campos gasíferos a una tasa de retorno adecuada. “Con un precio de 7 u 8 dólares sería rentable perforar pozos que sólo estén operativos cinco meses del año. Se repagarían con una TIR (tasa interna de retorno) adecuada”, señaló el director de Gas de una petrolera.

• ¿En qué tipo de licitación están pensando los funcionarios de Energía? En un esquema similar al que utilizó el programa RenovAr, que incentivó la instalación de centrales de generación de energías renovables. El Estado licitará determinado volumen de producción de gas. Si decide construir un nuevo gasoducto deberá conseguir una oferta de entre 20 y 30 millones de metros cúbicos de gas por día del fluido. Si opta por impulsar ampliaciones puntuales en tuberías ya instaladas —una alternativa que está en estudio—, se contentará con algo menos.
• En términos simplificados, las petroleras ofrecerán determinados volúmenes de gas a un precio a su elección. El Ejecutivo adjudicará las que ofrezcan precios más bajos del gas. En los úotimos tres años varias petroleras propusieron a Energía esquemas parecidos, pero nunca se cristalizaron en iniciativas concretas.

En Energía piensan a la licitación en clave de reactivación de los proyectos de inversión de gas que no fueron aprobados bajo el paraguas de la resolución 46. Restan todavía definir múltiples aspectos de la licitación. Entre ellos qué rol jugará el Estado como consolidador de la nueva oferta de gas.

• Una de las alternativas que se baraja es que IEASA (ex Enarsa) o Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), funcionen como los nuevos tomadores (o compradores) de la producción de gas que se adjudique a las petroleras. La posibilidad que preferirían en Energía es que sean las generadoras eléctricas quienes salgan a contratar el gas, pero en los hechos no parece una alternativa viable en los tiempos que maneja el gobierno.

La lección de Bolivia

El gobierno tiene en contra la fragilidad de la macroeconomía, que nuevamente parece estar frente a un stress cambiario y complica el financiamiento; el año electoral, que atenta contra la gestión, y el escaso tiempo para diseñar una licitación consistente. A favor, la gestión del área energética parece ofrecer por primera vez durante el gobierno de Cambiemos una potente cohesión interna. Aunque él mismo acepte públicamente que no tiene formación en el área energética, Lopetegui maneja una botonera que sus antecesores en el cargo —Juan José Aranguren y Javier Iguacel— no poseían.

El ex vicejefe de Gabinete está a golpe de teléfono del presidente Mauricio Macri. La validación de iniciativas es más sencilla. Al mismo tiempo, construyó una relación positiva en materia de gestión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sus enfoques y capacidad de resolución parecen estar alineados. Las internas que en el pasado esmerilaron la gestión energética del gobierno se disiparon o, al menos, atenuaron significativamente.

El equipo de Lopetegui es acotado, pero está encima de los asuntos prioritarios e intenta dar respuestas en tiempo y forma. La interacción con organismos autárquicos como el Enargas también funciona en una atmósfera menos densa que hasta hace algunos meses.

El pragmatismo con que el gobierno resolvió el conflicto por el gas con Bolivia da cuenta del estilo de gestión del secretario de Energía. Hasta principios de enero las negociaciones con el gobierno de Evo Morales estaban estancadas. Prácticamente no había diálogo. Existían chances reales de que el diferendo por el contrato de importación de gas termine en un arbitraje internacionales.

Una vez en funciones, Lopetegui y sus asesores dieron pasos concretos para descomprimir esa situación. Invitaron a funcionarios bolivianos a Buenos Aires para retomar la senda de conversaciones por canales más amistosos. Y tras una negociación express entre técnicos de ambos países lograron firmar en poco más de un mes una adenda al contrato de importación que medianamente dejó satisfechos a ambos países.