El secretario de Ciencia y Técnica de Formosa, Julio René Aráoz, es el responsable de coordinar con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el avance de los proyectos nucleares que se están llevando adelante en la provincia. Allí está previsto que en 2020 se mude la planta de dióxido de uranio Dioxitek, que actualmente opera en Córdoba con una autorización provisoria. En diálogo con EconoJournal, el funcionario aseguró que no tenía ningún tipo de información sobre la decisión de privatizar la empresa, uno de los puntos que prevé el Decreto 882 publicado la semana pasada, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Energía, Juan José Aranguren. “Me enteré por los diarios. No me consta si informalmente alguien le dijo algo al gobernador, pero oficialmente nadie llamó a la provincia. Tengo la responsabilidad de coordinar el proyecto con CNEA y nadie me avisó”, agregó.
-¿El gobierno nacional les había adelantado que iba a avanzar con la privatización de Dioxitek?
-No, no teníamos ningún tipo de información acerca de una medida de esas características.
-¿Y cómo tomaron la novedad?
-Con mucha preocupación porque en Formosa atravesamos un largo proceso para poder lograr la implantación del proyecto en nuestro territorio. La decisión de construir una nueva planta de Dioxitek se produjo luego de la ley de relanzamiento nuclear 26.566 de diciembre de 2009. En esa ley el Estado se comprometió a terminar Atucha II y a invertir en el CAREM, entre otras medidas. Ni bien se aprobó la ley, nosotros pedimos que se instale un CAREM en Formosa porque necesitamos energía para desarrollarnos. A raíz de ello, Norma Boero, por entonces presidente de CNEA, Mauricio Bisauta, vicepresidente, y los gerentes de la CNEA vinieron a Formosa para negociar con el gobernador (Gildo) Insfrán un acuerdo para estudiar la factibilidad de localizar el primer modulo de potencia en la provincia, posterior al prototipo de 25 megavatios que se está construyendo en Buenos Aires.
-¿Y cuando apareció en escena Dioxitek?
-Cuando estábamos definiendo regiones posibles para emplazar el reactor CAREM en Formosa, se produce la clausura de Dioxitek en Córdoba. Se clausura por una resolución del concejo deliberante que prohíbe las actividades industriales en el barrio Alta Córdoba. Jamás se habló de que hubiera impacto ambiental o daño a la gente. El problema era que aumentó la densidad de viviendas en la ese lugar de la provincia. En ese momento, pocas provincias argentinas se mostraban como aspirantes a radicar un proyecto de esas características teniendo en cuenta el perfume antinuclear que recorre el país de acuerdo a la dirección de los vientos. Eran dos las provincias candidatas, entre ellas la nuestra, y finalmente se optó por Formosa porque nosotros nos comprometíamos a apoyar firmemente el proyecto y resistir el embate de las fuerzas antinucleares. Además, los estudios de macrolocalización del reactor que habíamos hecho ahorraban trabajo para radicar una planta que no produce radiaciones ionizantes como los reactores y no requiere consultas a los países vecinos ya que es una planta química. Nosotros estábamos construyendo un polo científico-tecnológico para lo cual habíamos expropiado 570 hectáreas y le asignamos a Dioxitek un predio inicial de 60 hectáreas. La CNEA empezó a licitar y las obras comenzaron. Desde entonces, las obras no se han detenido, aunque se han modificado algunos cronogramas por las dificultades de financiamiento que tiene el sector nuclear desde diciembre de 2015. Por todo esto que hemos venido haciendo es que el anuncio de privatización nos genera preocupación.
-¿Qué grado de avance tiene la obra?
-Ahora está en la etapa 2 donde se está empezando el montaje de equipos. Hay un fallo de un juez federal de Córdoba, (Miguel) Vaca Narvaja, que obliga al Estado Nacional a terminar la obra para poder cerrar la planta de Córdoba definitivamente. Mientras tanto, y para que nuestras centrales no se queden sin combustible, habilitó provisoriamente la planta de Alta Córdoba hasta que se termine la construcción en Formosa. Puso 2020 como plazo. Esa fue una obligación que tomó el Estado Nacional, pero no se qué pasaría si un privado toma el control de la empresa.
-¿Qué es lo que se construyó hasta ahora?
-En lo que respecta a la obra civil tiene un grado de avance cercano al 40 por ciento. Es muchísimo hormigón. Estamos hablando de una nave industrial de hormigón pretensado que tiene 230 metros de largo, que es la columna vertebral del proceso, que está absolutamente terminada, están todos los pavimentos y tiene línea de energía eléctrica. En la provincia hemos construido un acueducto presurizado para poder alimentar eso. Cuando esté en funcionamiento va a demandar 300 puestos de trabajo calificados.
-¿Cuánto vale Dioxitek?
-No estoy en condiciones de decirlo. Dudo que se le pueda poner un precio rápidamente cuando se están cediendo capacidades y desarrollo tecnológico nacional a un privado. No están vendiendo una estación de servicio. La planta la diseñó el Estado a través de los técnicos del sistema nuclear argentino en el ámbito de la CNEA.
-¿Desde el Ministerio de Energía se pusieron en contacto después de que la resolución salió en el Boletín Oficial?
-No, tengo una relación de trabajo cordial con la gente del Ministerio de Energía, pero nadie levantó un teléfono para avisarnos. Me enteré por los diarios. No me consta si informalmente alguien le dijo algo al gobernador, pero oficialmente nadie llamó a la provincia. Tengo la responsabilidad de coordinar el proyecto con CNEA y nadie me avisó.