Entrevista con el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM)
Marcelo Alvarez: «Faltó discusión para definir la carga impositiva del Acuerdo Federal Minero»
9 de mayo
2017
09 mayo 2017
El ejecutivo adelantó que se crearán mesas de competitividad a nivel provincial para encontrar cuál es el mejor esquema tributario para cada proyecto minero en particular. Propuso una aplicación gradual del acuerdo minero para promover la llegada de inversiones.
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Un día antes del lanzamiento de Arminera 2017, la exposición del sector minero más importante del país, que comenzará hoy en Costa Salguero, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), mantuvo una entrevista en profundidad con EconoJournal en la que repasó  los temas centrales de la agenda minera, desde la competitividad del sector, los problemas tributarios y la situación ambiental de la actividad minera.

El titular de CAEM destacó la mejoría del clima de negocios de la mano de una recuperación de la situación macroeconómica del país puso el foco en la necesidad de optimizar la productividad y la competitividad de la industria.

También aseguró que este año se invertirán US$ 320 millones en el área de exploración y analizó con bemoles el alcance e impacto del Acuerdo Federal Minero que firmarán en los próximos días el Gobierno con las provincias.

Sobre este último punto, cuestionó que “faltó discusión desde un punto de vista técnico y profesional” para entender el alcance de la carga fiscal que propone el acuerdo y adelantó que se crearán mesas de competitividad en cada provincia para adecuada el esquema impositivo que mejor se adecúe a cada proyecto minero en particular. En esa dirección, propuso una aplicación gradual del capítulo fiscal del acuerdo a fin de promover la llegada de inversiones.

¿Cuáles son los principales ejes del escenario que atraviesa el sector?, preguntamos al directivo.

En primer lugar, hay que decir que hay una macroeconomía diferente que permite hacer de las inversiones un lugar mejor. En segundo término, el potencial minero que hoy tiene la Argentina; y, en tercero, la previsibilidad que está generando el nuevo gobierno para la industria y para el resto de las industrias del país.

Por lo tanto, el ambiente de negocios es un tema clave y fundamental que nos permite empezar a proyectar un nuevo momento para la minería. Si partimos de este escenario y el Estado nacional y las gobernaciones provinciales trabajan juntos de cara a homogeneizar las normas regulatorias para, entre otros aspectos, desarrollar la exploración, creo que podemos tener una minería en el mediano y largo plazo muy prospera para la Argentina.

¿Cuánto tiempo puede demandar la llegada de inversiones en exploración?

Creo es que este año se empieza a reactivar. Estoy sorprendido con la cifra en exploración para 2017, que son unos 320 millones de dólares y que van a llegar casi a 400 millones de dólares el año que viene. Las perspectivas son positivas. Todavía no se ha materializado en inversiones todo el potencial que tenemos, pero en los próximos dos o tres años se va a empezar a ver una fuerte actividad exploratoria. Lo que se necesita en definitiva es que vengan juniors con capacidad financiera para poder desarrollar los metrajes que necesitamos.

El año pasado se instaló la meta de conseguir inversiones por 20.000 millones de dólares en el área minera. ¿Se avanzó en esa dirección?

Estamos en camino aunque, sin dudas, todavía hay cosas que se tienen que alinear, por ejemplo, las provincias que todavía siguen prohibidas a la minería. En el marco del COFEMIN (Consejo Federal de Minería) se ha logrado al menos tener una instancia de diálogo y discusión con esas provincias. Tal vez el Acuerdo Federal Minero no solucione estos problemas, pero sí al menos las provincias están sentadas en la mesa dispuestas a dialogar.

Alvarez indicó que este año se invertirán US$ 320 millones en la exploración minera.

A través del diálogo se pueden conseguir algunas cosas positivas. Por ejemplo, la semana pasada la localidad de Malargüe, en Mendoza, se declaró localidad pro-minera. Esto es parte de un diálogo que se ha venido dando sostenidamente. Son pequeños indicios donde a través de este mecanismo podemos empezar a destrabar las cosas. Nosotros seguimos confiados en lograr, como dijimos en Arminera 2016, en los próximos cinco años se inviertan 20.000 millones de dólares. En 2016 fueron 800 ó 900 millones de dólares de inversión. Este 2017 van a ser US$ 1.100 millones y para 2018 esperamos US$ 1.800 millones.

Quiero ser claro, nosotros mostramos ese objetivo de cinco años y 20.000 millones de dólares de inversión como un desafío. Pero también como una muestra a la sociedad los proyectos que hoy tenemos en cartera, listos para arrancar, si es que las condiciones se terminan de dar.

Pretender que todas las condiciones se den de un día para el otro no es fácil. Hoy todos los actores del sector están hablando de la misma cifra. Esto quiere decir que esta meta es compartida por todos.

¿Qué balance haces del Acuerdo Federal Minero y del texto que saldrá firmado?

El Acuerdo Federal Minero es importante porque el diálogo alrededor de la minería entre la Nación y las provincias estaba trabado desde hace años. El hecho de retomar el COFEMIN y generar un nuevo acuerdo que nos permita que todas las provincias estén mirando lo mismo y tratando de homogeneizar sus normas es muy positivo para el país. Al mismo tiempo, el hecho de tener una impronta de fortalecimiento institucional, de generación de transparencia, de poner en foco en los controles ambientales y de desarrollo de las comunidades es perfecto para el sector y es lo que nosotros necesitamos para desarrollar la industria de manera sostenible.

Sin embargo, tenemos nuestras diferencias, principalmente en materia del establecimiento de las reglas fiscales. Nosotros sostenemos que la Argentina tiene que dar un salto cualitativo en términos de la metodología del cálculo para la meta impositiva. Hoy la Argentina tiene un modelo regresivo mientras los países con quienes competimos tienen modelos progresivos. Esto hace a la competitividad del país.

Lo que le estamos planteando al Gobierno es aprovechar la oportunidad de llegar a un acuerdo entre todas las provincias y la Nación para que nos mudemos a un modelo progresivo que no significa pagar menos, todo lo contrario. Podemos hasta llegar a pagar más, pero acompañando el ciclo de los negocios.

¿La idea central es que la carga impositiva se aplique sobre la utilidad del negocio y no sobre la facturación bruta?

Exactamente. Eso mismo.

Algunos sectores de Gobierno indicaron que pese a que no se avanzó en esa dirección, la quita a las retenciones mineras termina generando un ambiente positivo para la inversión. ¿Es así?

Son dos cosas distintas. Una es el balance económico de las empresas y otra es la competitividad del país. Sin duda lo que está en juego en la Argentina es el giro que han dado los negocios internacionales, que tienen que ver con competitividad y productividad. Es un tema que está planteando el propio presidente Mauricio Macri. Me parece que en la discusión fiscal del acuerdo faltó diálogo técnico y profesional. Se discutió superficialmente y faltaron actores decisivos en la mesa para evaluar esta situación como los ministros de Economía de las provincias y el de Nación, que participaron de la mesa de diálogo del COFEMIN pese a ser fundamentales a la hora de tomar decisiones por parte del Estado.

Por todo esto, ¿qué balance realiza de la implementación del acuerdo? ¿Tendrá efectos positivos en materia de competitividad?

Su aplicación puede ser positiva si somos capaces de generar mesas de competitividad regionales que nos permitan trabajar con cada gobernador, con cada provincia, a fin de establecer esas reglas del juego de cara al futuro y a la inversión.

Hoy el Gobierno estableció un “hasta” (cuánto puede trepar la carga impositiva). Lo que viene ahora es ver cómo se aplica esa “hasta”. Si somos capaces de generar, al menos en la primera etapa, una progresividad sobre las ventas, es decir, empezamos cobrando el 0,5%, el 1% hasta llegar al 3% es algo importante para empezar a generar proyectos que puedan ser viables mientras vamos trabajando en generar este nuevo sistema y vamos viendo que la progresividad es mejor que la regresividad.

La clave está en generar las mesas de competitividad que hemos acordado con los ministros. La idea es que una vez que se firme el Acuerdo Federal Minero, vamos a trabajar regionalmente con las provincias para ver dónde están las necesidades de competitividad para cada una de ellas.

¿Cómo funcionarán las mesas de competitividad?

Lo que buscamos es que la carga fiscal sea la adecuada para cada región y a cada proyecto. No es lo mismo una regalía de 3% para el doré que para un concentrado de cobre. Los costos son distintos y el precio es distinto. Por lo tanto, el acuerdo prevé un aumento que va de cobrar regalías sobre un 3% del valor en bocamina a hacerlo sobre el 3% de las ventas en oro y plata. Esto significa a lo mejor medio punto porcentual más sobre ventas de oro, pero para el concentrado de cobre significa hasta un 1,5% más, con lo cual estamos perdiendo competitividad.

Entonces, nos sentaremos con las provincias para analizar proyectos de litio, de cobre o de oro y ver cómo hacer para que esos emprendimientos sean viables.

¿La Nación participará de la convocatoria?

Lo que hemos hablado con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, es arrancar con mesas regionales, pero en lo personal creo que vamos a tener que ir rápidamente a trabajar con cada provincia y con cada proyecto en particular.

¿Qué proyecto en el norte del país ves con viabilidad para salir en el corto plazo?

Primero, en mi carácter de presidente de la CAEM, es complejo para mí hablar de proyectos en particular. Pero hay varios en cartera que son factibles de desarrollarse en los próximos años, si es que podemos lograr esas condiciones.

¿Se analizó la posibilidad de avanzar con acuerdo de productividad con el sindicato, tal como el redactado para Vaca Muerta?

Hemos estado hablando franca y abiertamente con el gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) y acordamos constituir una mesa de trabajo, siempre con el objetivo de no afectar el salario de los trabajadores ni su dignidad. A partir de ahí, el gremio está de acuerdo con trabajar en ver aquellos aspectos donde se pueden mejorar la productividad laboral para el futuro. Los convenios colectivos tienen muchos años la gran mayoría y se vienen nuevas tecnologías y modelos de trabajo distintos.

¿Hay mucha diferencia si se compara la productividad argentina con la de Chile, Perú o Canadá?

Hay un tema que tiene que ver con regulaciones nacionales y de legislación que sí nos quitan competitividad laboral frente al resto de los países. Y además están los temas que tienen que ver con la eficiencia. Si al menos podemos mejorar la eficiencia, ganaríamos un espacio importante.

Con relación a la delicada situación de Veladero, ¿cuál la posición de la cámara?

En primer lugar, hay que tener diálogo permanente, entendimiento y mayor control. Además, lo que estamos planteando desde la cámara es tener un sistema de medición con el que podamos demostrar que se están cumpliendo estándares internacionales y que más allá de los incidentes se cumplen con los estándares.

Creo que una cosa es cumplir con los estándares y tener un incidente y otra cosa es no saber si estas cumpliendo o no los estándares. Entonces, lo que queremos hacer desde la cámara es tener un mecanismo que nos permita demostrarle a la sociedad con hechos concretos, con una publicación actualizada en la página web de la CAEM, que den cuenta que las empresas están cumpliendo con protocolos se seguridad y ambiente, y mostrar también indicadores de gestión, que son los mismos que se cumplen en Canadá o en otros países.

Esto nos va a permitir generar credibilidad tanto con el Estado como con la sociedad. Una vez que se produjo un incidente, lo central es ver por qué se produjo a fin de no poner en cuestionamiento todo el desarrollo de la mina.

¿Es una idea de CAEM o participaría otro organismo provincial o nacional?

Se crearían dos mecanismos de control. Primero, una auditoría externa para analizar el desarrollo del programa en cada yacimiento y, segundo, un panel de sectores como ONG´s, gremios, comunidades, organizaciones que tengan que ver con la minería y tengan credibilidad pública y que acompañen es implementación.

¿Serviría que el Gobierno nacional cree una agencia ambiental, como se pensó hace un tiempo?

Lo principal hoy es fortalecer la capacidad de los estados provinciales. Después, si vamos generando la madurez necesaria para generar un organismo de estas características, podemos pensar (en la creación de una agencia), pero hoy la prioridad es darle las herramientas y las capacidades técnicas y económicas a las provincias. El personal capacitado para hacer la tarea de policía minera existe, lo que necesitamos es que el Estado se fortalezca para ejercer su función.

¿Cómo analiza la situación en la Patagonia, una región que ha tenido algunos puntos complejos en los últimos años?

Existen dos puntos. Por un lado, el problema estructural que tiene la provincia de Santa Cruz. Pero también la relación que la minería ha establecido con el gobierno provincial en los dos últimos años. Creo que esta relación ha mejorado, ha madurado. Acordamos el establecimiento de un fideicomiso de Responsabilidad Social Empresarial que se está empezando a implementar, que hay que hacer ajustes. Pero creo que en términos de diálogo y trabajo con la Secretaria de Minería y con el gobierno provincial ha sido positivo en líneas generales. Creo que hay que separar las cosas. Por nuestro lado, hay una decisión del gobierno provincial de obtener mayor inversión en la provincia, de dar las condiciones propicias para que se dé la inversión. La relación con nosotros ha mejorado. Pero el problema estructural que se ve en Santa Cruz, la crisis que se está viviendo, obviamente afecta el clima de negocios. Esperamos que esa crisis se pueda solucionar desde lo político y nosotros podes seguir generando empleo y recursos para que la región pueda salir adelante.

¿Y el escenario de Chubut, una provincia con mucho potencial minero pero con una norma que prohíbe la actividad como la Ley 5001?

Como decíamos al principio de la entrevista, hoy lo fundamental es fortalecer el proceso de diálogo con las comunidades, con los distintos sectores, seguir trabajando con el gobernador (Mario Das Neves) y explicando el potencial desarrollo de la minería y tener paciencia en esa construcción política y social. No soy partidario nunca de que los procesos se rompan antes de que maduren. Hoy el proyecto Navidad puede ser una salvaguarda muy grande para el desarrollo de la actividad en la provincia y todos tenemos que trabajar para que todo se haga bien. Pero la política tiene sus tiempos y hay que ser respetuosos de eso.

 

 

 

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