El pliego licitatorio que dio a conocer este miércoles el gobierno para reprivatizar las centrales del Comahue contempla que, durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada en las represas tendrá un precio regulado destinado a cubrir la demanda prioritaria residencial a través de las distribuidoras. Según la fórmula explicitada en el artículo 9 del pliego, ese precio oscilará entre US$15 y US$20 por Mwh, mientras que las generadoras que se queden con esos activos podrán comercializar el 5% a precio libre, tal como anticipó EconoJournal en abril.
El pliego, publicado como Anexo 1 de la resolución 1200/25, prevé además que el porcentaje que las generadoras podrán vender a precio libre se irá ampliando cada dos años. Es decir, 5% en los dos primeros años de concesión, 10% en el tercero y cuarto, y a partir de entonces se dispondrá de un 10% adicional cada dos años hasta la disponibilidad total del 100% de la energía generada recién en el año 21 de los 30 que prevé la concesión.
Especialistas del sector consultados por EconoJournal aseguraron que el precio de la energía que se podrá comercializar libremente en el mercado spot dificilmente llegue a los US$ 50 por Mwh. Además, en el caso de los contratos que las empresas licenciatarias puedan pactar libremente con la demanda serán a riego de la operadora de cada central, es decir que si no tienen tal disponibilidad primero tendrán que cubrir al Mercado Eléctrico Mayorista al precio regulado.
Por su parte, el precio regulado equivale a la remuneración promedio que recibieron las generadoras que despachan esas centrales a lo largo de 2024. El dinero que reciben está calculado bajo el paraguas de un esquema de costo-plus desde 2013: el Estado monitorea los costos de operación y mantenimiento (O&M) de las compañías y les autorizada una rentabilidad moderada.
Por qué se implementó este esquema
La modalidad implementada por el gobierno conspira contra el valor de las ofertas económicas que van a hacer los privados porque quien se quede con esos activos no podrá vender la energía al precio que quiera. Sin embargo, el gobierno decidió avanzar por este camino para evitar un encarecimiento abrupto del costo medio de la electricidad, situación que derivaría en un aumento de las tarifas residenciales o de los subsidios.
La convocatoria a concurso nacional e internacional realizada mediante la publicación del pliego prevé la venta del 100% de las acciones de las sociedades concesionarias Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.; Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.; Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Esta medida forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de Enarsa, establecido por el Decreto 286/2025, que contempla la venta por etapas de sus activos.
En esa compulsa ningún participante podrá superar el 20% de la generación eléctrica del país (base: 43.555 MW). Es un límite que no tendrá efecto práctico porque ninguno de los generadores podría superar ese porcentaje si se toma en cuenta el porcentaje que concentran actualmente y que ninguno podrá adjudicarse hasta dos concesionarias.
No se permitirá que se presenten Uniones Transitorias de Empresas (UTE) ni entes públicos provinciales o municipales. Los adjudicatarios asumen los bienes propios y cedidos, contratos en curso, personal y obligaciones sociales, y se establecen obras y trabajos obligatorios en seguridad de presas, medioambiente y operación.
