“La maravilla de la política consiste en convertir en obras concretas lo que siempre fueron sueños”, aseguró Cristina Fernández Kirchner el 4 de febrero de 2015 en Beijing cuando firmó la orden de inicio para la construcción de las represas de Santa Cruz. El plan preveía que ambas estuviesen terminadas en cinco años y medio, pero luego de una década se construyó menos del 30% y hace casi dos años que la obra está parada por reclamos cruzados entre los contratistas y el Estado. EconoJournal confirmó con fuentes oficiales y privadas que la intención del gobierno de Milei es reactivar al menos la central Jorge Cepernic (ex La Barrancosa), la obra más chica del complejo y la que tiene el mayor grado de avance, pero la negociación continúa empantanada.

Las diferencias

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran la china Gezhouba, Eling (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo detuvo la construcción en noviembre de 2023 porque el gobierno de Alberto Fernández había dejado de pagar certificados de obra y porque el Estado acumula una deuda con el consorcio que, según fuentes cercanas a la UTE, llega a los 400 millones de dólares.

El gobierno de Milei retomó esa negociación, pero luego de un año y medio siguen sin ponerse de acuerdo en ninguno de los dos puntos. Con respecto al pago de los certificados de avance de obra, la posición oficial es que no se pagan porque dejaron de llegar fondos del crédito chino. En el informe presentado el jueves pasado en el Senado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que “las solicitudes de desembolso deben ser efectuadas por el contratista, y no ha presentado solicitudes de nuevos desembolsos desde el 16 de diciembre del 2022”.

Cerca de la UTE, en cambio, afirman que “los fondos no deben ser pedidos por las empresas porque el cliente del crédito es el Estado nacional”. Fuentes oficiales insisten en que no tienen problema en viabilizar esa solicitud, pero remarcan que el año pasado los privados no quisieron firmar ese pedido. “Lo que sucede es que, para pedir ese desembolso, tanto Enarsa como las contratistas tienen que firmar un documento en el que le dicen al banco que no hay ningún problema contractual y los problemas contractuales existen”, responden cerca de la UTE.

Ahí es donde aparece el segundo punto de conflicto. Los privados dicen que para poder hacer el pedido de los fondos tiene que estar normalizado el contrato, lo que incluye un acuerdo sobre cómo el Estado va a saldar la deuda de US$ 400 millones. Eso es lo que debería incluir la adenda XII del contrato, pero esa adenda no se firma porque no hay acuerdo sobre el monto de la deuda.

Fuentes del gobierno nacional vienen sosteniendo desde el inicio que la cifra que reclama la UTE está inflada y en la administración de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, coinciden con que la UTE está floja de papeles en ese punto. EconoJournal consultó a Enarsa para tener más precisiones sobre la negociación, pero no obtuvo respuesta por parte de la compañía conducida por Tristán Socas, un directivo que llevó al cargo por impulso del asesor presidencial Santiago Caputo. Enarsa cumple un rol central de comitente, supervisor técnico y coordinador institucional en la construcción del complejo hidroeléctrico.

Antes de que la obra se frenara, la UTE tenía empleados a 2858 trabajadores, pero a comienzos de 2024 el consorcio despidió prácticamente a todos y en la actualidad solo quedan 120 personas, entre los que se encuentra el personal abocado al cuidado de los activos.

Historia accidentada

La construcción de las represas tuvo problemas prácticamente desde su inicio. En diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender las obras hasta que se realizara un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. En medio de ese proceso el gobierno de Mauricio Macri rediseñó el proyecto reduciendo su potencia y la cota de embalse. A fines de 2017 se reactivó el emprendimiento, pero un año después se produjo una grieta de unos veinte metros por un desplazamiento de tierra en uno de los taludes de contención del vertedero de la central más grande, lo que obligó a un rediseño del proyecto, con el consiguiente encarecimiento de la obra. Ese hecho provocó enormes dudas sobre la capacidad técnica con la que se estaban realizando los trabajos. En marzo de 2020 se sumó el freno por la pandemia, lo que encareció todavía más los costos. Finalmente, en noviembre de 2023 la contratista detuvo las obras por falta de presupuesto.

Las represas tuvieron problemas hasta con el nombre. En la primera y en la segunda licitación que se iniciaron en 2007 y 2010, ambas frustradas, se las conocía como Condor Cliff y La Barrancosa, pero en la licitación de 2012, se las renombró como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Durante la administración de Macri, les volvieron a poner el nombre anterior, pero en junio de 2021 el gobierno de Alberto Fernández las bautizó una vez más como Kirchner y Cepernic. Lo cierto es que con ninguno de esos nombres la construcción logró despegar.

Según el informe que presentó Francos el jueves pasado en el Senado, de los US$ 4750 millones previstos en el convenio de financiamiento firmado en 2014 con un consorcio de bancos chinos hasta el momento se desembolsaron US$ 1850 millones, casi el 40%, pero el grado de avance en la construcción de la represa Néstor Kirchner, la más grande, es de solo 19%, mientras que en el caso de Jorge Cepernic llega al 46%. “Resultaría más efectivo concentrar los recursos y la inversión en avanzar primero con la represa Jorge Cepernic mientras se generan las condiciones técnicas y económicas para el reinicio de la otra represa Néstor Kirchner en una etapa posterior”, reconoció Francos en su informe.

La central Cepernic representa un tercio de la obra total, las tres turbinas Kaplan de 120 MW que requiere ya se construyeron a medida tomando en cuenta el salto hidráulico y el caudal del río Santa Cruz (dos están en Argentina y la tercera en China) y, a diferencia de la represa Néstor Kirchner, no tuvo ningún problema de desplazamiento de suelo. Por eso el gobierno quiere al menos terminar esa construcción, pero las diferencias en torno a la deuda que reclaman los privados sigue trabando todo. La intención es lograr un acuerdo antes de septiembre, que es cuando termina la veda de invierno y podrían retomarse las actividades, aunque no es fácil porque es una negociación en la que todos se desconfían.

Relación tensa entre socios

Fernández de Kirchner le adjudicó la construcción del complejo hidroeléctrico en agosto de 2013 a un consorcio encabezado por la firma china Gezhouba, del que formaba parte Electroingeniería, empresa cordobesa que obtuvo múltiples contratos de obra pública durante el kirchnerismo y que terminó con sus dos principales accionistas, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, procesados por el delito de cohecho en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”. Cerca de la compañía sostienen que todas esas adjudicaciones fueron por licitación pública y remarcan que, a diferencia de otros empresarios involucrados en la causa, Ferreyra y Acosta nunca reconocieron el pago de coimas.

La empresa luego cambió su nombre por Eling y fuentes cercanas a la firma aseguran que sus dueños también cambiaron. “En 2018 Ferreyra y Acosta pidieron licencia a su cargo de presidente y vicepresidente y tomaron el liderazgo Juan Manuel Pereyra y Carlos Bergoglio hijo, quienes eran directores de Finanzas y de Ingeniería y pasaron a ser presidente y vicepresidente, respectivamente. A su vez, en 2022 se termina de concretar la salida completa de Gerardo Ferreyra y su familia de la compañía. Desde entonces, las acciones quedaron en poder de Juan Manuel Pereyra, Carlos Bergoglio hijo y los hijos de Osvaldo Acosta, en partes iguales”, contaron a EconoJournal.

Sin embargo, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de Santa Cruz que conduce Claudio Vidal creen que el cambio de nombre y de accionistas fue principalmente cosmético. Argumentan que hay vínculos muy estrechos entre los viejos y los nuevos accionistas no solo porque los hijos de Acosta permanecen sino porque Pereyra ingresó en el área de finanzas de Electroingeniería en 1999 y fue escalando hasta convertirse en presidente luego de la detención de Acosta, mientras que Carlos Bergoglio es el hijo del ejecutivo homónimo, fallecido en 2024, que se desempeñó como director de Relaciones Institucionales y vocero de la empresa hasta que se jubiló en 2015. Por su cercanía al kirchnerismo, el gobierno nacional y en la gobernación santacruceña le tienen una profunda desconfianza a ese socio local. Incluso fuentes oficiales dejaron trascender que la relación entre Eling y Gezhouba no es buena por una deuda millonaria que la firma argentina mantiene con su socio asiático. No obstante, cerca de la compañía argentina negaron que Eling tengan una deuda con Gezhouba.

El vínculo del gobierno nacional con China tampoco es de lo más fluido. “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, respondió Milei en agosto de 2023 cuando el periodista Juan Pablo Spinetto de Bloomberg News le preguntó durante la campaña electoral sobre cómo iba a ser la relación con el gigante asiático si ganaba las elecciones. Una vez electo suavizó su postura. En septiembre del año pasado declaró que “China es un socio comercial muy interesante”. “No exigen nada, lo único que piden es que no les molesten”, sostuvo. Además, en noviembre se reunió con Xi Jinping en el G20 para acordar la renovación de swap de monedas. Ese giro del presidente hace prever que no debería haber inconvenientes para negociar la adenda XII, aunque el alineamiento de Milei con Estados Unidos y las presiones del gobierno de Donald Trump para que China no pise fuerte en la región generan dudas sobre la verdadera voluntad de un acuerdo.

“Más allá de que existen conversaciones con el contratista, cabe señalar que no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato. Una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, se limitó a responder Francos en el informe enviado al Senado.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que las negociaciones continúan y se busca alcanzar un acuerdo, pero al mismo tiempo remarcan que esa negociación ya lleva un año y medio y no puede extenderse indefinidamente. “Si la negociación fracasa, la opción es poner fin a esta parte del acuerdo país-país, dejar sin efecto el contrato, accionar legalmente, volver a licitar la obra y buscar financiamiento para finalizar la construcción”, concluyó una de las fuentes.