Por primera vez en más de dos décadas, la Argentina ha completado una Revisión Quinquenal Tarifaria por el servicio de gas natural. Esto es una señal institucional clave: volvemos a tener un marco regulatorio estable, con reglas claras que guiarán el accionar de transportistas y distribuidoras entre 2025 y 2030.
El nuevo esquema incluye tanto las tarifas autorizadas como las obligaciones de inversión. En conjunto, los planes presentados ante la Secretaría de Energía, superan los US$ 1.200 millones, incorporados dentro del valor que pagamos los usuarios a través de la tarifa.
A partir de esa base normativa, se abre una oportunidad estratégica: construir un mercado moderno, eficiente y centrado en el usuario. Hoy más del 80% del costo del gas ya está cubierto por tarifas reales, sin subsidios, salvo para usuarios protegidos (N2 y N3) por una demanda base. Este cambio, gradual pero sostenido, apunta a una mayor transparencia en los precios y una menor dependencia del financiamiento estatal.
Para lograr dicho objetivo, un eje central de la revisión es el compromiso de mejora en la infraestructura y en indicadores técnicos, como sucede con el volumen de gas no contabilizado, que en Argentina se encuentra aún por encima de los estándares internacionales. Alcanzar niveles como el 2,5% de gas no contabilizado requerirá inversiones sostenidas y una gestión más eficiente. Pero también significará una red más confiable, moderna y justa para todos los usuarios.
Impacto
Al mismo tiempo, es importante considerar cómo impactarán estos cambios en los distintos tipos de usuarios. En el caso de los grandes usuarios industriales y comerciales, ya operan en un régimen de mercado libre: pueden elegir a quién comprarle el gas. Estos ajustes en transporte y distribución les impactan, pero una gran porción de su costo (el gas mismo) la obtienen a valores de mercado y mas competitivos que los usuarios cautivos.
Entre tanto, los usuarios cautivos como hogares y pequeños comercios compran todo el producto (gas+transporte+distribución) a su distribuidora. Es de esperar que en un futuro, esto se liberalice, tal como ocurre en países desarrollados. Para ellos, el aumento tarifario ha sido moderado, siguiendo la directiva del Ministerio de Economía de evitar subas abruptas en el marco del plan antiinflacionario. Los ajustes iniciales rondan el 3%, y el resto se distribuirá en cuotas a lo largo de 30 meses.
Mirando hacia adelante, un país que busca el crecimiento económico necesita energía disponible, competitiva y segura. Esa energía debe estar sostenida en un sistema donde productores, transportistas, comercializadores y usuarios operen bajo reglas claras, con incentivos alineados y previsibilidad a largo plazo.
La Argentina tiene los recursos, la capacidad técnica y el conocimiento. Lo que estamos empezando a recuperar es el marco institucional necesario para transformar ese potencial en crecimiento real. El desafío ahora es sostener este camino con compromiso, gestión y resultados.
(*) Abogado, especialista en derecho administrativo y energía y presidente de SAESA.
