El Gobierno nacional quiere lanzar en enero un nuevo esquema que, a partir del próximo invierno 2026, elimine la intermediación estatal en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda estacional, transfiriendo mediante licitación pública esta responsabilidad a un comercializador que asuma el rol que hasta hoy desempeña Enarsa.
En el proceso de privatización de Enarsa, a partir de la indicación de la Ley de Bases, la Secretaría de Energía está desarmando potestades que fue acumulando la empresa en las últimas dos décadas, y que la actual gestión considera que no deben estar en manos del Estado, en tanto haya un privado que pueda ocupar ese rol.
En el caso de las compras de los metaneros de GNL la idea que se trabaja en la Secretaría de Energía es eliminar la intermediación estatal y traspasar esa responsabilidad a un comercializador, el que será asignado mediante licitación pública como encargado de leer la demanda estacional, determinar los volúmenes de GNL necesarios para cubrir el pico, y gestionar la compra de los cargamentos en el mercado internacional.
El riesgo privado ante la volatilidad
La gestión de los cargamentos en el mercado internacional implica que el comercializador deberá navegar la volatilidad de los precios del GNL, influenciados por las tendencias globales y la demanda estacional. Históricamente, la Argentina accede a este mercado con contratos spot a comienzos de cada temporada para cubrir los picos invernales, en al menos dos o tres tandas de licitación.
El desafío para el privado residirá, además, en la optimización logística, que incluye no solo la compra del gas, sino la contratación de los buques metaneros y la coordinación para la llegada a la planta regasificadora de Escobar, desde donde se inyecta al sistema de TGN.
Una consecuencia directa de esta medida es que el costo pleno del GNL importado, que suele ser significativamente más alto que el gas producido en la Argentina, será trasladado a la tarifa de los usuarios finales, eliminando así el subsidio estatal que hoy absorbe ENARSA, en valores que más que duplican por lo que se paga el gas argentino.
La misma fuente consultada explicó que si bien se delega lo operativa, el Estado no se desentiende por completo, sino que el plan que se busca poner en marcha contempla que la autoridad de aplicación «seguirá supervisando la operatoria«, aunque dejará en manos privadas la decisión sobre la cantidad de barcos a comprar y los precios de adjudicación.
La privatización de Enarsa
Este movimiento se da en un marco más amplio que incluye la autorización para el proceso de privatización total de Energía Argentina, tal como se estableció en el Decreto 695/24, por el cual se dispone la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio de la empresa, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo.
La intención del Gobierno es que el sector privado asuma el riesgo y la gestión de la compra del GNL, un insumo clave para el invierno. Esto se enmarca en la política de eliminación de subsidios y búsqueda del equilibrio fiscal, pero aún no está claro el impacto potencial en las tarifas de los consumidores al trasladar el costo real de la energía importada.
La Secretaría de Energía ya comunicó a las distribuidoras y grandes comercializadores de gas que serán ellos quienes deberán asumir las compras en el mercado para el invierno, gestionando el abastecimiento con el comercializador adjudicado y eliminando, finalmente, el rol de intermediario de Enarsa.
El rol del Estado como comprador
En el reciente Energy Day que organizó EconoJournal, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que el Gobierno decide dar este paso de desregulación con el convencimiento de que “no va a faltar GNL”, y resaltó que “lo que se haga es con la intención de que esté la misma disponibilidad que hoy, pero no tiene sentido que el comprador de última instancia tenga que ser siempre Enarsa”.
Lo segundo es que “tampoco tiene sentido que el Estado pague el costo. Entonces, se intentará llegar a este invierno para que los compradores GNL sean comercializadores, asegurar que el precio sea igual o menor, porque con más libertad menores precios”.
El tema crucial que se desprende de esa transformación es de qué manera ese costo se distribuye en la demanda. El Plan Gas tiene un costo promedio año de US$3,8, y si se le adiciona a la demanda residencial de gas, el impacto del GNL específicamente para consumo residencial, “ese precio promedio anual subirá 5% a lo sumo 10%, por lo que el Gobierno busca una forma de abordar eso, de manera que no haya una parte de la demanda que pague todo el costo del GNL”, explicó.
La desregulación de las compras de gas natural licuado es uno de las dos reformas que está llevando adelante en el mercado del gas. La otra es la reducción del rol central de Enarsa como compradora de gas bajo el esquema del Plan Gas.ar.
El espejo del mercado eléctrico
El objetivo es replicar la estrategia de salida gradual que se aplica en el sector eléctrico: mantener a Enarsa solo como comprador de última instancia, mientras se generan los incentivos necesarios para que los productores de gas que actualmente venden su producción a la compañía estatal busquen voluntariamente sustituirla por off-takers (compradores) del sector privado.
Esta medida es vista como un paso crucial para acelerar la desregulación, dado que el Plan Gas, si bien fue una política de Estado que funcionó bien, hoy representa un obstáculo para la liberación del sector. El Gobierno argumenta que las condiciones del mercado cambiaron y el sector privado ahora tiene capacidad de contratación, por lo que se debe promover la relación contractual directa entre privados.
Finalmente, de ambos casos -libre contratación de gas y de GNL- se desprende una transparentación de los costos para asegurar la provisión de todo el sistema, y hacer el pass-through a las tarifas para que luego el Estado Nacional defina qué porcentaje subsidia. En ese punto empalma el nuevo criterio que comenzara a aplicar la Secretaría de Energía de subsidiar parte de la energía en un proceso gradual durante 2026, pero sin complicar la señal de precios.
