Las principales empresas del sector industrial-exportador y petroquímico de Bahía Blanca expresaron su rechazo al proyecto de la municipalidad, que propone un incremento extraordinario en la Tasa de Seguridad e Higiene. La medida, que en algunos casos incluye subas que hasta el 140%, es considerada un riesgo para la competitividad, la seguridad jurídica y las futuras inversiones en la región.
La intención del ejecutivo bahiense es concretar un incremento de tasas vinculado a la necesidad de financiar obras de infraestructura, tras el inédito temporal de comienzos de marzo que provocó inundaciones masivas, servicios colapsados y 18 muertes. El rechazo a la opción de financiamiento elegida se realizó a través de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), encabezada por su presidente Matías Campodónico; y la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahía Blanca, presidida por Gustavo Lucero.
El puerto, junto con el polo químico y petroquímico de Bahía Blanca, es un eje de la industria de la región sur del país, con un fuerte impacto en las exportaciones, la creación de empleo y la producción de insumos esenciales para diversas cadenas de valor. Por lo cual, las entidades coincidieron en que cualquier cambio en el esquema tributario debe ser evaluado con cuidado, considerando su efecto sobre la actividad, los costos y la viabilidad de nuevos desarrollos.
La CIQyP nuclea a empresas como Dow, YPF, Profertil, Mega y PBB Polisur, además de otras como Atanor, Sinteplast, Akzo Nobel Chemicals, Ferrosur Roca y Sika Argentina, mientras que la de concesionarios y permisionarios del puerto integra a las compañías de la industria petroquímica con las dedicadas a la logística y exportación agroindustrial. Entre ellas se encuentran compañías de procesamiento de alimentos, almacenamiento y exportación de productos como frutas y cereales.
El rechazo de la industria petroquímica
La Cámara de la Industria Química y Petroquímica expresó también una «profunda preocupación ante la reciente iniciativa que propone aumentos extraordinarios en las tasas que impactan en la competitividad del sector y en el desarrollo productivo de una región clave para la industria».
Desde la entidad, se detalló la magnitud de la modificación, explicando que «la propuesta de incrementar de manera significativa la Tasa de Seguridad e Higiene, a través de aumentos en las alícuotas y la inclusión de sobretasas, tiene un efecto inmediato y negativo en los costos operativos del sector«.
«Estos ajustes desmedidos se dan en un momento muy complejo de la industria química y petroquímica a nivel mundial, en donde la sobreoferta de productos afecta seriamente los precios y los márgenes del sector, situación que se observa desde hace un par de años y se prevé que se prolongue por lo menos hasta 2028″, agregó al cuestionar también la oportunidad de la iniciativa, considerando el contexto global.
La CIQyP también alertó que “esta decisión de aumentar las tasas mencionadas disminuye la competitividad, afecta la previsibilidad necesaria para planificar inversiones y generan una pérdida de confianza entre los actores que impulsan el desarrollo industrial y exportador de la región”.
A nivel internacional, Argentina compite con otros polos industriales que ofrecen entornos estables, incentivos a la inversión y reglas claras, se argumentó. Por lo cual, para no quedar rezagados frente a esos mercados, “es crucial garantizar condiciones que favorezcan la llegada de capital, la modernización tecnológica y el crecimiento sostenido dentro del sector”, cerró la carta.
La postura de los permisionarios
Por su parte, la Cámara de Permisionarios y Concesionarios, que agrupa al sector industrial-exportador, rechazó el proyecto por entender que compromete el futuro productivo de la ciudad. “Un aumento significativo de la Tasa de Seguridad e Higiene -a través del incremento de alícuotas y sobretasas que en algunos casos superan un aumento del 140%-, genera una pérdida de competitividad y confianza entre los principales actores que motorizan el desarrollo económico de la ciudad con el riesgo consecuente para la industria», expresó la entidad.
Desde la Cámara se reconoció “la complejidad del contexto y el enorme desafío que implica financiar proyectos de obra, pero no debiera realizarse a través del incremento extraordinario de una tasa cuyo destino no está vinculado a una contraprestación concreta y proporcional al servicioprestado”. Y en el mismo sentido, cuestionó que a pesar de la genuina preocupación del Municipio por las obras de infraestructura, la cual compartieron, no justificaba la falta de diálogo con un sector que desde diciembre de 2023 estuvo abierto y predispuesto a dialogar.
“El sector industrial-exportador representado estuvo apoyando al Municipio en la reconstrucción de la ciudad con aportes extraordinarios y sostenidos que financiaron proyectos de reconstrucción de escuelas, jardines de infantes, hospitales, clubes deportivos, espacios públicos, instituciones y organizaciones, entre otros, que incluso abarcó dos instancias de apoyo financiero a las arcas municipales”, enumeró la entidad, lo que se complementa con los programas de inversión social que cada compañía desarrolla cada año en la comunidad.
En el cierre de la comunicación de los actores del puerto afirmaron que “el futuro de la ciudad se construye juntos, con la participación y un debate amplio entre todos los actores institucionales, para encontrar alternativas que equilibren la necesidad de recursos públicos con la sostenibilidad de la actividad industrial”, lo que permitirá alcanzar soluciones que integren la mirada del Estado y del sector productivo.
