“Fue una decisión de Las Fuerzas del Cielo, no la tomamos nosotros”, respondió por elevación un funcionario de segunda línea del área energética cuando un directivo de una empresa eléctrica quiso saber por qué el gobierno no corría la fecha de presentación de ofertas en la licitación para reprivatizar las cuatro represas del Comahue; prevista en el pliego original para este jueves 23 de octubre, apenas tres días antes de las elecciones legislativas.
La definición oficial de no postergar la presentación de propuestas técnico-económicas para después de los comicios del próximo domingo —tal como pretendían los privados con el aval del sentido común—, fue tomada, en rigor, por el director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, un funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Esa decisión motivó que las principales compañías de generación de energía del país trabajen por estas horas contrarreloj para determinar si se presentan o no mañana en la primera privatización de activos energéticos que impulsa la administración de Javier Milei.
Según un relevamiento realizado por este medio entre fuentes privadas de primer nivel, hasta este martes a la noche sólo estaba confirmada la participación de unas pocas empresas: Central Puerto, Enel y AES —los tres concesionarios actuales de las centrales Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá, respectivamente—, junto con Pampa Energía, uno de los dos mayores jugadores del mercado de generación, y el recién creado grupo Edison Energía, un holding que este año adquirió varios activos energéticos y que nuclea a empresarios locales de distinto rubro como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; Guillermo Stanley y Federico Salvai, ex dirigente del PRO y cuñado del ex Citi Bank (está casado con Carolina Stanley); Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli, accionistas de Havanna; y los hermanos Patricio y Juan Neuss, este último con excelente relación con Santiago Caputo.
A ese grupo de cinco podrían llegar a sumársele otros jugadores relevantes del sector eléctrico como Genneia, el mayor generador de energías renovables del país, que es presidida por Jorge Brito (h); y Aluar, el único productor de aluminio del país que, como industria electrointensiva se expandió en el negocio de energía eólica y controla la represa hidroeléctrica de Futaleufú, en Chubut. Sin embargo, por estas horas su participación no está confirmada.
Otra incógnita es qué posición tomará Aconcagua Energía Generación, la sociedad que opera la represa Planicie Banderita-Cerros Colorados que, pese el default del holding petrolero (los activos hidrocarburíferos pasaron a manos de Tango Energía), continúa bajo el control de Diego Trabucco y Javier Basso, los accionistas originales de Aconcagua. No obstante, aunque cumple con los requisitos técnicos para presentarse en la compulsa, su frágil situación financiera debilita sus chances. También resta saber si otras compañías con peso dentro del sector eléctrico, como por ejemplo Integra Energía, el holding que controla Edenor, estarán entre los oferentes.
Frente a ese escenario, a contramano de la expectativa inicial de edificar un proceso competitivo con más de 15 actores en pugna e incluso generando interés entre inversores internacionales, la licitación que marcará el destino por los próximos 30 años de las represas hidroeléctricas del Comahue, un pulmón estratégico para el sector energético, convocaría finalmente menos competencia que la prevista. Aún así, fuentes cercanas a la Secretaría de Energía indicaron que «se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos que se van a presentar alrededor de 10 ofertas. Las represas son activos superavitarios que generan mucho interés».
Represas del Comahue: mal timing
Según afirmaron varias fuentes relevadas por este medio, existió un pedido mayoritario de las empresas interesadas para que el gobierno postergue por 10 o 15 días la presentación de ofertas con el objetivo de despejar el escenario político una vez que se conozcan los resultados del próximo domingo. Sin embargo, la Agencia de Transformación, que está a cargo de definir los aspectos formales del proceso, hizo caso omiso al pedido.
La Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, diseñó el esquema contractual con el que se re-concesionarán las centrales del Comahue, pero la gestión administrativa de la licitación en sí misma depende del organismo que conduce Chaher, que reporta de manera directa de la Oficina del Presidente.
Desde una lectura básica, el planteo de los privados tiene asidero. “Es muy complejo decidir aspectos centrales de una licitación que involucra montos millonarios como ésta tres días una elección que se será determinante para el rumbo del gobierno”, indicó el gerente general de una compañía eléctrica. “La decisión de no postergar va a contramano de las buenas prácticas del mundo del M&A (fusiones y adquisiciones). Es imposible valuar activos y cerrar operaciones de este tipo en medio de una incertidumbre política como la actual”, razonó en la misma línea otro alto directivo del sector.
Aspectos críticos
Desde lo técnico, uno de los aspectos centrales del pliego licitatorio para re-privatizar las represas del Comahue establece que obligatoriamente las empresas interesadas en participar del concurso deben poseer experiencia en operar centrales hidroeléctricas de al menos 100 megawatt (MW) de potencia. El primer borrador del pliego que se filtró a mediados de año establecía ese número en 300 MW, pero finalmente se decidió flexibilizar ese antecedente y bajarlo a 100 MW para incentivar la participación. Entre los candidatos que siguen en carrera, sin embargo, el grupo Edison Energía fue el único que consiguió el aval técnico —es propietario de Cemsa, la sociedad que opera el dique Potrerillos de 181 MW— a partir de la reducción de esa barrera de entrada.
Otras generadoras sin trayectoria en el negocio hidroeléctrico, pero con una presencia relevante en el segmento térmico o de energías renovables, cuestionan además que el Ejecutivo haya fijado como condición necesaria para participar del concurso que las empresas o consorcios que se presenten estén integrados en un 25% de capital accionario por un operador de represas hidroeléctricas. Ese requisito complicó a varios players locales que apuntaban a participar rubricando un contrato de Operación y Mantenimiento (OyM) con alguna operadora de centrales hidroeléctricas, pero sin que esa firma comprometa equity (capital accionario) en el proyecto, como terminó exigiendo el pliego. Ese segundo requisito también atentó contra una mayor competencia en la licitación.
Así las cosas, habrá que esperar hasta este jueves para conocer qué empresas finalmente se presentan. Las propuestas deberán radicarse de forma digital bajo la plataforma Contrat.Ar, el portal de compras del Estado que creó la Oficina Nacional de Contrataciones, que dirige María Soledad Vallejos. Es la primera vez que una licitación de activos energéticos —que podría involucrar ofertas por hasta 700 u 800 millones de dólares— se resuelve informáticamente y no a través de ofertas físicas por escrito en sobres lacrados como funcionó históricamente. Una particularidad más de una licitación que seguramente dejará hilo por cortar.
