Las cámaras de la industria de biodiesel que agrupan a las 25 plantas productoras del país paralizaron la producción para el mercado interno y alertaron que en septiembre habrá escasez del producto que se elabora a base de aceite de soja. Las pymes que operan en Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe solo podrán entregar una ínfima parte del cupo que tienen asignado. Denunciaron que el Poder Ejecutivo fijó precios de comercialización por debajo de los costos de producción.

La ley 27.640 regula al sector de los biocombustibles en el país y tiene vigencia hasta 2030. Establece cupos y precios para el biodiesel y el bioetanol (elaborado a base de maíz y de caña de azúcar) que son de adquisición obligatoria para las refinadoras. El biodiesel se mezcla con el gasoil en un 7,5% y el bioetanol se mezcla con las naftas en un 12% (6% para el etanol maicero y 6% para el cañero).

Precios

“La crisis, que ya lleva 15 meses, es producto del atraso de precios forzado por la Secretaría de Energía que fija precios de comercialización que ni siquiera cubren los costos de elaboración del biocombustible”, expresó en un comunicado la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

Y agregó que “mientras que el poder ejecutivo estableció un precio de $ 1.408.687 por tonelada, el costo de fabricar esa misma tonelada es de $ 1.641.000 y el precio de comercialización, según la normativa, debería ser de $ 1.691.000, contemplando un 3% de rentabilidad sobre costos”. La Cepreb representa a las plantas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos.

En la misma línea se manifestaron CASFER (Cámara Santafesina de Energías Renovables) y CAPBA (Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados), que representan a las elaboradoras de la provincia de Santa Fe.

CEPREB informó que le notificaron a la cartera energética que “el desfasaje entre el precio publicado en el mes de agosto de $1.354.507 y el precio que arroja la fórmula de $1.690.000 es de tal magnitud que la mayoría de las pymes no podrán cumplir con el cupo asignado, lo que pone en peligro el abastecimiento de diésel para el consumo de los argentinos”.

Secretaría

La entidad apuntó directamente contra al secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, “quien ha señalado en reiteradas oportunidades que los aumentos no se efectuarán de acuerdo a la ley vigente sino de acuerdo a los objetivos macroeconómicos”.

Sobre ello la nota enviada a las autoridades de Energía aclara: “hemos probado en reiterados documentos técnicos presentados en la Secretaría de Energía y ante el secretario coordinador que no ha sido el biodiesel el responsable de las distorsiones de precio del diésel en el pico de surtidor, sino que ha sido el propio Estado, en connivencia con las compañías refinadoras y expendedoras, el que al liberar el precio de comercialización de combustibles líquidos propició una suba vertical del precio de los mismos que recayó sobre los consumidores”.

Las pymes destacaron que “resulta inaceptable que con el argumento de reducir el impacto en el surtidor la Secretaría de Energía condene a la parálisis a un sector fundamental para las economías regionales, más aún cuando la actualización del precio de biodiesel de acuerdo a la resolución 963/2023 tendría un impacto de $19 por litro y podría ser absorbido por las compañías refinadoras que han aplicado aumentos significativos por encima de los aumentos otorgados a los biocombustibles en general y al biodiesel en particular”.

La CEPREB subrayó que “tanto el aceite de soja como el diésel en el surtidor tienen el precio liberado y se mueve al alza con cada variación en el tipo de cambio, mientras que se atrasa artificialmente el precio del biodiesel hasta obligar a las plantas a parar”. “Este tratamiento que se nos propina resulta claramente violatorio al principio de igualdad y rompe la seguridad jurídica de quienes invirtieron e invierten bajo la legislación argentina. También vulnera, al obligarnos a operar en quebranto durante 14 meses consecutivos, el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional”, concluyó la entidad.