Aranguren: “Hoy el 60% de la producción de gas y petróleo viene de Vaca Muerta. Y vamos hacia un 80%, ya que para 2026 YPF no tendrá ninguna explotación convencional. Esto, que puede lucir conveniente, tiene sus riesgos. Estamos hipotecando el futuro en aras del presente”

Carbajales: “Más allá de cumplir con sus compromisos de interés público, todas las empresas del Estado deberían seguir un modelo corporativo. YPF lo hace, pero otras empresas no. Este Gobierno parece priorizar su eficiencia para después ponerlas en venta”

Arceo: “La primera etapa del Régimen de Zona Fría tuvo lógica, ya que la Patagonia necesitaba una tarifa diferencial. Su ampliación al sur de Santa Fe, Mendoza y buena parte de la provincia de Buenos Aires, en cambio, terminó incluyendo a la zona con el PBI per cápita más alto de la Argentina”

Gadano: “Así como en una época el kirchnerismo decía ‘con Cristina no alcanza y sin ella no se puede’, algo similar sucede con la generación nuclear. Sólo con la energía nucleoeléctrica no es posible abastecer el sistema, pero prescindiendo de ella tampoco”

Dos grandes temas de la actualidad energética monopolizaron la discusión en el segundo episodio de la nueva temporada de Dínamo, emisión protagonizada por el ex ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren; el director de Economía y Energía, Nicolás Arceo; el ex subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano y el presidente de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales.

Por un lado, los expertos analizaron cuánto se avanzó realmente y cuánto queda por avanzar en torno a la normalización de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, lo cual a su vez encendió el debate sobre el cumplimiento de las normas. Por otro, detallaron qué está sucediendo en estos momentos y cuáles son los planes de acción del Gobierno en el candente ámbito de la generación nucleoeléctrica.

Proceso incompleto

El proceso de normalización tarifaria que vive la Argentina de Javier Milei, según los analistas, se encuentra lejos de culminar. “Es cierto que el sector eléctrico cerró 2023 con una cobertura de los costos del 47% y que en 2024 se llegó al 63%, pero esos porcentajes son un promedio general. Dentro del segmento residencial, de hecho, la cobertura durante el año pasado fue de un 85% en los hogares N1, pero de un 21% en N2 y de un 29% en N3”, puntualizó Aranguren, para quien no puede soslayarse la incidencia de la evolución del tipo de cambio y la dificultad de subir las tarifas en un año electoral, entre otros factores.

Es notable, coincidió Arceo, que la gradual recomposición del nivel de cobertura de los costos no haya generado tanta resistencia política por parte de la población. “Esto obedeció, centralmente, al abaratamiento relativo de la energía en la economía local como consecuencia de la apreciación del tipo de cambio”, argumentó el analista, quien remarcó la importancia de sostener la sustentabilidad económica y social de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) en el mediano y largo plazo.

Suerte climática

Al analizar los masivos cortes de luz que provocó la última ola de calor, Aranguren expresó que la actual administración tuvo bastante suerte en materia climática. “Recién llegando a los últimos días de febrero y principios marzo se registró un incidente grave. Normalmente los problemas suceden en el período que va entre las fiestas y el inicio de febrero”, afirmó.

Sin profundizar sobre los motivos técnicos por los cuales salieron de servicio dos líneas de alta tensión en forma simultánea, el ex ministro de Energía sostuvo que en tanto se respeten los marcos regulatorios siempre habrá culpas concurrentes. “Parte de la responsabilidad es de la empresa distribuidora que tiene una justificación y parte es del Estado que tiene otra. La Argentina necesita muchos años de cumplir con la ley”, concluyó.

Conflicto de intereses

En cuanto al cumplimiento de lo normativo, Carbajales puso la mira en la nueva estrategia corporativa de YPF. “Que la empresa, como sociedad anónima comercial, decida orientarse a una mayor rentabilidad y focalizarse en Vaca Muerta es un giro copernicano para nuestro país. Es mucho más fuerte en materia energética que la propia Ley Bases. Seguramente las acciones de YPF cotizarán mejor y la rentabilidad crecerá. Ahora bien, ¿qué bajada de línea debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer la Secretaría de Energía?”, se preguntó.

El Plan Andes, graficó, es un claro ejemplo de este conflicto de intereses. “Para YPF puede ser genial desprenderse de activos que no son tan rentables, pero esto no es necesariamente bueno para todo el país. Ambas visiones no pueden estar desacopladas. No lo digo yo, lo dice la ley vigente”, resaltó.

Lo que le corresponde a YPF, intervino Aranguren, es defender el interés de todos sus accionistas, no sólo el de su accionista mayoritario. “Si el Estado hubiera querido hacer algo distinto al Plan 4×4, tendría que haber instaurado otro modelo societario”, afirmó. No obstante, admitió, es posible dudar de cuán rentable resultará concentrar el negocio “en un sólo lugar, con un único gobernador y un único líder gremial”.

Optimismo nuclear

Consultado sobre los planes estratégicos de Milei en cuanto a la reactivación de la industria nuclear, Gadano admitió tener una mirada optimista. “Al proyectar la expansión de la demanda eléctrica que se viene, el Gobierno le pide al sector que sea competitivo y que brinde soluciones que no requieran 10 años de desarrollo. Entonces piensa en el abastecimiento de los data centers de Inteligencia Artificial (IA) generativa, que implican millones de operaciones computacionales por segundo, y se pregunta qué tenemos para ofrecerle al mercado internacional”, señaló.

En comparación con un competidor nato como Canadá, subrayó, el país no sólo cuenta con una vasta trayectoria sectorial y temperaturas frías, sino que también posee ventajas adicionales ligadas a una ingeniería nuclear barata y de clase mundial, con una razonable cadena de suministro, y con un ente regulador solvente y prestigioso: la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). “La Argentina es, en definitiva, un mercado tentador”, resumió.

Para finalizar, el especialista mostró reparos para con la intención del gobernador chubutense Ignacio Torres de solicitar la reversión de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio del país. “El Código Minero es muy claro al respecto: la provincia no puede pedir la propiedad de un activo salvo que se detecte un incumplimiento. En ese sentido, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está haciendo las cosas bien, buscando un socio para activar el proyecto. El Gobierno de Chubut debería respetar las reglas de juego para no ahuyentar a la inversión”, sentenció.