“Es la segunda vez que nos mienten. La primera fue en mayo cuando suspendieron la aplicación de la fórmula polinómica que el propio gobierno había definido a fines de marzo con el argumento de que retroalimentaba la aceleración de precios porque tomaba como parámetros la inflación pasada. Esta es la segunda porque Economía se había comprometido a través de una comunicación interna a poner en marcha la actualización mensual de las tarifas a partir del 1º de julio”, reconstruyó este domingo, bajo reserva de nombre, un importante ejecutivo de una empresa gasífera consultado por EconoJournal. El directivo hacía referencia a la Nota Nº 55157036 enviada el 27 de mayo por Luis ‘Toto’ Caputo, titular del Palacio de Hacienda, a Eduardo Rodríguez Chirillo, mediante la cual instruye al secretario de Energía a aplicar una indexación de las tarifas a partir de este lunes, algo que finalmente no ocurrió.
La misiva —que no se publicó en el Boletín Oficial porque al ser una ‘nota’ no existe obligatoriedad formal de publicarla como sí sucede con las resoluciones y decreto- incluso establece que la actualización de las tarifas de gas y electricidad se aplicaría en base a la inflación proyectada y que se netearía una vez que se realice la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que el Ejecutivo pretende llevar adelante durante el segundo semestre del año, según el cronograma fijado por los entes reguladores del gas (Enargas) y electricidad (Enre).
Fuentes cercanas a Caputo relativizan el alcance de esa instrucción. “No hay una fórmula de actualización definida. Iba a haber una, pero no terminó de implementarse, con lo cual no estamos incumpliendo nada. No está diseñada aún”, explicaron voceros del Palacio de Hacienda ante la consulta de este medio.
Lo concreto es que más allá de las idas y vueltas, la indexación mensual de las tarifas se convirtió en un problema hasta ahora sin solución para el Ministerio de Economía que expone la diferencia de criterios existente con Rodríguez Chirillo. En retrospectiva, el secretario de Energía parece haberse apurado en instrumentar, sin la validación definitiva de Economía, un Índice del Gas —que en rigor el Enargas venía discutiendo con las empresas desde fines del gobierno anterior— para indexar de forma automática el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el margen de transporte que perciben las empresas reguladas de los sectores de gas y electricidad.
Tal vez no son diferencias de fondo, pero sí de timing e implementación. No es el único caso que grafica ese contrapunto. En febrero, Rodríguez Chirillo provocó una especie de cismo en la industria eléctrica al amagar con reestructurar el sector forzando con una resolución la transferencia de los contratos en dólares firmados con generadoras que están en cabeza de Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), hacia una centena de distribuidoras, muchas de ellas de dudosa performance crediticia.
La normativa nunca llegó a publicarse, pero la intentona del secretario —apuntalada por una alta dosis de dogmatismo— fue la génesis que derivó en la crisis que en marzo enfrentó a Caputo con las empresas generadoras por la quita (haircut) que aplicó Economía sobre una deuda del Estado con los privados.
Hay que pasar el invierno
La dilación en instrumentar la actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad —en la conferencia de prensa que ofreció el viernes pasado, Caputo dejó entrever que el tema recién se retomará cuando pase el invierno, el momento estacional del año de mayor consumo energético de los hogares— es un problema por una razón evidente: implica para un gobierno que se define como pro-empresa y de libre mercado incumplirle a los privados una promesa formulada por escrito bajo la administración de Javier Milei.
Además, tiene un agravante: fuera de micrófono, muchos directivos de empresas reguladas admiten que no había necesidad de apurar la puesta en marcha de la actualización automática de las tarifas. “La verdad es que nos terminaron autorizando una suba de tarifas más alta de la que creíamos que íbamos a recibir. Había margen para esperar algunos meses y pensar mejor cómo aplicar la actualización”, admitió el gerente general de una compañía regulada que se enteró por los medios que Economía postergaría la puesta en marcha de la actualización. “Lo que más ruido hace no es que no nos den el aumento por inflación, sino que incumplan una medida que ellos mismos (por este gobierno) escribieron. Afecta la confianza”, agregó.
A fines de la semana pasada, varios ejecutivos intentaron comunicarse con Rodríguez Chirillo para obtener alguna precisión oficial sobre la nueva postergación. Pero el secretario de Energía se encontraba en España atendiendo un asunto de índole personal (regresó al país durante el fin de semana). Tampoco los entes reguladores ofrecieron una explicación para justificar la medida.
