Este miércoles vence el plazo perentorio de cinco días que el gobierno otorgó a empresas petroleras y generadoras de energía para que informen si aceptan la oferta de reestructuración de la deuda millonaria que acumuló el Estado durante el primer cuatrimestre del año al no pagar los costos de producción de electricidad y gas natural. Así lo establece el texto de la resolución 58 de la Secretaría de Energía, publicada el martes de la semana pasada.
La situación tiene en vilo a los máximos referentes privados del sector energético, que a horas de que venza el ultimátum que fijó el Ministerio de Economía mantienen el interrogante acerca de si validarán las condiciones de renegociación que puso sobre la mesa el Ejecutivo.
EconoJournal pudo confirmar que ayer existió una reunión privada entre los máximos directivos de empresas productoras de gas y generadoras eléctricas —incluso asistieron los accionistas de compañías locales— para intentar fijar una posición común frente al tema. Del encuentro participaron representantes de grandes empresas argentinas que aún no suscribieron el acuerdo redactado por el Palacio de Hacienda, como Pampa Energía, Tecpetrol, CGC, Central Puerto y MSU Energy, entre otras.
Según pudo relevar este medio de fuentes privadas a última hora del martes, la mayoría de las empresas (entre las que se incluye también a firmas multinacionales como TotalEnergies, Wintershall Dea y la norteamericana AES) no está dispuesta a aceptar los términos propuestos por Economía, que para las generadoras prevén una quita del 50% del capital que está en juego, que ronda los US$ 1200 millones.
Para las petroleras que tienen acreencias acumuladas bajo el paraguas del Plan Gas, el programa que contractualiza la producción y comercialización de la mayor parte del gas que se extrae en la Argentina, el recorte es todavía más grande y supera al 70 por ciento. Por eso, algunas petroleras que ya firmaron el acuerdo de reestructuración por las acreencias a su favor por la provisión de gas a Cammesa, la compañía mixta que se encarga del despacho de energía eléctrica, que es controlada por el gobierno, no están dispuestas a aceptar la propuesta referida a la renegociación de la deuda del Plan Gas.
La oferta de Economía
En rigor, la oferta diseñada por Economía prevé, para el caso de las generadoras, que los privados que presten conformidad reciban un bono en dólares AE38 (que cotiza un 50% bajo la par) por la deuda de Cammesa correspondiente a las transacciones de diciembre y enero (pagadera en febrero y marzo respectivamente), mientras que la deuda referida a la transacción de febrero (que se liquida en abril) se pagarán en pesos con fondos que ya están depositados en la cuenta de compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Para el caso de la deuda que acumuló el Estado por no pagar el Plan Gas, la quita (haircut) es mayor porque implica que las petroleras acepten el bono AE38 por las deudas de todo el trimestre (diciembre-enero-febrero). “Por eso, el recorte termina siendo superior al 70% del capital adeudado”, explicó un alto directivo de una petrolera que estaba al tanto de la reunión de ayer.
“Además, la propuesta del Ejecutivo no incluye la cancelación de los pagos definitivos del Plan Gas que dejó pendientes el gobierno anterior (el programa contempla un pago provisorio por el 85% del gas entregado por las productoras un mes después de que el fluido se inyecta en el sistema y un pago definitivo por 15% restante una vez que se auditan bien los volúmenes de producción). En algunos casos nos deben fondos desde 2022 y durante todo 2023”, agregó.
Más allá de lo cuantitativo, las empresas miden cuánto incidiría a futuro validar la propuesta del gobierno. En los hechos, implicaría aceptar una medida que no tiene antecedentes en el pasado. También hacerlo, además, en forma obligada por una resolución de la Secretaría de Energía y no por un acuerdo voluntario con el Ejecutivo. “Imaginate el antecedente que dejaríamos a futuro. Si un gobierno liberal como el de (Javier) Milei nos aplica una quita del 50%, qué se animarían a hacer gobiernos más estatistas si en unos años cambia el signo político”, se sinceró el gerente general de una empresa.
Aún así, ninguna de las fuentes consultadas por este medio se animó a asegurar que hacia el final del miércoles no existirá algún tipo de acuerdo con el gobierno. “Es un escenario dinámico que puede cambiar de un momento a otro. La vocación de los privados fue siempre buscar una alternativa”, concluyeron desde una generadora eléctrica. Economía espera que algunas empresas privadas – tanto generadoras como productoras- sigan firmando a lo largo del día de hoy la propuesta oficial.
