El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmó la semana pasada con Jorge “Loma” Ávila, titular del sindicato de Petroleros Privados de Chubut, un acuerdo que autoriza a la petrolera bajo control estatal a bajar sensiblemente desde abril la actividad en las áreas convencionales que pretende transferir a operadoras independientes o compañías regionales que puedan poner foco en ese tipo de yacimientos maduros.

La compañía terminará de analizar esta semana y la que viene las valuaciones —algunas realizadas por bancos internacionales— de los 55 activos de los que prevé desprenderse. La intención es incluir la mayoría en el Data Room definitivo que se conocerá a más tardar a principios de abril. Sólo unos pocos bloques serán revertidos en forma directa a las provincias porque su potencial remanente es muy bajo. YPF quiere que el proceso esté liderado por un banco de primera línea ya sea local o internacional, comentaron a EconoJournal fuentes cercanas a la operación.

El entendimiento de Chubut con el gremio contempla que YPF se haga cargo del 80% de los salarios de unos 1200 trabajadores petroleros que prestan tareas en los campos que cederá YPF, entre los que figuran Campamento Central, El Trébol y Restinga Alí, entre otros. Como YPF dejará de perforar en esos bloques —y también paralizará la actividad de varios equipos de pulling y workover—, los operarios se mantendrán en sus casas durante los próximos 90 o 120 días, período en el que YPF espera haber concluido el proceso de venta y reversión de activos secundarios.

Ecos del acuerdo

El acuerdo con Ávila generó cierto malestar en el universo sindical. Hasta el viernes, el sindicato de Camioneros de Chubut, que responde a Jorge Taboada, un dirigente que tiene juego político propio en el Golfo San Jorge, no estaba dispuesto a replicar una iniciativa de esas características. Tampoco Julián Matamala, titular del gremio petrolero de Mendoza, dio el visto bueno para avanzar con un entendimiento de esas características aplicable a los trabajadores petroleros de los campos ubicados en el norte de la provincia cuyana, de donde YPF pretende retirarse.

La clave es qué sucederá en Santa Cruz, donde la petrolera que preside Marín opera sobre un universo de más de 4000 trabajadores si se incluye a Los Perales, a priori, el único bloque que YPF quiere conservar. Rafael Guenchenen, delfín del gobernador Claudio Vidal, que heredó el control del sindicato petrolero de Santa Cruz, no está de acuerdo con replicar las condiciones que aceptó Ávila, según indicaron fuentes sindicales a EconoJournal. En particular, no quiere que YPF baje el nivel de actividad en la provincia mientras se extiende el proceso de venta.

Ordenada

YPF impulsa una agenda de acuerdos políticos para viabilizar una salida ordenada de yacimientos convencionales en todo el país. Con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, existen gestiones avanzadas para que la provincia no objete ni complique la cesión de áreas convencionales a operadoras más chicas como Capsa-Capex, un jugador importante en la provincia (es una de las empresas con mayor desarrollo en técnicas de explotación secundaria y terciaria con polímeros) y otros jugadores más novedosos como el Grupo Neuss, muy cercano al mandatario chubutense, que tendría interés en operar el bloque Restinga Alí.

Para viabilizar el retiro de YPF, Torres pidió a la petrolera bajo control estatal fondos para llevar adelante una serie de obras de infraestructura en Chubut como el tendido de un acueducto en Comodoro Rivadavia, una obra más que necesaria para terminar con los recurrentes problemas de acceso al agua potable que afectan desde hace años al ejido urbano, y la construcción de una ruta de circunvalación por los yacimientos emplazados en la periferia de la ciudad, entre otros proyectos.

Existiría voluntad de YPF de avalar ese planteo. El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, que en un primer momento fue crítico de la intención de YPF de bajar su inversión en la cuenca del Golfo e incluso redactó un proyecto de Ley para que obligaba a la empresa a remediar los pasivos ambientales que provocó en Comodoro, también mantiene conversaciones con la petrolera con la intención de negociar alguna especie de compensación para la ciudad.

El objetivo de YPF es garantizar una transición ordenada que contemple los intereses empresarios, sindicales y políticas. En esa clave, para la próxima semana está previsto realizar reuniones con empresas de servicios del Golfo San Jorge para contemplar sus necesidades e intentar que el entramado de proveedores locales no sea vea perjudicado durante el plazo que lleve la venta de las áreas maduras. Es que si bien la petrolera controlada por el Estado está dispuesta a cubrir la mayor parte del salario de los trabajadores enrolados en esos bloques, las compañías de servicios no podrán certificar tareas mientras dure la negociación por el cesión/reversión de los bloques.

Esa situación podrá en jaque a las finanzas de los contratistas, que dejarán de percibir fondos para cubrir gastos de estructura y administración de sus organizaciones (overhead), préstamos bancarios, amortizaciones y cuotas de equipamiento recientemente adquirido y compromisos impositivos con la AFIP. Por eso, los proveedores esperan que YPF ofrezca algún esquema de contención. La respuesta llegará en las próximas semanas cuando la petrolera defina qué banco estará a cargo en lo formal del proceso de venta de las 55 áreas que quiere traspasar.