El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este miércoles la convocatoria a la audiencia pública para el próximo 26 de enero con el objetivo de adecuar de modo transitorio las tarifas de Edenor y Edesur. Lo que se busca es que las empresas recompongan sus ingresos para garantizar la operación del servicio y hacer frente a sus compromisos. Fuentes cercanas a las compañías aseguraron a EconoJournal que pedirán una recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) del orden del 300%. Como el VAD representa casi el 40% del valor de la tarifa, ese ajuste le pondrá un piso del 120% al aumento de las facturas, sin contabilizar la suba del precio mayorista de la energía.

La ecuación tarifaria de las empresas concesionarias del servicio de distribución eléctrica se compone de dos términos: el primero refleja sus costos exógenos, es decir, los precios a los que compran energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista y los costos asociados de transporte, y el segundo refleja sus propios costos o Valor Agregado de Distribución. En la audiencia convocada para el próximo viernes 26 de enero a las 8:30 horas, la cual será virtual, fue convocada para analizar un ajuste en el VAD de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras eléctricas del país y las únicas que permanecen bajo competencia nacional, lo que habilita la intervención del ENRE.  

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no es una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino la definición de una tarifa de transición. Por eso se puede llamar a la audiencia con sólo 20 días de anticipación, pues una RTI demanda al menos 9 meses de trabajo. Al no ser una RTI no se va a discutir un plan de inversiones sino solo garantizarles a las empresas capacidad de pago”, señaló a EconoJournal un ex funcionario conocedor de este tipo de instancias.

La última actualización del VAD se negoció en febrero de 2023 y se aplicó de modo desdoblado entre abril y junio. Por lo tanto, la actualización del VAD deberá contemplar la evolución de los costos desde febrero del año pasado. A su vez, las empresas afirman que el atraso es mayor porque en 2020, 2021 y 2022 la actualización de sus ingresos estuvo muy por debajo de cómo fueron creciendo sus costos.

Como consecuencia de esa desactualización tarifaria, tanto Edenor como Edesur se atrasaron con el pago de la energía que les provee CAMMESA. En diciembre abonaron solo el 45% de sus respectivas facturas. Por lo tanto, el objetivo prioritario es que regularicen esos pagos.

Lo que seguramente también se va a discutir en la audiencia pública es una cláusula de ajuste para que el monto percibido no se desactualice rápidamente frente a una inflación que en la actualidad corre nada menos que al 30% mensual. “El llamado este no contempla ajustes a futuro. Espero que el tema surja en la audiencia y se incorpore porque si no las distribuidoras terminan pidiendo una recomposición que las cubra frente a la inflación futura. La consecuencia de eso es que el usuario en febrero o marzo va a pagar mucho más de lo que tendría que pagar si en lugar de hacer eso se discutiera alguna cláusula de ajuste”, agregó un ex funcionario consultado por este portal. Desde el sector privado confirmaron a su vez que está previsto discutir esa cláusula de ajuste, algo similar a lo que el gobierno tiene previsto aplicar en el caso del gas natural.   

La RTI pendiente

Lo que quedará pendiente para más adelante es la realización de la RTI para ahí si definir el plan de inversiones destinado a modernizar y expandir la red de distribución. El gobierno de Alberto Fernández se había comprometido a realizar una RTI, pero nunca la concretó.

En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el artículo 5 de ese texto se autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de Revisión Tarifaria Integral. 

En diciembre de 2020 se determinó a través del decreto 1020/20 el inicio de la renegociación de la RTI, fijándose un plazo de 2 años para concluir ese proceso. Durante esos dos años, los interventores de los entes reguladores no evidenciaron ningún avance. En diciembre de 2022, el gobierno nacional prorrogó por un año más el plazo para consensuar con las empresas de gas y electricidad una nueva RTI, aunque tampoco se hizo nada.

El Enargas primero estuvo a cargo Federico Bernal, quien a mediados de 2022 fue reemplazado por Osvaldo Pitrau, mientras que en el ENRE asumió inicialmente Federico Basualdo, luego fue reemplazado por María Soledad Manín y en la última etapa quedó al frente Walter Martello.